La Política Ambiental
El conflicto por la tierra entre familias campesinas y la empresa forestal Chilena Arauco volvió a escalar en San Pedro, Misiones, productores de las zonas rurales de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco denuncian nuevos episodios de violencia. En los últimos días, cuatro campesinos fueron trasladados y demorados por efectivos de la Policía de Misiones mientras se encontraban trabajando en sus chacras, en un operativo que, según los testimonios de las familias, incluyó disparos con escopetas calibre 12, golpes y agresiones físicas. Entre los detenidos estuvo un adolescente de 16 años, hijo del productor Juan Ramón Ostapiuck, quien habría permanecido retenido hasta cerca de la medianoche.
Los hechos denunciados ocurrieron en medio de un conflicto que lleva años y que enfrenta a las familias que viven y producen en esas chacras con Arauco, una multinacional forestal de capitales chilenos que posee cientos de miles de hectáreas en Misiones. Los campesinos sostienen que la empresa busca avanzar sobre las tierras que ocupan y trabajan para instalar plantaciones forestales, mientras denuncian que en distintos procedimientos participaron efectivos policiales junto con personas vinculadas a Arauco. La situación volvió a generar tensión cuando una comisión de vecinos se presentó en la dependencia policial de San Pedro para reclamar por la liberación de Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón Ostapiuck, quienes finalmente recuperaron la libertad.
Pero la escalada no terminó con las detenciones. Cristian Marcelo Dos Santos, uno de los campesinos de la zona de Puerto Argentino 3, denunció que su vivienda fue incendiada y quedó completamente destruida después de haber sido advertido días antes de que debía dejar de trabajar su chacra. Según su relato, el martes anterior efectivos de la Policía de Misiones ingresaron al lugar acompañados por personal de Arauco y le exigieron que abandonara las tareas, bajo la amenaza de que podía terminar seis meses preso, pese a que —según denunció— no le exhibieron ninguna orden judicial. Ante el temor de perder sus animales y pertenencias, Dos Santos retiró parte de sus cosas del lugar. Días después, su casa apareció quemada.
Las familias campesinas vinculan estos episodios con una misma disputa territorial y acusan a Arauco de ejercer una presión cada vez mayor para quedarse con las tierras que que les pertenecen. Las denuncias incluyen casas incendiadas, animales muertos, herramientas y pertenencias perdidas, amenazas, desalojos de hecho y procedimientos policiales arbitrarios. Las organizaciones que acompañan a las familias afectadas aseguran que ya serían alrededor de diez las viviendas precarias afectadas por incendios durante el último mes, todas vinculadas a la empresa Chilena.
Uno de los episodios más graves ocurrió durante el último operativo en San Juan Bosco. De acuerdo con los testimonios difundidos por los vecinos, los campesinos fueron reducidos y obligados a permanecer en el suelo mientras se efectuaban disparos con armas calibre 12. También denunciaron patadas, golpes y que algunos efectivos llegaron a apoyar los pies sobre el cuello de personas que estaban reducidas. Las familias sostienen además que fueron recogidas vainas de escopeta después del procedimiento, lo que interpretan como un intento de eliminar rastros de lo ocurrido. Se trata de acusaciones de extrema gravedad que deberán ser esclarecidas mediante una investigación judicial.
El último episodio ocurrió en las chacras de la zona de San Juan Bosco, en el municipio de San Pedro. Según los testimonios de los productores, efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a las propiedades mientras los campesinos se encontraban trabajando y cosechando alimentos. Las familias denunciaron que durante el procedimiento se utilizaron escopetas calibre 12 y que los productores fueron reducidos y golpeados mientras se encontraban en el suelo.
De acuerdo con los relatos difundidos por los vecinos, algunos de los agentes habrían continuado disparando durante el operativo y posteriormente se habrían recogido cartuchos del lugar. Entre los efectivos señalados aparece un policía identificado por el apellido Fariña. Las familias sostienen además que en el procedimiento también estuvieron en el lugar personal de la empresa Arauco.
