El debate por la propiedad de la tierra que atravesó al Congreso durante las últimas semanas terminó con un revés para el Gobierno de Javier Milei. El Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el oficialismo tuvo que retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, después de no conseguir los votos necesarios para avanzar con su modificación.

El Gobierno había intentado eliminar el límite vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y, posteriormente, propuso elevarlo del 15% al 25%. Finalmente, el capítulo fue retirado antes de la votación.

Pero mientras esa discusión quedó atrás, los conflictos por la tierra continúan en distintos puntos del país.

En Salta, Jujuy, Misiones y Neuquén, comunidades originarias enfrentan situaciones diferentes, pero con un elemento en común: disputas por territorios que consideran ancestrales y cuestionamientos a decisiones administrativas, judiciales o productivas que ponen en riesgo su permanencia en ellos.

Salta: desmontes sobre territorio wichí

En el norte de Salta, la comunidad wichí Lapacho 2, ubicada a pocos kilómetros de Tartagal, denunció nuevamente el avance de desmontes sobre tierras que utiliza ancestralmente.

El referente comunitario Marcelino Pérez señaló a la empresa Desdelsur S.A. como responsable de los trabajos. La compañía, dedicada a actividades agropecuarias y ganaderas, desarrolla sus operaciones en el departamento San Martín.

Para la comunidad, el problema no se limita a la pérdida de árboles.

El monte chaqueño constituye una fuente fundamental de alimentos y recursos. El chañar, el mistol y el algarrobo forman parte de la alimentación tradicional, mientras que distintas especies son utilizadas con fines medicinales.

También se encuentra el chaguar, una planta cuya fibra es utilizada por las comunidades para fabricar artesanías.

Por eso, cada hectárea desmontada representa para los wichís la pérdida de recursos necesarios para sostener su alimentación, su economía y sus prácticas culturales.

El conflicto se desarrolla en una región donde la expansión de la frontera agropecuaria transformó grandes extensiones del Chaco salteño, generando durante años disputas por desmontes, bosques nativos y territorios indígenas.

Jujuy: un desalojo basado, según la comunidad, en un plano incorrecto

En Humahuaca, Jujuy, la situación tomó otra dimensión.

El 10 de agosto, la Comunidad Indígena Santa Rosa enfrentó un intento de desalojo ordenado por la Justicia provincial. La medida fue dispuesta por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón.

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La comunidad sostiene que la orden judicial se basa en el plano N.º 0809, aprobado por la Dirección de Inmuebles de Jujuy, y denuncia que ese plano contiene errores en la delimitación del territorio.

La presidenta de la comunidad, Yolanda Soruco, explicó que el conflicto involucra a una familia que también pertenece a la comunidad y que reclama derechos sobre una porción del territorio.

Según el planteo de los comuneros, el plano aprobado incorpora dentro de una propiedad particular una superficie que históricamente forma parte del territorio comunitario.

El dato más cuestionado es que, de acuerdo con la comunidad, la propia Dirección de Catastro habría reconocido el error y solicitado que se corrigiera la situación. Sin embargo, el conflicto administrativo no fue resuelto y la Justicia avanzó igualmente con el desalojo.

La comunidad también cuestionó que no se hubiera realizado la consulta previa, libre e informada correspondiente frente a una decisión que afecta un territorio indígena.

Durante el operativo hubo una fuerte presencia policial, con efectivos, bomberos y personal municipal. Integrantes de la comunidad denunciaron un despliegue desproporcionado y episodios de violencia y represión, mientras que distintas comunidades originarias de Jujuy se movilizaron para respaldar a Santa Rosa.

El conflicto afecta directamente a las familias que viven dentro del territorio comunitario, incluyendo niños, adultos mayores y trabajadores.

Para Santa Rosa, el problema no es una simple disputa entre particulares: sostienen que se trata de un territorio comunitario reconocido y que una diferencia en la documentación catastral no puede utilizarse para avanzar sobre él.

Misiones: una comunidad mbya fue desalojada

En Misiones, el conflicto llegó todavía más lejos.

El 28 de julio, más de 50 efectivos de la Policía provincial ingresaron a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, ubicada en el paraje Cañafístola, dentro del municipio de Garuhapé.

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El procedimiento tuvo como objetivo ejecutar una orden judicial de desalojo dictada por el juez Roberto Antonio Sena, a partir de un reclamo presentado por el empresario forestal Alfredo Ruff.

La comunidad fue expulsada del territorio que considera parte de su ocupación tradicional.

El desalojo generó cuestionamientos debido a que los integrantes de Puente Quemado 2 sostienen que el territorio había sido incluido en el relevamiento territorial indígena realizado por el Estado nacional.

