Buenos Aires: Preocupación en City Bell por la nueva bajada de la Autopista, vecinos exigen frenar la obra hasta garantizar información y participación ciudadana

La construcción de una nueva bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata en City Bell, partido de La Plata, volvió a poner en debate la forma en que se desarrollan las grandes obras de infraestructura en Argentina. Mientras el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) presentan el proyecto como una obra estratégica para mejorar la conectividad del norte platense, vecinos y organizaciones barriales sostienen que el emprendimiento avanza sin el nivel de información y participación que exige la legislación ambiental.

El conflicto tomó fuerza durante los últimos días con la realización de una asamblea abierta convocada por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que la nueva infraestructura podría generar sobre barrios residenciales, espacios verdes y cursos de agua que atraviesan el sector.

Una obra que cambiará uno de los accesos al norte de La Plata

El proyecto contempla la construcción de un nuevo distribuidor que conectará la Autopista Buenos Aires–La Plata con el Camino Parque Centenario, mediante un corredor vial de aproximadamente 2,1 kilómetros.

La obra incluye nuevos puentes sobre las vías del Ferrocarril General Roca, la intervención sobre los arroyos Martín y Carnaval, calles colectoras, nuevas conexiones viales y distintas obras complementarias destinadas a mejorar la circulación entre City Bell, Villa Elisa y otros sectores del partido de La Plata.

Según las estimaciones oficiales, el nuevo acceso permitirá redistribuir el tránsito y reducir la congestión que actualmente presentan otros ingresos a la ciudad.

Sin embargo, los propios estudios proyectan que por la nueva bajada circularán diariamente entre 35.000 y 50.000 vehículos, una cifra que encendió la preocupación de quienes viven en los barrios cercanos.

Los vecinos denuncian que nunca fueron consultados

El eje principal del reclamo no es únicamente la construcción de la obra.

Quienes participaron de la asamblea sostienen que el proyecto avanzó sin un verdadero proceso de participación ciudadana y cuestionan que la comunidad nunca pudo acceder de manera completa a los estudios técnicos que justifican la intervención.

Según afirman, hasta el momento no se realizó una audiencia pública que permita analizar los impactos ambientales, urbanos e hidráulicos de una obra que modificará de forma permanente uno de los sectores más residenciales de City Bell.

Los vecinos también señalaron que las reuniones informativas impulsadas por el presidente de AUBASA, José Arteaga, no reemplazan los mecanismos de participación previstos por la normativa ambiental y reclamaron que toda la documentación vinculada al proyecto sea publicada de manera completa y accesible.

El temor a nuevas inundaciones

Uno de los aspectos que más inquieta a la comunidad es el posible impacto sobre el sistema hídrico.

La zona donde se desarrollan las obras registra antecedentes de anegamientos durante lluvias intensas y los vecinos temen que los terraplenes, puentes y movimientos de suelo modifiquen el escurrimiento natural del agua.

La intervención sobre los arroyos Martín y Carnaval también despertó preocupación entre especialistas y habitantes del lugar, quienes consideran indispensable conocer los estudios hidrológicos completos antes de que la obra continúe avanzando.

Sostienen que una modificación en el comportamiento del agua podría agravar problemas históricos de inundaciones que afectan periódicamente distintos sectores del norte platense.

Preocupación por la pérdida de espacios verdes

Otro de los cuestionamientos apunta al impacto que la obra tendrá sobre el patrimonio natural de la zona.

El proyecto contempla la remoción de árboles y modificaciones sobre sectores cercanos al Parque Pereyra Iraola, una de las áreas naturales más importantes de la provincia de Buenos Aires y declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO.

Desde AUBASA aseguran que la intervención incluye un plan de compensación ambiental que prevé la plantación de especies nativas para reemplazar los ejemplares retirados.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas recuerdan que un árbol adulto presta servicios ecosistémicos durante décadas y que su reemplazo mediante nuevos ejemplares no compensa de manera inmediata la pérdida de sombra, biodiversidad, captura de carbono y regulación térmica que ofrece el arbolado consolidado.

También denuncian impactos sobre la vida cotidiana

A medida que avanzan los trabajos comenzaron a surgir nuevos reclamos de vecinos que residen cerca del frente de obra.

Entre las denuncias aparecen el incremento del tránsito de maquinaria pesada, ruidos permanentes, vibraciones, polvo en suspensión y presuntas fisuras registradas en algunas viviendas cercanas.

Los habitantes del sector solicitaron que se realicen inspecciones técnicas independientes para determinar si esos daños guardan relación con el desarrollo de la obra.

También reclaman que las autoridades implementen mecanismos de monitoreo permanente para minimizar las molestias mientras continúan los trabajos.

El derecho a participar en las decisiones ambientales

El conflicto volvió a poner en discusión uno de los principios centrales del derecho ambiental moderno: la participación ciudadana.

La legislación argentina reconoce que toda persona tiene derecho a acceder a la información ambiental y a intervenir en las decisiones públicas que puedan afectar su calidad de vida.

Ese principio también fue reforzado con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que obliga al Estado a garantizar transparencia, acceso a la información y mecanismos efectivos de participación en proyectos con posibles impactos ambientales.

Para los vecinos, esos derechos todavía no fueron plenamente respetados en este proceso.

Una asamblea para exigir respuestas

Frente al avance de las obras, organizaciones barriales decidieron convocar una asamblea abierta en City Bell con el objetivo de coordinar nuevas acciones y visibilizar el conflicto.

Durante el encuentro reclamaron la publicación de toda la documentación técnica vinculada al proyecto, la realización de una audiencia pública y mayores garantías para que la comunidad pueda participar en las decisiones que transformarán el territorio.

Los vecinos sostienen que no se oponen al desarrollo de infraestructura cuando responde a necesidades reales, pero consideran que obras de esta magnitud deben planificarse con criterios de transparencia, participación y evaluación ambiental rigurosa.

Mientras AUBASA continúa con la ejecución del nuevo distribuidor y sostiene que la obra permitirá mejorar la conectividad de la región, el conflicto sigue creciendo entre quienes advierten que las decisiones sobre el futuro urbano de City Bell no pueden tomarse sin escuchar a la comunidad ni evaluar en profundidad sus consecuencias ambientales, hidráulicas y sociales.