Entre los campesinos afectados fueron identificados Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón Ostapiuck. También se denunció la detención de un adolescente de 16 años, hijo de Ostapiuck. La Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras se presentó posteriormente ante la comisaría de San Pedro para reclamar información sobre los detenidos y exigir su liberación, mientras crecía la preocupación entre las familias por la situación del menor y por las condiciones en las que se habían producido los procedimientos.
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la situación del adolescente de 16 años, hijo de Juan Ramón Ostapiuck. De acuerdo con el relato de las familias, el joven habría sido alcanzado durante el procedimiento y posteriormente trasladado, permaneciendo retenido durante varias horas, hasta aproximadamente la medianoche. Su padre habría intentado averiguar dónde se encontraba y qué había sucedido con él y, según la denuncia de sus familiares, habría recibido golpes cuando reclamó información sobre el paradero de su hijo.
La situación provocó una fuerte preocupación entre los vecinos de la zona, que decidieron movilizarse hacia la comisaría. Entre los detenidos también se encontraba Julián Ayala, cuya situación familiar fue especialmente señalada por sus allegados: su esposa tiene una discapacidad y ambos tienen un hijo de apenas dos años, que durante varias horas no sabía dónde estaba su padre. La escena expone la dimensión humana de un conflicto que muchas veces aparece reducido a expedientes, títulos de propiedad y disputas empresariales, pero que en las chacras significa familias enteras sometidas a una enorme incertidumbre.
Los nombres de los productores quedaron así nuevamente asociados a una disputa que viene creciendo desde hace semanas y que ya generó presentaciones ante organismos provinciales, movilizaciones y reclamos para que el Estado intervenga. Las responsabilidades individuales por las agresiones denunciadas, al igual que la legalidad de las detenciones, deberán ser determinadas por las autoridades judiciales que hasta ahora, miran para otro lado.
Mientras las familias reclamaban por las detenciones, otro episodio volvió a encender la alarma en las colonias rurales de San Pedro. Cristian Marcelo Dos Santos denunció que su casa, ubicada en su chacra de Puerto Argentino 3, fue incendiada después de haber recibido presiones para abandonar el lugar donde trabajaba. Según su testimonio, el conflicto había comenzado días antes, cuando efectivos policiales ingresaron a su propiedad acompañados por personal de la empresa Arauco para exigirle que dejara de trabajar en la chacra.
Dos Santos denunció que durante ese procedimiento fue amenazado con la posibilidad de terminar detenido durante seis meses si continuaba trabajando en el lugar y sostuvo que no le fue exhibida ninguna orden judicial. Ante el temor generado por la situación, decidió retirar sus animales y algunas de sus pertenencias. Posteriormente, según el relato del productor, camionetas vinculadas a la empresa volvieron a recorrer la zona y, pocos días después, su vivienda terminó completamente destruida por el fuego.
La acusación es de una gravedad extraordinaria: el campesino sostiene que el incendio ocurrió después de las presiones que había recibido para abandonar su chacra. Por el momento, la responsabilidad material e intelectual del incendio deberá ser determinada mediante una investigación, pero el hecho se suma a una serie de denuncias similares realizadas por familias de San Pedro durante las últimas semanas, todas teniendo como protagonista a la empresa Chilena Arauco.
Las organizaciones que acompañan a los campesinos aseguran que en aproximadamente un mes fueron incendiadas alrededor de diez viviendas en el marco del conflicto territorial. Las denuncias incluyen además pérdida de herramientas, destrucción de pertenencias, muerte o desaparición de animales, amenazas e ingresos a las chacras, mientras las familias aseguran que cada nuevo episodio aumenta el temor de regresar a los lugares donde desarrollaron durante años sus actividades productivas.
Los productores sostienen que en algunos casos fueron retiradas motocicletas y herramientas fundamentales para trabajar, mientras que las viviendas afectadas quedaron destruidas junto con elementos indispensables para la vida cotidiana. Para una familia campesina, perder una motosierra, una motocicleta, animales o herramientas no representa simplemente un daño económico: significa perder la posibilidad concreta de cultivar, cosechar, criar animales y generar los alimentos que sostienen a todo el grupo familiar.
