La Política Ambiental
La planta de tratamiento de líquidos cloacales del barrio privado Rumencó, en Mar del Plata, quedó nuevamente bajo investigación judicial por las deficiencias denunciadas en su funcionamiento y la descarga de efluentes hacia cuerpos de agua de la zona. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó el rechazo inicial de un amparo ambiental presentado por el abogado Maximiliano Orsini y ordenó que la causa continúe para analizar medidas preventivas.
La decisión judicial representa un avance para el reclamo, que advierte sobre el funcionamiento deficiente de las instalaciones sanitarias y el destino de los líquidos cloacales. El expediente también cuenta con un antecedente concreto: una inspección de la Policía Ecológica que registró agua oscura, lodo y restos compatibles con materia fecal en las inmediaciones de una laguna vinculada con la cuenca del arroyo Corrientes.
Aunque todavía faltan análisis de laboratorio para determinar el grado y la composición de la contaminación, los registros incorporados a la investigación refuerzan la necesidad de inspeccionar la planta y establecer qué sucede con los efluentes.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al funcionamiento de la planta de tratamiento de Rumencó. Según la denuncia presentada por Orsini, las instalaciones deberían contar con cuatro bombas para procesar los líquidos cloacales, pero solamente una estaría en condiciones de funcionar.
Esta situación comprometería la capacidad operativa del sistema y podría provocar desbordes y derivaciones de líquidos sin el tratamiento correspondiente hacia una laguna interna y otros sectores conectados con el arroyo Corrientes.
El tratamiento de los efluentes es fundamental para evitar que la materia orgánica, los microorganismos patógenos y otros contaminantes lleguen directamente al ambiente. Cuando estos sistemas no funcionan correctamente, los líquidos cloacales pueden afectar la calidad del agua, el suelo y los ecosistemas vinculados.
El reclamo tiene un antecedente relevante en una denuncia presentada a fines de septiembre de 2026 por una propietaria del barrio, quien alertó sobre el funcionamiento de la planta a partir de información que habría recibido de trabajadores del complejo.
La presentación derivó en una inspección ocular realizada por la Policía Ecológica durante los primeros días de octubre. Según el informe incorporado a la investigación, los efectivos observaron agua oscura y turbia, sectores con una película grasa en la superficie y lodo viscoso. También registraron excreciones sólidas y líquidas, con presencia de materia fecal junto al terreno y parcialmente sumergida en el agua.
Los hallazgos encendieron las alarmas sobre las condiciones sanitarias y ambientales del lugar. Sin embargo, para establecer con precisión qué contaminantes están presentes y en qué concentraciones se necesitan análisis de laboratorio y estudios complementarios.
El 14 de octubre de 2026, el Juzgado en lo Correccional N.º 4 había rechazado inicialmente el amparo. La jueza Inés Haydeé Olmedo consideró que existían otras vías para abordar el reclamo, entre ellas los procedimientos administrativos previstos en el Código de Aguas y la investigación penal en curso.
Orsini apeló la decisión y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, integrada por los jueces Gastón De Marco y Leandro Favaro, hizo lugar al recurso.
Los camaristas entendieron que la existencia de una investigación penal y de mecanismos administrativos no impedía avanzar con el amparo ambiental. También señalaron que una acción preventiva no puede quedar condicionada a demostrar definitivamente el daño que busca evitar, ya que su finalidad es precisamente permitir la intervención judicial ante una amenaza ambiental.
Por eso, revocaron el rechazo y ordenaron que el expediente regrese al juzgado de origen para resolver con urgencia el pedido de medidas preventivas.
Ahora, el juzgado deberá analizar si corresponde ordenar una inspección técnica a cargo de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires. El organismo podría revisar las instalaciones, verificar el funcionamiento de las bombas y tomar muestras para determinar las condiciones de los líquidos y cuerpos de agua involucrados.
También deberá considerarse la información reunida en la investigación penal paralela, que tramita ante la Fiscalía N.º 11 de Delitos Culposos y Ambientales, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia. Esa causa investiga una posible infracción a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
La Cámara no dispuso directamente la clausura de la planta ni ordenó una inspección específica. Lo que estableció es que el juzgado debe pronunciarse sobre las medidas solicitadas y fundamentar su decisión.
El conflicto de Rumencó se suma a otros reclamos por el tratamiento de efluentes en urbanizaciones privadas de la zona sur de Mar del Plata.
Uno de los antecedentes se remonta a 2021, cuando se investigó la presencia de líquidos sin tratar provenientes del barrio privado Arenas del Sur hacia Rumencó. Aquella actuación terminó archivada bajo determinadas condiciones impuestas al emprendimiento involucrado.
También hubo denuncias contra el barrio privado Las Prunas, donde vecinos alertaron sobre olores nauseabundos y descargas cloacales hacia el cañadón Las Machis, conectado con el arroyo Corrientes. En ese expediente se incorporaron muestras que registraron bacterias del grupo de los coliformes fecales en sectores cercanos a las descargas de su planta de tratamiento.
Los antecedentes muestran que el saneamiento de las urbanizaciones privadas es un problema que excede los límites de cada emprendimiento. Los efluentes que llegan a lagunas, cañadones y arroyos pueden afectar ambientes conectados dentro de una misma cuenca, con consecuencias para la calidad del agua y la biodiversidad.
Ahora, la Justicia deberá avanzar sobre el funcionamiento de la planta de Rumencó, determinar el destino de sus líquidos cloacales y establecer si las instalaciones están cumpliendo con las condiciones ambientales y sanitarias exigidas. La continuidad del amparo abre una nueva instancia para que las denuncias sean verificadas y se adopten medidas de protección sobre los cuerpos de agua de la zona.
