La Política Ambiental
Lo que parecía ser una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Javier Milei terminó convirtiéndose en un fuerte revés político. La intención del oficialismo de modificar la Ley 26.737 de Protección al Dominio TNacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, eliminando Todos los Límites para la Compra de campos por parte de extranjeros, chocó con la resistencia de gobernadores, senadores aliados, bloques dialoguistas, organizaciones ambientalistas y parte de la oposición.
El proyecto original habilitaba un cambio sin precedentes: dejar atrás el esquema vigente, que desde 2011 limita la propiedad extranjera al 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y también por departamento o partido, además de establecer restricciones especiales para zonas de frontera, cuerpos permanentes de agua y otros territorios considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La falta de respaldo político obligó al Gobierno a dar marcha atrás.
Con el escenario cada vez más complicado en el Senado, la ex ministra de Seguridad, y ahora Senadora Nacional y presidenta del bloque de la Libertad Avanza en la camara alta, Patricia Bullrich, convocó a una conferencia de prensa para anunciar una nueva versión del proyecto.
La propuesta ya no elimina todos los límites como pretendía el texto original. Ahora busca elevar el tope del 15% al 25% de la superficie de cada provincia y eliminar los límites por departamentos o partidos, un cambio que el oficialismo espera que alcance para convencer a los senadores que todavía no definieron su voto.
Sin embargo, ONG, organizaciones ambientalistas y distintos sectores políticos sostienen que la modificación mantiene uno de los puntos más cuestionados: eliminar el límite departamental permitiría concentrar grandes extensiones de territorios estratégicos —donde se encuentran el agua dulce, los glaciares, el litio, los bosques nativos y buena parte de la tierra productiva— sin superar el nuevo techo provincial.
La ley vigente no solo fija un límite nacional y provincial del 15%, sino que también establece un tope por cada departamento o partido, justamente para evitar que zonas estratégicas queden concentradas en manos extranjeras.
Ese límite es considerado por especialistas como una de las principales herramientas de protección territorial.
Con la propuesta impulsada por el Gobierno, ese resguardo desaparecería.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, advirtió que ese cambio podría permitir que departamentos completos con recursos naturales estratégicos queden en manos de capitales extranjeros sin violar el nuevo límite provincial. Como ejemplo, mencionó el departamento Los Lagos, en Neuquén, donde se concentran algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia, reservas de agua y áreas de enorme valor ambiental.
En cuanto a los departamentos o partidos con mayor porcentaje de tierras extranjerizadas, los casos más elevados se encuentran en:
La discusión también dejó una escena que fue duramente cuestionada.
Al día siguiente del triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra en el Mundial, varios senadores de La Libertad Avanza ingresaron al Congreso vistiendo la camiseta argentina mientras impulsaban el tratamiento de una reforma que, en su versión original, eliminaba Todos los Límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, es decir que cualquier multimillonario ingles podría haber venido al país y comprar 10 millones de hectáreas sin inconvenientes.
La imagen fue bizarra, senadores posando con la camiseta argentina, queriendo aprobar una ley que entregaba toda la tierra del país, literalmente era poner en venta a Argentina Sin Limites.
Finalmente, luego del bochorno que se armo, Patricia Bullrich decidió pedir un cuarto intermedio, para no sufrir una derrota catastrófica.
El problema para el Gobierno ya no venía solamente de Unión por la Patria.
En los días previos al debate comenzaron a aparecer señales de rechazo dentro de espacios que hasta ahora habían acompañado buena parte de las iniciativas del oficialismo.
El presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, difundió un comunicado en el que pidió rechazar la reforma y sostuvo que "la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra". La postura fue respaldada por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y profundizó las diferencias dentro del bloque radical en el Senado.
Al mismo tiempo, distintos medios parlamentarios informaron que gobernadores considerados dialoguistas, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), transmitieron durante las negociaciones que no consideraban oportuno avanzar con una reforma de semejante magnitud.
También comenzaron a surgir resistencias entre senadores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén), complicando aún más el armado político del oficialismo.
La dificultad para conseguir apoyos quedó reflejada en el propio texto de la iniciativa.
Durante las negociaciones parlamentarias el proyecto fue modificado en reiteradas oportunidades, acumulando numerosas versiones distintas mientras el Gobierno buscaba reunir los votos necesarios para llegar al recinto.
Ese nivel de cambios expuso las dificultades de la Casa Rosada para sostener el texto original y dejó en evidencia la resistencia que despertó una de las reformas más sensibles impulsadas desde la llegada de Javier Milei al poder.
Si finalmente prosperara la propuesta que eleva el límite al 25% de la superficie de cada provincia, el máximo legal de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras alcanzaría aproximadamente 69,5 millones de hectáreas.
Para entender la magnitud de esa cifra, equivale a una superficie similar a la suma de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Ese número representa el máximo que permitiría la ley y no implica que esa superficie pase automáticamente a manos extranjeras. Sin embargo, para quienes rechazan la iniciativa, el cambio supone una transformación profunda del modelo de protección territorial construido durante los últimos años.
Aunque el oficialismo se vio obligado a retirar su propuesta original, el debate está lejos de terminar.
La nueva versión del proyecto sigue despertando fuertes cuestionamientos porque modifica aspectos centrales de la legislación vigente y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa mucho más que la propiedad de los campos: quién controlará en el futuro el agua, los glaciares, los bosques, las zonas de frontera y buena parte de los recursos naturales estratégicos de la Argentina.
El retroceso del Gobierno demostró que, incluso entre sus aliados, la extranjerización de la tierra sigue siendo uno de los temas más sensibles de la política argentina.