Las familias y organizaciones que las acompañan reclaman que cada incendio sea investigado individualmente y que se determine si existe algún patrón común entre los distintos episodios. También exigen que se investiguen las amenazas y la participación de efectivos policiales en los procedimientos realizados dentro de las zonas en conflicto.
Para entender por qué el conflicto de San Pedro es mucho más profundo que una disputa puntual entre productores y una empresa, hay que mirar quién es Arauco y cuál es su presencia en Misiones. La compañía es una multinacional forestal de origen chileno y uno de los principales actores privados del negocio forestal argentino. Su actividad está vinculada principalmente con plantaciones forestales y con una cadena industrial que incluye producción de madera, celulosa y otros derivados.
En Misiones, la compañía posee más de 240.000 hectáreas, principalmente destinadas a plantaciones forestales. Esa superficie convierte a Arauco en uno de los mayores propietarios privados de tierras de la provincia y le otorga una presencia territorial que excede ampliamente la dimensión de una empresa dedicada únicamente a producir madera.
La magnitud de esas propiedades vuelve inevitable el debate sobre el modelo territorial misionero. Cuando una empresa controla cientos de miles de hectáreas, su peso deja de ser exclusivamente económico y pasa a tener consecuencias sobre la organización del territorio, las posibilidades de expansión de los municipios y la convivencia con comunidades rurales. Eso es justamente lo que denuncian las familias de San Pedro: que detrás de la disputa por cada chacra existe una enorme diferencia de poder entre productores familiares y una corporación multinacional.
Puerto Libertad, en el departamento Iguazú, representa uno de los ejemplos más contundentes del nivel de concentración territorial alcanzado por Arauco. El intendente Fernando Ferreira aseguró que la compañía posee aproximadamente 62.000 hectáreas de las 87.000 hectáreas que tiene el municipio y explicó que, si se descuenta la superficie afectada por las áreas inundadas de la represa, Arauco concentra aproximadamente el 80% de las tierras útiles de Puerto Libertad.
El dato es difícil de dimensionar: una empresa de capitales chilenos concentra la enorme mayoría de las tierras disponibles de un municipio argentino. Y la situación tiene consecuencias concretas para la gestión pública, porque el propio intendente reconoció las dificultades que enfrenta la localidad para conseguir tierras destinadas a proyectos de desarrollo, entre ellos un parque industrial. El municipio lleva años intentando conseguir aproximadamente diez hectáreas para ese objetivo, frente a una empresa que controla decenas de miles de hectáreas dentro del mismo territorio.
La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor porque, según explicó el propio jefe comunal, las decisiones sobre esas tierras dependen de un directorio con sede en Chile. De esta manera, una autoridad elegida por los habitantes de un municipio argentino puede encontrarse obligada a negociar durante años con una empresa extranjera para acceder a una pequeña superficie que permita desarrollar proyectos destinados a generar empleo y diversificar la economía local.
El caso Arauco adquirió todavía mayor relevancia durante el debate nacional sobre la propiedad extranjera de tierras impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Mientras desde el Ejecutivo nacional se plantearon modificaciones al régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, Misiones ofrecía un ejemplo concreto de lo que significa que enormes extensiones territoriales queden concentradas en manos de capitales extranjeros.
Los datos difundidos durante ese debate ubicaron a Misiones entre las provincias con mayor presencia de tierras rurales en manos extranjeras. Más de 325.000 hectáreas de la provincia aparecen bajo titularidad de capitales extranjeros, equivalentes al 11,29% del territorio provincial, y dentro de ese esquema el capital chileno ocupa un lugar particularmente importante. Arauco constituye uno de los principales actores de ese proceso de concentración.
Por eso el caso de Puerto Libertad resulta tan significativo. Mientras en el Congreso se discutía si Argentina debía flexibilizar todavía más las restricciones para que capitales extranjeros adquirieran tierras rurales, en Misiones ya existía un municipio donde una empresa chilena concentra alrededor del 80% de las tierras útiles. La discusión deja entonces de ser una cuestión teórica y se transforma en una pregunta concreta: ¿qué ocurre con la autonomía de los pueblos cuando una sola compañía privada concentra una proporción tan grande del territorio?
