La Política Ambiental
La tensión volvió a escalar en Peñas Negras, una comunidad ubicada en el norte del departamento Belén, en Catamarca, donde sus habitantes denuncian estar atravesando una nueva etapa de un conflicto territorial que lleva años sin resolverse. En los últimos días, integrantes de la comunidad indígena diaguita denunciaron el ingreso de personas vinculadas a intereses mineros, la presencia de efectivos de la Policía de Catamarca y una serie de hechos que incluyen denuncias por violencia, hostigamiento y amenazas.
Según sostienen desde la comunidad, el despliegue de las fuerzas de seguridad no tuvo como objetivo proteger a quienes habitan el territorio, sino garantizar el ingreso y la circulación de personas relacionadas con actividades de exploración minera en una zona sobre la que Peñas Negras reclama derechos ancestrales. La situación generó una fuerte preocupación entre los comuneros, que además denunciaron sentirse prácticamente aislados y con dificultades para circular libremente.
El conflicto vuelve así a colocar bajo la lupa el rol del Estado provincial en las disputas territoriales vinculadas al desarrollo de la minería. Para la comunidad, no se trata de un episodio aislado ni de un simple operativo policial, sino de la continuidad de una situación que ya había tenido graves antecedentes y que, pese al paso de los años, continúa sin una solución política ni judicial.
Peñas Negras se encuentra en una región del norte del departamento Belén donde familias de la comunidad indígena diaguita desarrollan históricamente actividades vinculadas al pastoreo y mantienen una relación ancestral con el territorio. Allí se encuentran sus viviendas, sus animales, las aguadas utilizadas por las familias y espacios que consideran fundamentales para su historia, su cultura y su forma de vida.
En los últimos años, esa región quedó en el centro del interés de empresas vinculadas a la exploración minera. El conflicto actual se desarrolla en torno a actividades relacionadas con las áreas de Aguas Calientes I, II y III y Alto El Mulato, donde existen proyectos e intereses vinculados a la búsqueda y exploración de recursos minerales.
La comunidad sostiene que nunca otorgó su consentimiento para el avance de estas actividades sobre su territorio y denuncia que tampoco se respetó su derecho a participar en las decisiones que pueden afectar directamente su vida y el espacio que habitan. El reclamo tiene además un fuerte respaldo jurídico: el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, mientras que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Argentina, establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada, mediante procedimientos apropiados y de buena fe, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente. En este caso, la comunidad denuncia que el avance de la actividad minera se produjo sin que se garantizara una verdadera consulta previa, libre e informada, por lo que sostiene que sus derechos constitucionales y los establecidos por el convenio internacional están siendo vulnerados.
Si una comunidad denuncia que no fue consultada, que su territorio está siendo intervenido y que además enfrenta un despliegue policial mientras intenta defender sus derechos, la respuesta estatal no puede limitarse a garantizar el ingreso de quienes pretenden desarrollar un proyecto extractivo. La obligación de consultar, garantizar la participación y respetar los derechos territoriales no puede quedar subordinada a los intereses económicos de una empresa ni a la decisión política de impulsar la minería.
Los integrantes de Peñas Negras denunciaron que efectivos policiales participaron de los operativos desarrollados en la zona mientras se producía el ingreso de personas vinculadas a los intereses mineros. Desde la comunidad cuestionan que las fuerzas de seguridad hayan intervenido en un conflicto territorial de esta magnitud sin priorizar la protección de los derechos de quienes viven en el lugar.
Además, durante los episodios registrados en los últimos días, los comuneros denunciaron hechos de violencia, agresiones físicas, amenazas y situaciones de hostigamiento. También se presentaron denuncias relacionadas con el uso de gas pimienta, hechos que generaron una fuerte preocupación entre los habitantes de la comunidad y sus representantes legales.
Para Peñas Negras, la situación resulta particularmente grave porque consideran que la Policía vuelve a ocupar un rol similar al que tuvo durante conflictos anteriores. La comunidad sostiene que las fuerzas de seguridad aparecen con rapidez para garantizar el avance de actividades que rechazan, mientras que las denuncias realizadas por los propios comuneros por hechos de violencia y hostigamiento no reciben la misma respuesta inmediata por parte del Estado.
La pregunta que surge frente a este escenario es inevitable: ¿cuál es el verdadero papel de la Policía en Peñas Negras? Una fuerza de seguridad debería garantizar la integridad y los derechos de todas las personas involucradas en un conflicto. Sin embargo, desde la comunidad denuncian que el operativo terminó favoreciendo el ingreso de intereses mineros mientras sus propios reclamos quedaban relegados.
