Grave: el gobernador de Misiones busca eliminar la prohibición del glifosato y vuelve a poner en riesgo la biodiversidad

Misiones había tomado en 2023 una decisión que la colocaba en una posición diferente frente al uso de agroquímicos: avanzar hacia una producción con menor dependencia del glifosato y promover alternativas basadas en bioinsumos. Tres años después, ese camino podría quedar prácticamente desactivado.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó a su bloque legislativo para impulsar la modificación de la Ley VIII Nº 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos. El proyecto propone derogar el artículo 7, que establecía la prohibición del glifosato, sus componentes y productos afines en todo el territorio provincial. La iniciativa fue presentada por el bloque Movimiento por lo que Viene, alineado con el Ejecutivo provincial, y ya comenzó su tratamiento legislativo.

La decisión es grave porque no se limita a modificar un plazo o corregir una cuestión técnica de la legislación. Implica eliminar una protección ambiental que había sido establecida por ley, después de un proceso legislativo que había definido un objetivo concreto: que Misiones abandonara progresivamente el uso del glifosato.

Y esa diferencia es fundamental. No se está discutiendo solamente cómo producir, sino si una provincia puede retroceder sobre un estándar ambiental que ella misma había decidido alcanzar.

Una ley que buscaba cambiar el modelo productivo

La historia comenzó en 2023, cuando la Legislatura misionera aprobó la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos. La norma buscaba fomentar alternativas a los productos químicos utilizados en las actividades agropecuarias y agroindustriales y establecer un proceso de transformación de los sistemas productivos.

El punto más controvertido fue su artículo 7, que estableció la prohibición del glifosato y sus componentes en todo el territorio provincial. La legislación no planteaba un cambio inmediato: contemplaba un período de transición de dos años para permitir que los productores adaptaran sus sistemas y avanzaran hacia alternativas consideradas más amigables con el ambiente.

De esa manera, la provincia había fijado un horizonte claro. El objetivo no era dejar de producir, sino modificar progresivamente la manera de producir.

La prohibición debía comenzar a aplicarse plenamente en 2025, pero antes de que llegara ese momento el Gobierno provincial decidió extender el período de transición.

Primero llegó la prórroga hasta 2030

En 2024, el gobernador Passalacqua prorrogó por cinco años el plazo previsto para la prohibición. La decisión permitió que determinadas actividades productivas continuaran utilizando productos que quedarían alcanzados por la prohibición, bajo determinadas condiciones y con la obligación de avanzar hacia métodos alternativos.

El argumento utilizado fue que todavía no existían sustitutos suficientemente desarrollados y autorizados para reemplazar al glifosato en todas las actividades productivas. El sector productivo había advertido que una prohibición inmediata podía generar mayores costos y dificultades para mantener la competitividad de producciones como la yerba mate, el té y la actividad forestal.

Pero aquella prórroga todavía mantenía un objetivo: la transición seguía teniendo como destino final la eliminación del glifosato.

Ahora el Gobierno pretende cambiar esa situación.

Ya no busca simplemente extender el plazo.

Busca eliminar directamente el artículo que establece la prohibición.

¿Qué propone ahora el Gobierno de Passalacqua?

El proyecto impulsado por el oficialismo plantea derogar el artículo 7 de la Ley VIII Nº 103 y reemplazar el esquema de prohibición por un proceso de transición condicionado a la existencia de alternativas que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

El argumento oficial es que los productores necesitan poder utilizar productos que estén autorizados por los organismos competentes y que sean aceptados por los mercados a los que se destina la producción misionera. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente estableció plazos que no pudieron cumplirse porque las alternativas al glifosato no alcanzaron todavía las condiciones requeridas.

El problema es que el cambio modifica por completo la lógica de la ley.

La legislación original establecía una obligación: avanzar hacia la prohibición.

El nuevo proyecto condiciona la transición a la existencia de sustitutos que cumplan determinados requisitos.

Así, la fecha que funcionaba como horizonte para abandonar el herbicida deja de ser el elemento central.

Y una transición sin un horizonte concreto corre el riesgo de transformarse en una transición permanente.

La presión del sector productivo existe

No hay elementos suficientes para afirmar que una empresa determinada haya ordenado al Gobierno modificar la legislación. Sería incorrecto presentarlo de esa manera.

Pero sí existe un antecedente concreto y documentado: distintos sectores productivos vienen cuestionando la prohibición y reclamando modificaciones en la normativa.

