Entre Ríos: avanza un amparo contra el megaproyecto de hidrógeno verde que Uruguay construirá frente a la costa argentina

La construcción del megaproyecto HIF Paysandú, que Uruguay impulsa sobre la margen oriental del río Uruguay, frente a la provincia de Entre Ríos, llegó a la Justicia argentina. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 9 admitió la tramitación de un amparo ambiental colectivo contra el Estado nacional y la empresa HIF Uruguay S.A., una causa que pone bajo la lupa el accionar del Gobierno de Javier Milei frente a uno de los emprendimientos industriales más importantes que se proyectan en la región.

La presentación fue realizada por Julio Daniel Roh, secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Concordia, con el patrocinio del abogado Matías Ezequiel Roh, quienes sostienen que el Estado argentino incumplió su obligación de proteger el ambiente al no impulsar mecanismos de evaluación ambiental transfronteriza, acceso a la información pública y participación ciudadana antes del avance del proyecto.

Un megaproyecto de miles de millones de dólares frente a la costa entrerriana

El centro del conflicto es HIF Paysandú, un megaproyecto industrial que prevé producir combustibles sintéticos (e-fuels) a partir de hidrógeno verde y captura de dióxido de carbono.

La iniciativa contempla una inversión estimada de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares e incluye la construcción de una planta para producir e-metanol, e-gasolina y otros combustibles sintéticos, además de infraestructura energética, ferroviaria, vial y portuaria.

Por su ubicación, frente a ciudades entrerrianas como Colón, San José y Pueblo Liebig, los demandantes sostienen que el proyecto posee un evidente carácter transfronterizo y que sus posibles impactos ambientales no pueden ser evaluados únicamente por Uruguay.

La demanda no cuestiona a Uruguay, sino el rol del Estado argentino

Uno de los puntos centrales del expediente es que la acción judicial no busca impedir que Uruguay desarrolle el proyecto, sino que cuestiona la actuación del Gobierno argentino.

Según la demanda, la administración nacional habría omitido activar los mecanismos previstos por el Estatuto del Río Uruguay, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales que obligan a ambos países a cooperar cuando una obra puede generar efectos ambientales sobre un recurso compartido.

Los demandantes sostienen que hasta el momento no se garantizó el acceso público a la información ambiental, no se convocó a instancias de participación ciudadana ni se promovió una evaluación de impacto ambiental transfronteriza.

Qué reclama el amparo

La presentación judicial solicita que el Estado argentino:

• impulse una Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza;
• informe todas las actuaciones realizadas respecto del proyecto ante Uruguay y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU);
• garantice el acceso público a la documentación ambiental vinculada al emprendimiento;
• convoque a audiencias públicas para las comunidades potencialmente afectadas;
• y adopte medidas preventivas mientras se analiza el posible impacto ambiental del proyecto.

Además, la demanda solicita medidas cautelares para evitar que continúen nuevos avances administrativos sin que previamente se cumplan las obligaciones ambientales previstas en la legislación nacional e internacional.

La Justicia consideró que existe un interés ambiental colectivo

Al admitir la acción, el juzgado entendió que la causa involucra derechos de incidencia colectiva vinculados al ambiente, un bien protegido por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.

La resolución también reconoce la relevancia del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.

Los riesgos que advierten los demandantes

En el escrito judicial se sostiene que un emprendimiento de esta magnitud podría generar consecuencias sobre ecosistemas compartidos, recursos hídricos, biodiversidad, actividades productivas y el desarrollo turístico de la costa entrerriana.

Por ese motivo, consideran indispensable que cualquier evaluación contemple los posibles impactos acumulativos y transfronterizos antes de autorizar el avance definitivo del proyecto.

Un nuevo frente judicial para el Gobierno de Milei

La admisión del amparo abre un nuevo frente judicial para la administración de Javier Milei, esta vez vinculado al cumplimiento de las obligaciones ambientales internacionales asumidas por la Argentina.

La causa no pone en discusión la soberanía de Uruguay para desarrollar el proyecto HIF Paysandú, sino el deber del Estado argentino de intervenir cuando una obra de gran escala puede tener efectos sobre un río compartido y sobre comunidades ubicadas del lado argentino.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existió una omisión por parte del Gobierno nacional y si corresponde ordenar medidas para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, la participación y la protección del ambiente antes de que el megaproyecto continúe avanzando.