La Política Ambiental
La Puna jujeña vuelve a ser escenario de un grave episodio contra la fauna silvestre. Doce vicuñas fueron encontradas muertas en un paraje cercano a Ciénega de Paicone, en el departamento Santa Catalina, en un hecho que es investigado como un nuevo caso de caza furtiva. En el lugar también fueron encontradas vainas servidas, lo que permitió confirmar que los animales fueron abatidos con armas de fuego.
El hallazgo se produjo en un sector ubicado aproximadamente a ocho kilómetros de la localidad, cuando un poblador se dirigía hacia su estancia y encontró los cuerpos de los animales. La situación generó conmoción entre los habitantes de Ciénega de Paicone y Paicone, comunidades que ya denunciaron episodios similares en la zona.
La vicuña es uno de los animales más representativos de los ambientes altoandinos y forma parte del patrimonio natural de la región. Su presencia en la Puna está vinculada además con actividades comunitarias que permiten aprovechar de manera sustentable su fibra mediante esquilas controladas, sin necesidad de matar a los ejemplares.
Por eso, la aparición de animales abatidos representa mucho más que un episodio aislado de violencia contra la fauna. La caza furtiva amenaza una especie protegida y pone en riesgo un modelo de aprovechamiento sustentable construido durante años por comunidades puneñas.
El Tribuno de Jujuy señaló que las vicuñas cuentan con protección bajo legislación nacional y que la investigación busca determinar quiénes fueron responsables de la matanza.
La preocupación de los pobladores aumenta porque no sería la primera vez que se producen matanzas de vicuñas en este sector de la Puna. Tanto Ciénega de Paicone como la comunidad de Paicone han sufrido anteriormente episodios similares, según denunciaron vecinos de la zona.
La situación adquiere especial gravedad durante esta época del año. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio jujeño, los pobladores suelen trasladar sus animales hacia otros sectores, por lo que dejan de recorrer algunos de los parajes más alejados. Esa menor presencia facilita, según los vecinos, la actuación de quienes ingresan a la zona para cazar ilegalmente.
Los habitantes también pusieron el foco en la falta de recursos para prevenir este tipo de delitos. El destacamento policial local cuenta con un solo efectivo por turno, una situación que dificulta realizar recorridos preventivos por los extensos y alejados parajes rurales de la región.
Los vecinos reclaman una mayor presencia policial y medidas concretas para evitar que estos episodios continúen repitiéndose.
La dimensión territorial del problema tampoco es menor. Ciénega de Paicone se encuentra en una zona de la Puna cercana a la frontera con Bolivia, con extensos sectores rurales y caminos que conectan pequeñas comunidades. El control de un territorio de estas características requiere recursos humanos y logísticos suficientes para poder realizar tareas de prevención y vigilancia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una contradicción que atraviesa a la Puna jujeña: mientras las comunidades desarrollaron mecanismos para aprovechar la fibra de la vicuña sin sacrificar al animal, la caza furtiva continúa amenazando esa posibilidad.
El manejo sustentable de vicuñas en silvestría permite realizar la captura y esquila de ejemplares bajo determinados protocolos y luego devolverlos a su ambiente. De esta manera, la fibra puede convertirse en un recurso económico sin recurrir a la muerte de los animales.
La persistencia de la caza ilegal no solo afecta a las poblaciones de vicuñas, sino que también golpea a las comunidades que encuentran en el manejo responsable de la fauna una alternativa productiva vinculada con sus territorios y saberes tradicionales.
Ahora las autoridades deberán determinar quiénes fueron los responsables de la matanza de los doce animales y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.
El hallazgo de vainas servidas constituye uno de los elementos que deberán ser incorporados a la investigación para determinar el tipo de armas utilizadas y avanzar en la identificación de los responsables.
Mientras tanto, la preocupación permanece entre los pobladores de la zona. La reiteración de episodios similares demuestra que la caza furtiva de vicuñas no puede ser abordada únicamente después de que los animales aparecen muertos.
La protección de la fauna silvestre requiere prevención, controles y presencia efectiva del Estado en el territorio.
En una región donde la vicuña representa parte del patrimonio natural y también una posibilidad de desarrollo sustentable para las comunidades, cada ejemplar abatido ilegalmente significa una pérdida ambiental que no debería ser naturalizada.
