La Política Ambiental
La histórica disputa limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a instalarse en el centro de la escena política nacional. El gobierno encabezado por Ricardo Quintela confirmó que prepara una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar una porción del territorio cordillerano que actualmente pertenece a San Juan, pero que La Rioja considera propio desde hace décadas.
El conflicto dejó de ser únicamente una discusión sobre límites provinciales. La zona en disputa concentra algunos de los mayores proyectos de exploración de cobre y oro del país, minerales considerados estratégicos a nivel mundial por su utilización en energías renovables, electromovilidad y nuevas tecnologías. La definición de la frontera no solo determinará cuestiones administrativas, sino también quién tendrá derecho a percibir regalías, impuestos y futuras inversiones por miles de millones de dólares.
La controversia tiene su origen en 1968, cuando durante la dictadura de Juan Carlos Onganía se dictó el Decreto-Ley Nº 18.004, que redefinió el límite entre ambas provincias otorgándole a San Juan una importante superficie cordillerana que hasta entonces era reclamada por La Rioja.
Durante décadas el conflicto permaneció prácticamente sin avances judiciales, aunque nunca fue abandonado por las autoridades riojanas.
La situación volvió a tensarse cuando el Congreso Nacional ratificó esos límites mediante una ley sancionada en 2014, decisión que San Juan considera definitiva y plenamente vigente.
Sin embargo, La Rioja sostiene que aquella delimitación nunca resolvió el conflicto de fondo y que el territorio fue incorporado a San Juan mediante una norma dictada por un gobierno de facto, motivo por el cual considera que corresponde una revisión judicial.
Durante muchos años la discusión permaneció en un segundo plano.
Pero el escenario cambió radicalmente con el crecimiento de la minería metalífera en la Cordillera de los Andes.
La región en disputa forma parte de una de las zonas con mayor potencial geológico de Argentina y se encuentra próxima al Distrito Vicuña, donde se ubican algunos de los descubrimientos de cobre más importantes realizados en las últimas décadas.
Empresas internacionales como BHP y Lundin Mining desarrollan allí proyectos de exploración y explotación que podrían convertir a la región en uno de los mayores polos cupríferos del continente.
Las inversiones previstas para esos desarrollos superan los 18.000 millones de dólares, una cifra que explica por qué una discusión territorial de más de cincuenta años volvió a ocupar un lugar central en la agenda política.
El encargado de confirmar la estrategia judicial fue el asesor general del Gobierno riojano, Pedro Goyochea.
El funcionario explicó que la provincia ya cuenta con autorización legislativa para avanzar con una demanda ante la Corte Suprema, organismo competente para resolver conflictos entre provincias.
Según sostuvo, el objetivo es que el máximo tribunal determine cuál es el verdadero límite interprovincial y revise la validez jurídica del decreto firmado durante la última dictadura militar.
Además de la vía judicial, el Gobierno de La Rioja prevé impulsar gestiones ante el Congreso Nacional para exponer los fundamentos históricos y legales de su reclamo.
Desde la administración de Ricardo Quintela aseguran que la provincia no busca iniciar un conflicto político con San Juan, sino recuperar un territorio que considera parte de su patrimonio histórico.
La respuesta del Gobierno sanjuanino fue inmediata.
El gobernador Marcelo Orrego rechazó públicamente la posibilidad de revisar los límites provinciales y sostuvo que la jurisdicción de San Juan sobre esa región está plenamente consolidada.
Recordó que los límites actuales fueron establecidos hace 57 años y posteriormente ratificados por el Congreso Nacional, por lo que, a su entender, no existe fundamento legal para modificar la situación vigente.
Desde San Juan también manifestaron preocupación por el impacto que una disputa judicial podría generar sobre las inversiones mineras actualmente en desarrollo, al considerar que cualquier incertidumbre jurídica puede afectar proyectos estratégicos para la economía provincial.
Aunque formalmente se trata de una controversia limítrofe, el trasfondo del conflicto está estrechamente vinculado al enorme valor económico que adquirió la minería del cobre.
Argentina busca posicionarse como uno de los principales productores mundiales de este mineral, cuya demanda internacional crece de manera sostenida por su utilización en vehículos eléctricos, parques eólicos, paneles solares, redes eléctricas y sistemas de almacenamiento energético.
Controlar el territorio donde se desarrollarán esos proyectos implica administrar regalías, cobrar impuestos, autorizar nuevas concesiones y definir buena parte del futuro económico de la región.
Por eso, especialistas consideran que el conflicto trasciende el aspecto jurídico y refleja la creciente competencia entre provincias por acceder a los beneficios económicos derivados de los llamados minerales críticos.
La zona cordillerana en disputa no solo posee un enorme valor económico.
También alberga ecosistemas de alta montaña donde nacen importantes cuencas hídricas y se desarrollan ambientes extremadamente sensibles.
Diversos especialistas en derecho ambiental recuerdan que cualquier avance de proyectos extractivos en estas regiones requiere evaluaciones ambientales rigurosas, monitoreos permanentes y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
La expansión de la minería de gran escala en sectores cercanos a glaciares y ambientes periglaciales continúa siendo motivo de debate en distintas provincias cordilleranas, especialmente por el elevado consumo de agua y el riesgo de afectar ecosistemas fundamentales para el abastecimiento hídrico.
En ese contexto, organizaciones ambientales advierten que la discusión pública no debería limitarse únicamente a qué provincia administrará las futuras regalías, sino también a cuál será el modelo de desarrollo que se impulsará sobre un territorio ambientalmente estratégico.
Si La Rioja concreta la presentación anunciada por el Gobierno provincial, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de resolver una disputa que lleva más de medio siglo sin una solución definitiva.
El fallo no solo establecerá cuál es el límite entre ambas provincias, sino que también tendrá un fuerte impacto económico, político y ambiental, al definir quién ejercerá la autoridad sobre una de las regiones con mayor potencial minero de Argentina.
Mientras La Rioja sostiene que busca recuperar un territorio que considera históricamente propio, San Juan defiende la validez de los límites vigentes y procura brindar seguridad jurídica a las inversiones. Detrás de esa discusión aparece un escenario mucho más amplio: el creciente valor estratégico del cobre está reconfigurando viejos conflictos territoriales y anticipa nuevas disputas por el control de los recursos naturales que serán claves en las próximas décadas.