El argumento principal ha sido que el glifosato continúa siendo una herramienta necesaria para determinadas actividades y que las alternativas disponibles no permiten reemplazarlo completamente sin aumentar costos o comprometer los niveles de producción.

Ese reclamo fue parte de la discusión que desembocó en la prórroga de 2024 y continúa siendo uno de los argumentos centrales utilizados por quienes impulsan ahora la modificación.

El problema es que una política ambiental no puede evaluar solamente cuánto cuesta dejar de utilizar un producto.

También debe calcular cuánto puede costar seguir utilizándolo.

El costo ambiental queda fuera de la cuenta productiva

Cuando se habla del glifosato, la discusión suele concentrarse en su eficacia para controlar malezas y en el impacto económico que tendría reemplazarlo.

Pero el ambiente también tiene un costo.

La utilización de herbicidas puede afectar organismos que no son el objetivo directo de la aplicación y generar impactos sobre componentes de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Por eso, evaluar solamente el rendimiento del cultivo o el costo de producción deja afuera una parte fundamental de la ecuación.

Un sistema puede ser rentable para quien produce y, al mismo tiempo, trasladar determinados costos hacia el ambiente y la sociedad.

El suelo degradado, el deterioro de los cursos de agua y la pérdida de biodiversidad no aparecen necesariamente en el precio de una tonelada de yerba mate, de té o de madera.

Pero alguien termina pagando ese costo.

Y muchas veces lo hace toda la sociedad.

El suelo no es una superficie inerte

Uno de los errores más frecuentes al discutir agroquímicos es pensar el suelo como una superficie vacía sobre la que simplemente se cultiva.

El suelo es un ecosistema complejo. Allí viven microorganismos, hongos, bacterias, invertebrados y otros organismos que participan en la descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento de las condiciones que permiten la productividad.

Por eso, cuando se utiliza reiteradamente un herbicida, la discusión ambiental no puede limitarse a determinar si elimina correctamente la planta que se pretende controlar.

También hay que analizar qué sucede con las comunidades biológicas que viven en ese ambiente y con las relaciones ecológicas que sostienen el funcionamiento del suelo.

La degradación ambiental puede ser silenciosa. Un suelo puede continuar produciendo mientras pierde parte de su diversidad biológica y de sus funciones ecológicas.

Lo que se aplica en un campo no necesariamente queda en el campo

Otro aspecto central es el agua.

Los productos utilizados en las actividades agrícolas pueden desplazarse mediante procesos como la deriva y el escurrimiento, alcanzando sectores que no eran el objetivo original de la aplicación.

Esto adquiere especial relevancia en Misiones, una provincia atravesada por una extensa red de arroyos y cursos de agua y donde las áreas productivas conviven con ambientes naturales.

Por eso, una política sobre herbicidas debe analizar no solamente qué ocurre dentro de una parcela, sino también qué sucede alrededor de ella.

La protección de los recursos hídricos forma parte de los objetivos centrales de la legislación ambiental argentina y también aparece vinculada con la propia normativa misionera que reguló la transición hacia sistemas productivos con menor dependencia de agroquímicos.

El impacto puede alcanzar a toda la cadena de biodiversidad

El problema tampoco termina en las plantas.

Cuando se modifica de manera sostenida la vegetación de un ambiente, también pueden cambiar las condiciones de alimentación y refugio para insectos y otros organismos. Y si disminuyen determinados insectos, también pueden verse afectados animales que dependen de ellos para alimentarse.

La biodiversidad funciona como una red de relaciones.

Una planta puede ser alimento para un insecto. Ese insecto puede ser alimento para un ave. Y esa ave puede formar parte de una cadena ecológica mucho más amplia.

Por eso, eliminar sistemáticamente determinados componentes de un ecosistema puede generar consecuencias que no son evidentes en el momento de la aplicación.

La pérdida de biodiversidad no siempre aparece como una mortandad masiva. Muchas veces comienza con una simplificación progresiva del ambiente.

Misiones no es cualquier territorio

La discusión adquiere una dimensión todavía mayor porque Misiones conserva una parte fundamental de la Selva Paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos de la Argentina.

La provincia es refugio de especies emblemáticas como el yaguareté, el tapir y el ocelote, además de una enorme diversidad de aves, anfibios, reptiles, insectos y especies vegetales.

Ese patrimonio natural ya enfrenta amenazas vinculadas con la fragmentación de los ambientes, la expansión de actividades productivas y la pérdida de hábitat.