La situación actual tiene antecedentes que hacen todavía más grave lo ocurrido. Peñas Negras ya había sido escenario de un fuerte conflicto en abril de 2024, cuando un operativo policial ingresó al territorio en el marco de una disputa relacionada con el avance de actividades mineras.
Aquel episodio terminó con integrantes de la comunidad heridos y con fuertes cuestionamientos hacia el accionar de las fuerzas de seguridad. Uno de los casos que mayor repercusión generó fue el de Félix Escalante, un integrante de la comunidad que tenía 83 años y que resultó herido durante el operativo policial.
El hecho generó indignación y expuso la violencia que puede alcanzar un conflicto territorial cuando la respuesta del Estado se produce principalmente a través de las fuerzas de seguridad. Para la comunidad, aquel episodio no fue un hecho aislado, sino una demostración de la forma en la que se desarrollan los conflictos cuando existen intereses económicos vinculados al avance extractivo y comunidades que intentan resistir en sus territorios.
Dos años después, Peñas Negras vuelve a denunciar una situación similar. Nuevamente aparecen efectivos policiales en la zona, nuevamente la comunidad denuncia el ingreso de personas vinculadas a la actividad minera y nuevamente surgen acusaciones por violencia y hostigamiento. La principal diferencia es que, después de los graves antecedentes ocurridos en 2024, resulta imposible afirmar que las autoridades desconocían la existencia y la gravedad del conflicto.
En medio de la nueva escalada, integrantes de Peñas Negras denunciaron que la comunidad quedó prácticamente aislada por la presencia policial y las dificultades existentes para ingresar y salir libremente del territorio. La situación generó temor entre las familias y profundizó la preocupación por la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de violencia.
Los comuneros sostienen que no pueden desarrollar con normalidad su vida cotidiana y denuncian que la situación se convirtió en una forma de presión sobre quienes intentan defender el territorio. Para una comunidad ubicada en una zona rural y de difícil acceso, cualquier restricción a la circulación puede afectar directamente la vida de sus habitantes, el abastecimiento y la posibilidad de recibir asistencia.
En ese contexto intervino la abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de la comunidad, quien presentó denuncias y solicitó medidas urgentes para proteger a los integrantes de Peñas Negras, investigar los hechos denunciados e identificar a los responsables de las agresiones y situaciones de hostigamiento.
Sin embargo, desde la comunidad cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades judiciales de Belén. Según denunciaron, pese a la gravedad de los hechos informados y a los pedidos de intervención, no existió una reacción inmediata que permitiera garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el territorio.
La falta de respuestas judiciales es uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los habitantes de Peñas Negras. La comunidad y su representación legal denuncian que, frente a los pedidos realizados y a las situaciones de violencia informadas, las autoridades judiciales no actuaron con la rapidez que requería la gravedad del escenario.
En ese contexto, volvió a quedar bajo cuestionamiento la actuación de la fiscal Marina Villagra, vinculada a la Fiscalía de Belén. La comunidad ya había cuestionado anteriormente la falta de respuestas frente a denuncias relacionadas con hechos de violencia y hostigamiento, y las críticas reaparecieron ahora ante una nueva escalada del conflicto.
Desde Peñas Negras consideran que la Justicia no puede limitarse a observar los acontecimientos mientras una comunidad denuncia que está siendo hostigada y reclama medidas para garantizar su seguridad. Investigar las denuncias, preservar las pruebas, escuchar a las personas involucradas y determinar responsabilidades debería ser una prioridad ante hechos de esta naturaleza.
Sin embargo, la comunidad denuncia que las respuestas no llegan y que las instituciones encargadas de garantizar sus derechos terminan, en los hechos, mirando hacia otro lado. Esa falta de intervención no solo profundiza la sensación de abandono entre los comuneros, sino que también permite que el conflicto continúe escalando sin que exista una autoridad capaz de garantizar una solución basada en el respeto de los derechos de todas las partes.
La situación también interpela directamente al gobernador Raúl Jalil y al gobierno de Catamarca. El conflicto de Peñas Negras no comenzó en los últimos días y los antecedentes de violencia registrados en 2024 fueron ampliamente conocidos. Por ese motivo, resulta difícil entender por qué una disputa territorial de estas características continúa escalando sin una respuesta política concreta que permita evitar nuevos enfrentamientos.
