La Política Ambiental
La protección ambiental como una simple “moda”. Esa fue la expresión utilizada por el diputado peruano Arturo Alegría durante el debate de un proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para las actividades agrarias en la Amazonía. La declaración adquiere especial relevancia porque Alegría no es un legislador ajeno a la cuestión ambiental: preside la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Congreso de Perú, el órgano parlamentario encargado de debatir iniciativas relacionadas con la protección de los ecosistemas.
El legislador pertenece a Fuerza Popular, el partido político identificado con el fujimorismo, la corriente encabezada históricamente por el expresidente Alberto Fujimori y representada actualmente por su hija, Keiko Fujimori.
Las declaraciones se produjeron durante el tratamiento del predictamen de la denominada Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía, correspondiente al Proyecto de Ley N.º 00088/2026-2031-CD. La iniciativa busca establecer un marco para las actividades agropecuarias en la región amazónica, un territorio estratégico por sus bosques, su biodiversidad, su papel en la regulación del clima y la presencia de numerosos pueblos indígenas.
Durante la misma sesión, Alegría responsabilizó a organizaciones no gubernamentales extranjeras por la falta de acción del Estado peruano frente a la deforestación. Sin embargo, el debate deja una pregunta central: ¿qué responsabilidad tiene el propio Estado cuando debe controlar la destrucción de los bosques y garantizar que las actividades económicas no avancen sobre territorios ambientalmente sensibles?
Para entender la controversia hay que mirar más allá del nombre de la iniciativa. La Amazonía no es solamente una región geográfica ni una reserva de árboles: es uno de los ecosistemas más importantes del planeta, almacena enormes cantidades de carbono, regula ciclos de lluvias y alberga una biodiversidad extraordinaria. Su degradación tiene consecuencias que exceden las fronteras de Perú y afectan al equilibrio climático regional y mundial.
El proyecto promovido por el fujimorismo plantea establecer condiciones para las actividades agrarias en ese territorio, con argumentos vinculados a la formalización de productores, el acceso al crédito y la organización de la producción rural.
El problema es cómo se implementaría esa formalización y qué garantías impedirían que termine favoreciendo la expansión de la frontera agropecuaria sobre bosques que deberían conservarse. Cuando se modifican las reglas de uso del suelo en una región sometida a fuertes presiones económicas, los detalles legales pueden determinar si una norma ayuda a los pequeños productores o abre nuevas posibilidades para actividades que degradan el ambiente.
Entre los cuestionamientos al proyecto aparece la falta de opiniones técnicas de organismos fundamentales para evaluar sus consecuencias: el Ministerio del Ambiente de Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las autoridades forestales.
Estas instituciones cumplen funciones diferentes, pero complementarias. El Ministerio del Ambiente diseña y coordina políticas ambientales; el Sernanp administra las áreas naturales protegidas nacionales, y el OEFA supervisa y fiscaliza el cumplimiento de obligaciones ambientales en los sectores bajo su competencia. Sus evaluaciones son relevantes para determinar los riesgos de una reforma que puede afectar a los bosques amazónicos.
La ausencia de esos pronunciamientos plantea interrogantes sobre la solidez del proceso legislativo. Una ley que pretende ordenar las actividades agrarias en la Amazonía necesita información sobre sus posibles efectos ambientales, controles para prevenir la deforestación y garantías para las comunidades que viven en los territorios afectados.
La caracterización de la defensa ambiental como una tendencia pasajera contrasta con la dimensión de los problemas que enfrenta la Amazonía. La pérdida de bosques contribuye al cambio climático, destruye hábitats, altera el ciclo del agua y amenaza los medios de vida de comunidades indígenas y campesinas.
La deforestación en Perú está vinculada a múltiples factores, entre ellos la expansión agrícola, la ganadería, la tala ilegal, la minería ilegal y la ocupación irregular de tierras. Enfrentar ese problema exige políticas públicas, fiscalización, recursos estatales y coordinación entre organismos nacionales y regionales.
Por eso, responsabilizar a las ONG extranjeras por la falta de resultados no responde por sí solo a las preguntas fundamentales: qué medidas aplica el Gobierno para frenar la pérdida de bosques, qué controles ejerce sobre las actividades productivas y qué resultados obtiene en la persecución de las actividades ilegales.
Las organizaciones ambientales pueden ser objeto de críticas y sus propuestas deben evaluarse con rigor. Pero sus actuaciones no sustituyen las obligaciones del Estado peruano ni justifican que una iniciativa legislativa avance sin evaluaciones técnicas suficientes.
