La Política Ambiental
El Mar Argentino constituye uno de los principales patrimonios naturales y económicos del país. Sin embargo, conocer quiénes explotan sus recursos, bajo qué autorizaciones operan y qué controles reciben continúa siendo una tarea compleja.
Frente a esta situación, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV) presentaron una plataforma digital que reúne información sobre la actividad pesquera nacional y busca fortalecer la transparencia en la administración de los recursos marinos.
La herramienta, disponible en Registro de la Flota Pesquera, permite consultar información sobre embarcaciones, empresas propietarias, permisos, cuotas de captura y antecedentes administrativos.
El registro fue elaborado mediante solicitudes de acceso a la información pública, aunque las organizaciones advirtieron que parte de la documentación continúa incompleta debido a la falta de respuestas estatales.
La actividad pesquera representa un sector estratégico para la economía argentina. Durante 2025, las exportaciones alcanzaron aproximadamente 2.010 millones de dólares, de acuerdo con los datos difundidos por las organizaciones.
Pese a esa importancia económica, Argentina todavía no cuenta con una plataforma estatal integral, actualizada y de libre acceso que permita identificar fácilmente a los titulares de permisos, las cuotas otorgadas y las sanciones impuestas.
Esta falta de transparencia dificulta el seguimiento ciudadano de las decisiones administrativas sobre recursos naturales de dominio público.
La nueva plataforma pretende demostrar que buena parte de la información ya existe en organismos estatales y que su publicación depende fundamentalmente de decisiones institucionales.
De los viajes tuvieron inspector a bordo en 2025, según el informe
Cobertura de inspección en la pesca de calamar Illex
Inspectores consignados en el relevamiento
Mareas o viajes pesqueros considerados
El problema de la transparencia se suma a las deficiencias en la fiscalización estatal.
Un relevamiento denominado El mar como caja negra advirtió que la cobertura de inspectores embarcados cayó del 20% de los viajes en 2023 al 15% en 2025, nivel que se mantuvo aproximadamente durante el primer semestre de 2026.
La situación resulta especialmente preocupante en la pesca de calamar Illex, una de las actividades de mayor importancia comercial, donde la cobertura de inspecciones alcanza apenas el 9%.
La ausencia de inspectores no demuestra, por sí misma, la existencia de pesca ilegal. Sin embargo, reduce la capacidad del Estado para verificar las capturas declaradas, controlar el cumplimiento de las autorizaciones y detectar eventuales infracciones ambientales o pesqueras.
En el Congreso Nacional se encuentra presentado el proyecto de ley 2585-D-2026, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, que propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca N.º 24.922.
La iniciativa plantea que el Registro de la Pesca sea accesible desde una página oficial, gratuita y actualizada periódicamente, incorporando información sobre titularidad de embarcaciones, permisos, cuotas individuales transferibles de captura y sanciones firmes.
El proyecto fue ingresado durante 2026 y figura en el listado oficial de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados.
La discusión también involucra el cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de Escazú, instrumentos que establecen obligaciones estatales de transparencia y acceso a la información ambiental.
Mientras países como Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay cuentan con herramientas digitales de consulta sobre sus flotas pesqueras, Argentina mantiene información relevante dispersa entre distintas dependencias públicas.
Para las organizaciones impulsoras, el objetivo no consiste únicamente en ofrecer estadísticas, sino en permitir un mayor control social sobre la administración de los recursos naturales.
Una mayor publicidad de los permisos y cuotas podría facilitar la detección de irregularidades, reducir espacios de discrecionalidad administrativa y mejorar el seguimiento del aprovechamiento de las especies marinas.
La publicación de estos datos tampoco reemplaza las inspecciones, el monitoreo satelital ni las demás funciones de control que corresponden al Estado. Se trata de herramientas complementarias.
La discusión de fondo es quién controla la explotación de los recursos pesqueros argentinos y qué información tiene la sociedad para evaluar ese control.
En un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas marinos y de fuerte relevancia económica de la industria pesquera, garantizar el acceso público a la información constituye una condición fundamental para fortalecer la fiscalización, prevenir abusos y promover una explotación ambientalmente sostenible del Mar Argentino.