La Policía de Catamarca depende del gobierno provincial y, por lo tanto, el Ejecutivo no puede desligarse de las denuncias realizadas por la comunidad sobre el accionar de los efectivos desplegados en la zona. Si los comuneros denuncian que las fuerzas de seguridad actuaron para garantizar el ingreso de personas vinculadas a la actividad minera y que durante los operativos se produjeron hechos de violencia, el gobierno provincial tiene la obligación de dar explicaciones e investigar lo ocurrido.
Jalil convirtió a la minería en uno de los principales ejes de su política de gobierno y Catamarca se consolidó como una de las provincias con mayor proyección para el desarrollo de proyectos extractivos. Sin embargo, el crecimiento de la actividad no puede convertirse en una excusa para ignorar los derechos de las comunidades que habitan los territorios donde esos proyectos pretenden avanzar.
La discusión no puede reducirse únicamente a inversiones, empleo y recursos minerales. También es necesario preguntarse qué lugar ocupan las comunidades indígenas en las decisiones que se toman sobre sus territorios y qué mecanismos utiliza el Estado cuando aparecen conflictos entre los intereses económicos y quienes viven en esas zonas.
Hasta ahora, desde Peñas Negras denuncian que el diálogo no llegó. En cambio, lo que denuncian haber recibido es presencia policial, hostigamiento y falta de respuestas por parte de las autoridades.
El conflicto de Peñas Negras vuelve a exponer una discusión profunda que atraviesa a Catamarca y a otras provincias donde la actividad extractiva avanza sobre territorios habitados por comunidades indígenas y poblaciones rurales.
El gobierno provincial suele presentar a la minería como una herramienta fundamental para el desarrollo económico. Sin embargo, ninguna actividad productiva debería avanzar ignorando los derechos de las personas y comunidades que habitan los territorios afectados.
Detrás de los proyectos mineros existen inversiones, empresas y expectativas económicas, pero también existen familias, actividades tradicionales, animales, fuentes de agua y formas de vida que dependen directamente de esos territorios. Cuando una comunidad denuncia que no fue escuchada y que sus derechos no fueron respetados, el Estado tiene la obligación de intervenir para garantizar un proceso transparente y respetuoso.
La presencia policial no puede convertirse en la principal respuesta frente a un conflicto social y territorial. Mucho menos cuando son los propios habitantes quienes denuncian que esa presencia terminó favoreciendo a una de las partes involucradas.
La Policía tiene la obligación de proteger a la población y garantizar la seguridad, no de convertirse en una herramienta para imponer por la fuerza decisiones que una comunidad cuestiona. Del mismo modo, la Justicia no puede permanecer inmóvil ante denuncias de violencia, amenazas y hostigamiento.
Hoy, el conflicto continúa abierto. La comunidad de Peñas Negras mantiene su reclamo y exige que se respeten sus derechos sobre el territorio que habita. También reclama una investigación seria sobre los hechos denunciados, explicaciones por el accionar policial y una respuesta inmediata por parte de la Justicia de Belén.
Las preguntas siguen sin respuestas. ¿Quién autorizó y bajo qué condiciones se produjo el ingreso de personas vinculadas a los intereses mineros? ¿Por qué fue necesario desplegar efectivos policiales en un territorio donde la comunidad ya había denunciado graves episodios de violencia? ¿Qué medidas adoptó el gobierno provincial para evitar que se repitieran los hechos ocurridos en 2024? ¿Por qué la comunidad denuncia falta de respuestas por parte de la Justicia?
El gobernador Raúl Jalil, la Policía de Catamarca y las autoridades judiciales de Belén tienen la responsabilidad de responder frente a una situación que vuelve a colocar a una comunidad indígena en el centro de un conflicto con intereses mineros.
Peñas Negras no puede seguir siendo tratada como un obstáculo para el desarrollo. Sus habitantes reclaman ser reconocidos como una comunidad con derechos, con una historia y con una relación ancestral con el territorio que habitan.
Mientras las autoridades continúan sin ofrecer respuestas claras y la comunidad denuncia nuevos hechos de violencia y hostigamiento, el conflicto vuelve a demostrar una realidad preocupante: cuando el Estado aparece únicamente para garantizar el avance de los intereses económicos y guarda silencio frente a las denuncias de quienes resisten en el territorio, la balanza deja de ser justa.
Y en Peñas Negras, una vez más, la comunidad denuncia que el Estado decidió mirar para otro lado.