Lo ocurrido en San Pedro durante los últimos días tampoco apareció de manera repentina. El conflicto viene creciendo desde hace meses y se profundizó especialmente durante las últimas semanas, cuando alrededor de 120 familias de distintas colonias rurales comenzaron a denunciar públicamente una serie de episodios que incluyen procedimientos policiales, amenazas, detenciones, incendios y pérdida de bienes.
Las familias pertenecen a zonas como Puerto Argentino 1, Puerto Argentino 2, Puerto Argentino 3, Palmera Boca y San Juan Bosco. Representantes de esas comunidades viajaron hasta Posadas para reclamar la intervención del Gobierno provincial y fueron recibidos por funcionarios vinculados a la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras. Los productores pidieron una mesa de diálogo que permita discutir la situación territorial y frenar la escalada de violencia.
El conflicto también llegó a la Municipalidad de San Pedro, donde las familias realizaron protestas y un acampe para reclamar respuestas. El intendente Miguel Ángel Dos Santos recibió a representantes de los productores y desde el municipio se reconoció que la cuestión dominial excede las competencias municipales y compromete a la empresa y a organismos provinciales.
Uno de los aspectos más preocupantes es que las familias sostienen que ya no están enfrentando solamente una disputa sobre quién tiene los títulos de propiedad, sino una situación que afecta directamente su posibilidad de permanecer en las chacras. En agosto, por ejemplo, fue denunciada la detención del productor Ángel Rivero mientras se encontraba trabajando en su chacra, en el marco de una acusación por presunta usurpación.
Las organizaciones rechazaron esa acusación y sostuvieron que Rivero y otros productores llevan años viviendo y trabajando en las tierras. También se conocieron denuncias de otros campesinos que afirmaron haber sido reducidos y golpeados durante procedimientos policiales. Entre ellos apareció el productor Saúl Lindao, quien denunció haber sido reducido por un efectivo hasta perder el conocimiento y señaló nuevamente a un policía de apellido Fariña.
Todas esas acusaciones deberán ser investigadas y no pueden transformarse automáticamente en condenas contra personas determinadas. Pero la acumulación de denuncias de diferentes familias y en distintos momentos obliga a que el Estado provincial garantice investigaciones serias, independientes y capaces de determinar si existió un patrón de actuación irregular.
Frente a la gravedad de las denuncias, el Gobierno de Misiones, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua, quedó directamente bajo la lupa de las organizaciones campesinas. Los productores reclaman que la administración provincial intervenga de manera efectiva para garantizar que la Policía actúe dentro de la ley y que una disputa territorial no termine resolviéndose mediante amenazas, violencia o presión sobre las familias rurales.
El Gobierno provincial recibió a representantes de las comunidades y se abrió una instancia de diálogo, pero el conflicto continúa y las nuevas detenciones y denuncias de incendios muestran que las conversaciones todavía no alcanzaron para frenar la escalada. Las familias reclaman además que se investiguen los incendios, las agresiones, la pérdida de animales y herramientas y la actuación de los efectivos policiales durante los procedimientos.
La responsabilidad del Estado provincial no implica necesariamente tomar partido por una empresa o por los productores. Implica garantizar derechos, investigar cada denuncia y evitar que el poder económico de una corporación determine de hecho quién puede permanecer en un territorio. Una disputa por títulos de propiedad debe resolverse mediante las instituciones correspondientes y no mediante situaciones de violencia que terminen dejando a una familia sin casa o sin medios para trabajar, pero lo que si es responsable el gobierno provincial, es de que se utilice la fuerza publica en este caso la policía provincial para amedrentar a las familias sin ordenes judiciales, siendo esto un grave delito de violencia institucional.
Lo ocurrido en San Pedro tampoco puede entenderse como un episodio aislado. En los últimos meses, Misiones acumuló una serie de conflictos territoriales en los que campesinos y comunidades del pueblo Mbya Guaraní denunciaron desalojos, detenciones, hostigamientos y el avance de intereses vinculados a la actividad forestal. En distintos puntos de la provincia, familias que reclaman el derecho a permanecer y producir en sus territorios terminaron enfrentadas con grandes propietarios, empresas forestales o decisiones judiciales que ordenaron su desplazamiento.