La controversia también tiene una dimensión política: Alegría preside la comisión que debe analizar los efectos de las normas ambientales y, al mismo tiempo, cuestiona la importancia que adquirió la protección de los ecosistemas. La discusión debería centrarse en evidencia científica, impactos concretos y mecanismos de control, en lugar de reducir la conservación a una cuestión de modas o preferencias ideológicas.
El diputado ya había quedado bajo cuestionamiento por su intervención en otro caso ambiental de gran repercusión en Perú: el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 frente a Ventanilla, en la costa central del país.
El episodio se produjo durante una operación de descarga de crudo en la refinería La Pampilla, perteneciente al grupo energético español Repsol. El derrame contaminó sectores del litoral peruano, afectó ecosistemas marinos y perjudicó a pescadores y otras personas que dependían de las actividades costeras. Las estimaciones iniciales difundidas durante la emergencia hablaron de aproximadamente 12.000 barriles de petróleo vertidos al mar.
El desastre tuvo consecuencias ambientales y económicas, y abrió una disputa sobre las responsabilidades de la empresa y la respuesta de las autoridades. En ese contexto, el Congreso peruano investigó lo ocurrido y elaboró un informe que señalaba responsabilidades por el derrame.
En septiembre de 2022, Alegría fue denunciado ante la Comisión de Ética del Congreso después de que se conociera una reunión que había mantenido con una representante de Llorente y Cuenca, una consultora de comunicación estratégica vinculada a la gestión de la crisis de Repsol. La controversia se intensificó porque, posteriormente, el legislador impulsó una cuestión previa para que el informe parlamentario regresara a la comisión encargada de su elaboración.
La decisión fue aprobada por el Pleno del Congreso, que dispuso que el documento volviera a comisión para una nueva elaboración. El episodio generó cuestionamientos sobre la relación entre las gestiones del legislador, la consultora y el tratamiento parlamentario de las responsabilidades por el derrame.
Alegría reconoció la reunión, pero negó haber recibido instrucciones para rechazar el informe. Por lo tanto, el encuentro y la posterior intervención parlamentaria deben presentarse como antecedentes cuestionados, no como prueba de que el diputado haya actuado por orden de Repsol.
El caso resulta relevante porque muestra hasta qué punto las decisiones políticas y parlamentarias pueden influir en la forma en que se investigan los daños ambientales y se establecen responsabilidades empresariales. Cuando un desastre afecta a comunidades costeras y ecosistemas, la transparencia de las investigaciones y la independencia de los legisladores son fundamentales para que las consecuencias no queden relegadas por intereses económicos o disputas partidarias.
La iniciativa impulsada por Fuerza Popular plantea una discusión que también atraviesa a otros países de América Latina, incluida Argentina: cómo mejorar las condiciones de los productores rurales sin debilitar las normas que protegen los ecosistemas.
La formalización de pequeños productores, el acceso a créditos y la asistencia técnica pueden ser herramientas necesarias para el desarrollo rural. Pero esas medidas requieren límites claros para impedir que la regularización se convierta en una vía para legitimar actividades incompatibles con la conservación de los bosques o con los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
En Perú, las comunidades originarias tienen derechos reconocidos por la legislación nacional y por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las decisiones que puedan afectarlas directamente deben analizarse considerando las obligaciones de consulta y protección de sus territorios.
La cuestión es si el proyecto incorpora garantías suficientes y si las autoridades ambientales podrán evaluar sus consecuencias antes de que se produzcan daños difíciles de revertir. La participación del Ministerio del Ambiente, las autoridades forestales, el Sernanp y el OEFA no debería entenderse como un obstáculo burocrático, sino como una instancia necesaria para conocer los riesgos y establecer controles efectivos.
El debate sobre la Amazonía peruana tiene implicancias que exceden las fronteras de ese país. La degradación de los grandes bosques tropicales afecta la biodiversidad y el clima global, mientras que las decisiones sobre su utilización pueden determinar el futuro de comunidades enteras.
Por eso, la discusión legislativa no debería reducirse a una disputa entre producción y conservación. El desafío consiste en demostrar que el desarrollo agrario puede avanzar sin destruir los ecosistemas que lo sostienen.
Mientras el fujimorismo impulsa su proyecto y Arturo Alegría cuestiona la defensa ambiental como una “moda”, siguen pendientes las garantías técnicas que permitan evaluar sus consecuencias. La pregunta es si el Congreso peruano priorizará una regulación basada en evidencia y controles efectivos o si avanzará con cambios cuyas consecuencias para los bosques amazónicos todavía necesitan ser examinadas.
