Preocupación por los pingüinos del ex Aquarium: cuatro fueron tasados en USD 40.000

El futuro de los animales que permanecen en el ex Aquarium de Mar del Plata genera una creciente preocupación. En medio del proceso de quiebra de la empresa que administraba el complejo, cuatro pingüinos saltarrocas fueron valuados en 56,8 millones de pesos, equivalentes a 40.000 dólares según el tipo de cambio utilizado en el expediente.

La tasación fue presentada por la sindicatura encargada de liquidar los activos de Plunimar S.A. y está condicionada a una eventual venta al exterior. Hasta el momento no existe un comprador identificado ni una operación autorizada.

Los ejemplares pertenecen a la especie Eudyptes chrysocome, conocida como pingüino saltarrocas o de penacho amarillo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la considera vulnerable y advierte que su población se encuentra en disminución.

La posibilidad de que animales de una especie amenazada sean incluidos dentro del patrimonio económico de una empresa quebrada abrió cuestionamientos sobre las prioridades del proceso. Mientras el expediente busca obtener recursos para afrontar las deudas, siguen pendientes las decisiones relacionadas con el bienestar, el traslado y el destino definitivo de los ejemplares.

Un predio cerrado con 59 pingüinos

El Aquarium dejó de recibir visitantes el 31 de marzo de 2025, luego de que Plunimar no consiguiera renovar el contrato de alquiler del terreno ubicado junto al Faro de Punta Mogotes. El establecimiento había funcionado allí desde 1993 bajo el control de la multinacional mexicana The Dolphin Company.

Sin ingresos provenientes de las entradas y con deudas salariales acumuladas, la empresa entró en cesación de pagos en enero de 2026. El 20 de febrero, el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 20, a cargo del juez Eduardo Malde, decretó la quiebra directa.

Desde entonces, los animales quedaron bajo la órbita judicial. Cualquier venta, cesión o traslado requiere autorización del juzgado y el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias correspondientes.

En las instalaciones permanecen 59 pingüinos: 53 magallánicos, dos rey y cuatro saltarrocas. Solamente estos últimos recibieron una valuación económica. Los otros 55 ejemplares figuran en el inventario sin un precio asignado y tampoco tienen un destino confirmado.

Doce trabajadores continúan ocupándose de la alimentación, el control sanitario y la seguridad del predio. De acuerdo con las estimaciones presentadas ante el juzgado, sostener esa estructura demanda cerca de 54,8 millones de pesos mensuales.

El paso del tiempo agrava la incertidumbre. El parque ya no genera recursos propios, los costos de mantenimiento siguen aumentando y las alternativas de relocalización todavía no se concretaron.

Una venta al exterior difícil de concretar

La tasación de los cuatro pingüinos solo tendría efecto económico si aparece una institución extranjera dispuesta a comprarlos. Esa operación deberá superar controles judiciales, ambientales, sanitarios y logísticos antes de concretarse.

Plunimar había intentado negociar el traslado de animales hacia instituciones de México, China, Brasil y otros países. Las propuestas quedaron frenadas por las restricciones que regulan el comercio internacional de fauna y por las dificultades para garantizar condiciones adecuadas durante el transporte.

La única operación importante que logró concretarse fue la venta de diez delfines nariz de botella a un acuario de Hurghada, Egipto. Los animales fueron trasladados a fines de 2025 por aproximadamente 800.000 dólares. Según consta en las actuaciones, ese dinero fue utilizado para pagar salarios y sostener el cuidado de los ejemplares que quedaron en Mar del Plata.

Para los pingüinos se mencionaron posibles destinos como la Fundación Temaikén, el Bioparque Batán y la Fundación Bubalcó Patagonia. Ninguna de esas gestiones cuenta todavía con una resolución definitiva.

El bienestar animal, bajo presión

La Ley Nacional 22.421 declara de interés público la protección de la fauna silvestre y establece que la conservación debe ser el criterio rector ante cualquier forma de aprovechamiento. Por esa razón, una eventual venta no puede depender exclusivamente del precio ofrecido.

La Justicia deberá evaluar las condiciones del establecimiento receptor, la continuidad de los cuidados veterinarios, el impacto del traslado y las necesidades particulares de cada grupo. También deberá determinar quién financiará el mantenimiento mientras se define una solución.

Los trabajadores continúan sosteniendo la atención diaria, pero la permanencia indefinida dentro de un establecimiento cerrado difícilmente pueda considerarse una respuesta definitiva. Cada mes que transcurre aumenta el costo económico y prolonga la incertidumbre sobre animales que dependen completamente del cuidado humano.

La quiebra del Aquarium dejó una deuda que excede ampliamente los balances de la empresa: garantizar que los animales no queden atrapados durante años en un conflicto comercial y judicial.