En ese contexto, las decisiones sobre agroquímicos deberían ser tomadas con un estándar de precaución particularmente elevado.

Una provincia que conserva uno de los últimos grandes fragmentos de Selva Paranaense debería estar aumentando sus niveles de protección ambiental, no reduciéndolos.

El antecedente de 2018

La decisión actual también implica mirar hacia atrás.

Antes de la Ley de Bioinsumos, Misiones ya había establecido restricciones al uso de glifosato en determinados sectores considerados especialmente sensibles.

La política provincial había avanzado hacia una mayor protección de áreas cercanas a poblaciones, establecimientos educativos y sanitarios, reservas naturales y cursos de agua.

En 2023, ese proceso dio un paso mucho más fuerte con la aprobación de la Ley de Bioinsumos y la decisión de avanzar hacia la prohibición general.

Ahora, el Gobierno de Passalacqua pretende revertir ese rumbo.

La secuencia resulta evidente: primero se estableció una protección, después se prorrogó su aplicación y ahora se busca eliminarla.

Y eso lleva directamente a una cuestión fundamental del derecho ambiental.

Un principio fundamental: la no regresión ambiental

El principio de no regresión ambiental establece que los niveles de protección ambiental alcanzados no deben ser reducidos arbitrariamente. No se trata simplemente de una construcción académica: forma parte de los principios que orientan actualmente el derecho ambiental y tiene reconocimiento expreso en el marco jurídico internacional que integra el ordenamiento argentino.

El Acuerdo de Escazú, aprobado por Argentina mediante la Ley 27.566 y vigente para nuestro país desde 2021, establece en su artículo 3 que los Estados deben guiarse, entre otros, por los principios de no regresión y progresividad.

Esto es particularmente importante para el caso de Misiones porque el Gobierno no está intentando crear una regulación nueva desde cero. Está buscando eliminar una protección ambiental que ya había sido establecida mediante una ley provincial.

La situación encaja, precisamente, en el tipo de escenario que plantea el principio de no regresión: pasar de un estándar de protección ambiental mayor a uno menor.

La Ley General del Ambiente también obliga a avanzar

El principio de no regresión debe analizarse además junto con el principio de progresividad, expresamente contemplado en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente.

La Ley 25.675 establece que los objetivos ambientales deben alcanzarse progresivamente mediante metas intermedias y finales, proyectadas en un cronograma temporal que permita la adecuación de las actividades productivas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha reconocido la importancia del principio de progresividad en materia ambiental y ha señalado que los objetivos ambientales deben alcanzarse de manera gradual, dentro de una lógica de protección que no puede ser tratada como una política secundaria frente a otros intereses.

Por eso, el problema jurídico que plantea el proyecto de Misiones es mucho más profundo que decidir si un productor puede o no utilizar glifosato.

La pregunta es si una política pública puede reducir el nivel de protección ambiental que ya había alcanzado y, en caso de hacerlo, bajo qué condiciones podría considerarse compatible con el ordenamiento constitucional y convencional.

No regresión no significa que las leyes sean intocables

Esto también debe quedar claro.

El principio de no regresión no significa que una norma ambiental jamás pueda modificarse.

Las políticas públicas pueden cambiar y las leyes pueden ser revisadas. Lo que el principio impone es un estándar mucho más exigente cuando el cambio significa reducir la protección ambiental existente.

El Estado debe poder justificar de manera sólida por qué retrocede, demostrar que la medida es razonable y analizar si existen alternativas que permitan alcanzar el objetivo buscado sin reducir el nivel de protección.

Por eso, si Misiones elimina la prohibición del glifosato, el debate jurídico no debería terminar en la afirmación de que “la Legislatura tiene facultades para modificar una ley”.

La cuestión verdaderamente importante es otra:

¿puede hacerlo sin vulnerar el principio de no regresión ambiental?

También entra en juego el principio precautorio

Existe además otro principio fundamental del derecho ambiental argentino: el principio precautorio.

La Ley General del Ambiente establece que, cuando existe peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede utilizarse como razón para postergar medidas eficaces destinadas a impedir la degradación ambiental.

Esto es especialmente relevante frente a decisiones vinculadas con sustancias químicas y ecosistemas.

La ausencia de certeza absoluta sobre todos los efectos de un producto no puede convertirse automáticamente en una razón para reducir las medidas de protección.

En materia ambiental, cuando existe riesgo de daño grave o irreversible, la lógica jurídica funciona justamente en sentido contrario: la incertidumbre obliga a actuar con mayor precaución.

