La contaminación de Porta Hermanos cruza fronteras: la CIDH investigará al Estado argentino

El conflicto ambiental por la planta de Porta Hermanos, ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, llegó formalmente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió el Caso N.º 15.978 para investigar la posible responsabilidad internacional del Estado argentino frente a las vulneraciones denunciadas por la comunidad.

La presentación fue impulsada por Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), con el acompañamiento de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps). Las organizaciones sostienen que las autoridades municipales, provinciales y nacionales permitieron durante años el funcionamiento de la planta sin garantizar controles ambientales adecuados ni ejecutar las decisiones judiciales que ordenaron realizar una Evaluación de Impacto Ambiental.

La apertura inicia la etapa de análisis de fondo y todavía no constituye una declaración de responsabilidad. La CIDH deberá estudiar si el Estado incumplió sus obligaciones de prevenir el daño ambiental y de garantizar derechos vinculados con la salud, el ambiente sano, la participación ciudadana, el acceso a la información y la tutela judicial efectiva.

Según Fundeps, se trata del primer caso argentino sobre contaminación industrial que alcanza esta instancia dentro del Sistema Interamericano.

Una planta industrial rodeada de viviendas

El conflicto comenzó en 2012, cuando Porta Hermanos amplió sus instalaciones para producir bioetanol a partir de maíz. La fábrica se encuentra dentro de la zona urbana, a pocos metros de las viviendas de barrio San Antonio y otros sectores del sur de Córdoba.

A partir de esa expansión, habitantes de la zona comenzaron a denunciar olores persistentes, irritación ocular, afecciones dérmicas y digestivas, ruidos y vibraciones en las viviendas. La comunidad también impulsó estudios independientes para determinar los posibles efectos de la actividad industrial sobre la salud y el ambiente.

Uno de los relevamientos técnicos promovidos por las vecinas advirtió que la cantidad de combustible almacenado generaría una carga de fuego cien veces superior a la permitida para una zona urbana. Las organizaciones alertaron que tampoco existe un protocolo público de evacuación para los barrios cercanos ante un eventual incendio o accidente industrial.

La empresa continúa operando mientras las familias reclaman una evaluación integral de los riesgos y medidas efectivas de protección.

Una sentencia que sigue sin cumplirse

En 2016, VUDAS presentó una acción colectiva de amparo ambiental. En diciembre de 2019, el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba ordenó a Porta Hermanos realizar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la Ley Provincial N.º 10.208, con una instancia de participación ciudadana.

La Cámara Federal de Córdoba confirmó esa sentencia en diciembre de 2020. Sin embargo, más de seis años después, el procedimiento ordenado continúa pendiente.

Durante ese período, la empresa y la Secretaría de Ambiente de Córdoba presentaron auditorías, monitoreos y habilitaciones administrativas como prueba del cumplimiento de las exigencias ambientales. La Justicia Federal rechazó en reiteradas oportunidades esa interpretación y sostuvo que esos instrumentos no reemplazan la Evaluación de Impacto Ambiental ni la participación pública requerida por la ley.

El 3 de agosto de 2026, la Cámara Federal volvió a intervenir y confirmó que Porta Hermanos sigue incumpliendo la sentencia. El tribunal también cuestionó a la Secretaría de Ambiente provincial por considerar suficientes los mismos argumentos presentados por la empresa.

Los jueces remarcaron que los años de funcionamiento de la planta no la eximen de cumplir con el procedimiento ambiental y que la producción de bioetanol refuerza la necesidad de evaluar sus posibles impactos.

El reclamo llegó al Sistema Interamericano

La petición ante la CIDH fue presentada en abril de 2024, después de que la causa recorriera distintas instancias judiciales y la Corte Suprema rechazara tratar el planteo de fondo mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Durante 2025, la Comisión comenzó a examinar los requisitos de admisibilidad y solicitó información al Estado argentino. Ahora, la denuncia quedó registrada formalmente como caso y avanzó hacia el análisis de fondo.

La CIDH deberá determinar si las respuestas administrativas y judiciales fueron eficaces y si el Estado actuó con la debida diligencia frente a un posible daño ambiental prolongado. Si encuentra violaciones a los derechos humanos, podrá formular recomendaciones destinadas a reparar a las personas afectadas, ejecutar las medidas pendientes y evitar la repetición de situaciones similares.

El caso también podría contribuir a establecer estándares regionales sobre control de industrias ubicadas dentro de áreas urbanas, participación ciudadana y cumplimiento efectivo de sentencias ambientales.

Una causa atravesada por sospechas sobre la Justicia

La instancia internacional se abre mientras avanza una investigación penal contra los camaristas federales Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi por la presunta admisión de dádivas.

El Ministerio Público Fiscal investiga un viaje realizado por ambos magistrados en un avión privado entre Córdoba y Punta del Este. Según el requerimiento fiscal, el beneficio podría estar relacionado con empresas que tenían causas en trámite ante esos jueces, entre ellas Porta Hermanos.

La investigación continúa abierta y hasta el momento no existe una condena. La situación profundizó, sin embargo, los cuestionamientos sobre la independencia e imparcialidad de las decisiones adoptadas durante el extenso litigio ambiental.

Mientras el expediente avanza en el ámbito internacional, la planta sigue funcionando dentro del barrio. Para las familias afectadas, la intervención de la CIDH representa una oportunidad de obtener las respuestas que las instituciones argentinas demoraron durante más de una década.