La Política Ambiental
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo recorte en la estructura estatal vinculada a la actividad minera. Mediante la Resolución 64/2026, la Secretaría de Minería derogó ocho normas relacionadas con programas sociales, planificación estratégica, transferencia de fondos, coordinación federal y monitoreo ambiental.
La medida, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, fue publicada el 12 de agosto en el Boletín Oficial. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de simplificar la administración pública, racionalizar el gasto y eliminar programas que considera obsoletos o incompatibles con los lineamientos de la actual gestión. Boletín Oficial
El punto más sensible es la eliminación del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, creado en 2022 para acompañar a las provincias en la evaluación y fiscalización de los emprendimientos mineros.
El programa contemplaba la capacitación de los agentes encargados de realizar controles, la compra de infraestructura y equipamiento, la cooperación entre organismos públicos y universidades, la participación de las comunidades y la difusión de los resultados de los monitoreos.
También buscaba generar información ambiental confiable sobre la actividad minera y facilitar su incorporación al Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera.
La resolución que ahora lo elimina sostiene que deberá ser reemplazado por “mecanismos alternativos más eficientes”. Sin embargo, no identifica cuáles serán esas herramientas, qué organismo tendrá a su cargo la coordinación, con qué presupuesto funcionarán ni cuándo comenzarán a implementarse.
La ausencia de precisiones abre un interrogante sobre la continuidad de una política destinada a reducir las diferencias técnicas y presupuestarias existentes entre las provincias. El programa derogado apuntaba precisamente a mejorar la capacidad de los organismos locales para medir variables ambientales y fiscalizar proyectos de gran escala. Resolución 53/2022
La medida no suprime por sí misma las evaluaciones de impacto ambiental ni las obligaciones previstas en el Código de Minería. Tampoco desplaza las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
La legislación vigente continúa obligando a quienes desarrollan actividades mineras a presentar informes de impacto ambiental antes de iniciar sus trabajos y a actualizarlos periódicamente. Las provincias conservan, además, las facultades de aprobación, inspección y fiscalización de los proyectos.
Sin embargo, la decisión sí elimina una herramienta nacional de asistencia, financiamiento y coordinación federal. En términos concretos, debilita el esquema institucional creado para que las autoridades provinciales pudieran mejorar sus capacidades de control y compartir información ambiental.
La diferencia es relevante: los controles legales continúan vigentes, pero desaparece un programa destinado a brindar recursos técnicos y económicos para hacerlos efectivos.
Además del programa de monitoreo ambiental, la Secretaría de Minería derogó los reglamentos para transferir fondos a provincias y municipios, la adaptación del Plan Nacional de Minería Social, el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, la Mesa Técnica de Análisis de Importaciones y la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
También quedó sin efecto una resolución de 2022 que había prorrogado los plazos para que las provincias rindieran fondos recibidos por proyectos sociales y de infraestructura minera.
La nueva norma aclara que los convenios ya firmados deberán continuar ejecutándose y que subsisten las obligaciones de rendición de cuentas y las eventuales acciones para recuperar fondos.
La decisión se conoce mientras el Gobierno promueve la expansión de la minería de litio, cobre, oro y plata como uno de los principales motores para atraer inversiones y generar exportaciones.
En ese escenario, la eliminación de un programa orientado al monitoreo ambiental representa una señal contradictoria. Mientras se aceleran los proyectos extractivos, se reduce la estructura pública destinada a fortalecer la capacidad estatal para controlar sus consecuencias.
El Gobierno asegura que las funciones serán asumidas por nuevos mecanismos, pero la Resolución 64/2026 no establece un reemplazo concreto. Hasta que esas herramientas sean presentadas, las provincias pierden un canal federal de capacitación, financiamiento, transparencia y cooperación ambiental.