La abogada Roxana Rivas, integrante del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen, cuestionó el procedimiento y reclamó que el Estado intervenga para garantizar los derechos de la comunidad.

El caso vuelve a poner en discusión qué ocurre cuando una comunidad indígena afirma tener derechos ancestrales sobre un territorio y, al mismo tiempo, existen títulos o reclamos de particulares sobre esas mismas tierras.

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Neuquén: comunidades mapuches frente a nuevos procesos de desalojo

En Neuquén, los conflictos territoriales también volvieron a ocupar el centro de la escena.

Neuquén: desalojan a las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo

Las comunidades mapuches Lof Melo y Lof Kinxikew (Quintriqueo), ubicadas en las cercanías de Villa La Angostura, enfrentan desde hace años disputas por los territorios que reivindican como propios.

Ambas comunidades realizaron reafirmaciones territoriales desde 2011 y cuestionan decisiones que consideran parte de un proceso de avance sobre tierras indígenas.

Durante agosto, la situación volvió a tensarse ante nuevas acciones judiciales vinculadas con los territorios.

Pero el caso más relevante es el de la comunidad Lof Paichil Antriao, también ubicada en Villa La Angostura.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó el avance de un proceso de desalojo que involucra a la comunidad, en un conflicto donde se enfrentan diferentes reclamos sobre la posesión y propiedad de las tierras.

La disputa tiene especial importancia por la ubicación del territorio: Villa La Angostura es uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia, por lo que las tierras tienen además un enorme valor inmobiliario.

Para las comunidades mapuches, el conflicto no puede resolverse únicamente a partir de títulos de propiedad, porque consideran que existe una ocupación ancestral que debe ser reconocida.

Cuatro provincias, un mismo problema

Los casos de Salta, Jujuy, Misiones y Neuquén no son idénticos.

En Salta, el conflicto está relacionado con desmontes y expansión agropecuaria.

En Jujuy, una comunidad enfrenta un proceso de desalojo que cuestiona por estar basado en una delimitación territorial presuntamente errónea.

En Misiones, una comunidad mbya ya fue desalojada por orden judicial.

Y en Neuquén, comunidades mapuches enfrentan nuevos procesos y amenazas de desalojo en territorios de enorme valor económico e inmobiliario.

Pero todos tienen un punto de contacto: la disputa sobre quién tiene derecho a ocupar, utilizar y decidir sobre determinados territorios.

La Constitución Nacional reconoce en su artículo 75 inciso 17 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y establece el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Sin embargo, estos conflictos muestran que entre el reconocimiento constitucional y su aplicación concreta existe todavía una enorme distancia.

La cuestión ambiental detrás de la disputa territorial

La discusión tampoco es solamente jurídica.

Cuando una comunidad pierde el control de su territorio, también puede perder el acceso a bosques, agua, alimentos, plantas medicinales y otros recursos naturales fundamentales para su vida cotidiana.

En Salta, la defensa territorial está directamente relacionada con la protección del monte chaqueño.

En Misiones, con la conservación de los ambientes donde históricamente desarrollaron su vida las comunidades mbya.

En Neuquén, con territorios cordilleranos sometidos además a una fuerte presión turística e inmobiliaria.

Y en Jujuy, con la defensa de un territorio comunitario que sus habitantes sostienen que fue delimitado incorrectamente por organismos estatales.

Por eso, la cuestión indígena también es una cuestión ambiental.

Defender el territorio significa, para estas comunidades, defender el ambiente del que depende su propia supervivencia.

La discusión sobre las tierras no terminó en el Congreso

El 6 de agosto, el Senado terminó retirando el capítulo de Tierras Rurales que el Gobierno había intentado modificar.

El oficialismo no consiguió avanzar con su propuesta de flexibilizar las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros.

Pero el resultado legislativo no resolvió los conflictos que existen dentro de los territorios provinciales.

Mientras en el Congreso se discutía cuánto territorio podía quedar en manos extranjeras, en Salta una comunidad wichí denunciaba desmontes; en Jujuy una comunidad resistía un desalojo; en Misiones una comunidad mbya ya había sido expulsada de su territorio; y en Neuquén comunidades mapuches enfrentaban nuevos procesos judiciales.

La discusión sobre la tierra, entonces, es mucho más amplia que la nacionalidad de quien figura como propietario.

También implica responder una pregunta que sigue sin resolverse para miles de familias indígenas:

¿qué sucede con los territorios que los pueblos originarios habitan desde generaciones cuando aparecen títulos, catastros, emprendimientos productivos o decisiones judiciales que desconocen —o ponen en discusión— esa ocupación ancestral?

El debate parlamentario terminó, pero en los territorios la disputa continúa.