Uno de los casos más graves fue el de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, donde en julio de 2026 alrededor de 50 efectivos de la Policía de Misiones ingresaron al territorio para ejecutar una orden de desalojo dictada por el juez Roberto Antonio Sena, a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff. La comunidad ya había sido relevada por el INAI y su ocupación tradicional había sido reconocida mediante la Resolución 514/2015. El operativo se produjo además en medio de cuestionamientos judiciales de la defensa y terminó generando nuevas presentaciones ante la Justicia.
El caso de Puente Quemado II tuvo además un antecedente particularmente grave: en mayo, integrantes de la comunidad habían sido detenidos durante otro procedimiento policial, entre ellos mujeres y niños. Posteriormente, el fiscal Héctor Daniel Simón cuestionó aspectos de la ejecución del desalojo de julio y sostuvo que el conflicto presentaba una complejidad jurídica que debía ser analizada considerando los derechos territoriales indígenas reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Pero Puente Quemado II no fue la única comunidad que denunció presiones sobre su territorio. La comunidad Mbya Okä Porã, ubicada en las cercanías del lago Urugua-í, también denunció durante 2026 un conflicto con Arauco luego de regresar a tierras que considera parte de su territorio ancestral. Sus integrantes aseguran que la empresa pretende que abandonen el lugar y cuestionan las alternativas de relocalización planteadas, mientras sostienen que allí se encuentra parte de la historia y de los territorios tradicionales de su pueblo.
Así, los casos de San Pedro, Puente Quemado II y Okä Porã muestran realidades diferentes, pero atravesadas por una misma discusión de fondo: quién puede permanecer en la tierra, quién decide sobre ella y qué ocurre cuando los intereses de grandes propietarios o empresas forestales chocan con familias campesinas y comunidades originarias. No se trata de afirmar que todos los conflictos tengan el mismo origen ni que exista una única responsabilidad detrás de cada episodio. Lo que sí resulta evidente es que la disputa por el territorio se repite en distintos puntos de Misiones y que, en varios de esos casos, las familias y comunidades denuncian haber quedado en una posición de enorme desigualdad frente al poder económico, político y judicial.
La dimensión del problema se vuelve todavía más evidente cuando se observa la concentración territorial de empresas forestales como Arauco. Mientras en San Pedro más de un centenar de familias denuncia procedimientos, incendios y amenazas, en otros puntos de la provincia comunidades Mbya enfrentan procesos de desalojo o conflictos por territorios que consideran ancestrales. Al mismo tiempo, el Gobierno de Misiones sostiene políticas de regularización y entrega de títulos a comunidades indígenas —como ocurrió recientemente con varias comunidades Mbya—, lo que demuestra que dentro del propio Estado provincial conviven avances en el reconocimiento territorial con conflictos que todavía permanecen sin resolver.
Por eso, lo que está ocurriendo en San Pedro merece ser observado mucho más allá de las fronteras de esas chacras. No es simplemente una pelea entre algunos campesinos y una empresa forestal. Es la expresión más reciente de una disputa territorial que atraviesa Misiones y que enfrenta dos modelos de ocupación del territorio: por un lado, grandes extensiones destinadas a la producción forestal y concentradas en manos de empresas y propietarios de enorme poder económico; por el otro, familias campesinas y comunidades originarias que reclaman permanecer en tierras donde viven, producen o sostienen vínculos históricos y culturales.
Mientras continúen apareciendo denuncias de viviendas incendiadas, detenciones, desalojos, agresiones y pérdida de territorios, la pregunta seguirá siendo inevitable: ¿qué lugar queda para las familias campesinas y los pueblos originarios en una Misiones donde cada vez más tierra está concentrada en pocas manos? El caso de San Pedro puede ser el episodio que vuelva a poner el problema en el centro de la discusión, pero la historia viene de mucho antes y, si no existe una respuesta política y judicial de fondo, difícilmente termine aquí.