¿Y qué modelo productivo quiere Misiones?

La discusión sobre el glifosato también debería abrir una conversación mucho más profunda sobre el modelo productivo de la provincia.

El herbicida no existe de manera aislada. Es una herramienta dentro de sistemas que necesitan controlar determinadas especies vegetales para sostener la productividad.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente qué producto utilizar para eliminar una maleza.

También debería ser qué modelo productivo necesita recurrir permanentemente a ese producto y cómo puede transformarse.

La transición hacia sistemas más diversificados, con manejo integrado de malezas, cobertura del suelo, rotaciones, control biológico y alternativas agroecológicas requiere investigación, inversión y acompañamiento estatal.

Pero también necesita reglas claras.

Si cada dificultad productiva termina justificando la eliminación de una política ambiental, la transición nunca comienza realmente.

La producción no puede estar enfrentada al ambiente

Es legítimo que los productores planteen sus dificultades.

También es razonable que el Estado analice los costos de una transición y garantice que existan alternativas viables.

Pero la solución no debería ser mantener indefinidamente una dependencia que la propia provincia había decidido superar.

Producir y proteger el ambiente no deberían ser objetivos enfrentados.

El desafío de una política pública moderna debería ser justamente conseguir que la producción sea compatible con la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad.

Misiones tiene una oportunidad enorme para desarrollar ese modelo porque cuenta con investigadores, productores y experiencias vinculadas a los bioinsumos y a formas alternativas de producción.

Eliminar la prohibición puede significar, en cambio, abandonar uno de los principales incentivos para acelerar esa transformación.

Una decisión que excede al glifosato

Lo que está ocurriendo en Misiones no es solamente una discusión sobre un herbicida.

Es una discusión sobre los límites del Estado frente a los intereses productivos y sobre qué lugar ocupa la protección ambiental cuando entra en conflicto con la rentabilidad de determinadas actividades.

También es una discusión sobre el tipo de precedente que se quiere establecer.

Porque si una provincia establece por ley un estándar ambiental, comienza a aplicarlo, luego lo prorroga y finalmente decide eliminarlo ante las dificultades planteadas por determinados sectores productivos, el principio de progresividad pierde fuerza y la protección ambiental queda expuesta a retrocesos cada vez que aparece una presión económica.

Eso es justamente lo que busca evitar el principio de no regresión.

El ambiente también tiene derechos

Misiones tiene derecho a producir, generar empleo y defender a sus productores.

Pero también tiene una responsabilidad enorme: proteger un patrimonio natural que no puede ser reemplazado por ninguna actividad económica.

La Selva Paranaense, los arroyos, los suelos y la biodiversidad no son obstáculos para el desarrollo.

Son parte de la riqueza de Misiones.

Una cosecha puede recuperarse.

Un sistema productivo puede transformarse.

Una tecnología puede reemplazarse.

Pero una especie que desaparece de un ecosistema puede no volver jamás.

Un suelo degradado puede necesitar décadas para recuperarse.

Y un ecosistema alterado puede perder funciones que ninguna ley puede reconstruir de un día para otro.

Por eso esta decisión es grave

El gobernador Hugo Passalacqua busca eliminar una prohibición que Misiones había establecido por ley en 2023 para avanzar hacia una producción con menor dependencia del glifosato.

El argumento es que todavía no existen alternativas suficientes para reemplazarlo en todas las actividades productivas. Pero la respuesta elegida no es acelerar la transición, sino eliminar el límite que obligaba a realizarla.

Y ahí está el punto más preocupante.

Misiones debería estar discutiendo cómo producir mejor y con menor impacto ambiental, no cómo retroceder sobre la protección que ya había conseguido.

Porque el principio de no regresión ambiental no es una declaración simbólica.

Está incorporado al derecho ambiental argentino a través del Acuerdo de Escazú, se relaciona directamente con el principio de progresividad de la Ley General del Ambiente y forma parte del marco desde el cual deben analizarse las decisiones que disminuyen los niveles de protección ambiental alcanzados.

Si la Legislatura finalmente elimina la prohibición, la pregunta será inevitable:

¿hasta dónde puede retroceder el Estado en materia ambiental antes de cruzar el límite que le impone el principio de no regresión?

Y en Misiones, donde está en juego uno de los últimos grandes refugios de biodiversidad de la Argentina, esa no es una discusión teórica.

Es una discusión sobre qué ambiente estamos dispuestos a dejarles a las próximas generaciones.