La Política Ambiental
Un nuevo conflicto por la destrucción de bosques nativos enfrenta a comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas y autoridades provinciales en Santiago del Estero. En las cercanías de Quimilí, integrantes de la comunidad El Tunal, perteneciente al pueblo vilela, denunciaron el avance de maquinaria pesada sobre tierras que ocupan ancestralmente.
Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques provincial autorizó trabajos de desmonte a favor de Agropecuaria Tomay S.A., sin informar ni consultar previamente a las familias indígenas que habitan el territorio.
La organización Greenpeace advirtió que las topadoras ya habían avanzado sobre aproximadamente 200 hectáreas de monte nativo y reclamó la suspensión inmediata de las tareas.
El conflicto adquiere especial relevancia porque no se trata de tierras cuya ocupación indígena sea desconocida para el Estado.
En 2019, la comunidad El Tunal obtuvo su personería jurídica y fue incorporada al Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
Posteriormente, mediante la Resolución 95/2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dio por concluido el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160, que reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de aproximadamente 3.132 hectáreas.
Ese reconocimiento administrativo no constituye por sí mismo un título de propiedad comunitaria, pero resulta un antecedente fundamental para acreditar los derechos territoriales de las familias indígenas.
Pese a ello, según las denuncias, la autoridad forestal provincial habría autorizado la intervención sobre parte de esas tierras sin garantizar los mecanismos de participación correspondientes.
La disputa comenzó a intensificarse durante agosto, cuando integrantes de la comunidad lograron detener una topadora que había ingresado a uno de los últimos sectores de bosque nativo de la zona.
Sin embargo, semanas después las máquinas regresaron y, según el MOCASE-VC, quienes ejecutaban los trabajos invocaron una autorización de la Dirección de Bosques provincial.
Las organizaciones también denunciaron la presencia de personas armadas que habrían custodiado las tareas, circunstancia que incrementó la preocupación de las familias por su seguridad.
Ante esta situación, se realizaron presentaciones ante organismos provinciales, autoridades policiales y el INAI, solicitando la suspensión de los desmontes y la revisión de los permisos.
Hasta la publicación de las denuncias consultadas, no se habían difundido respuestas públicas de la empresa señalada ni de la autoridad forestal provincial sobre los cuestionamientos formulados.
El caso plantea interrogantes sobre la legalidad de las autorizaciones otorgadas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales vigentes.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que los proyectos de desmonte deben respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esos territorios.
También contempla mecanismos de participación pública vinculados con las autorizaciones de cambio de uso del suelo.
Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en Argentina mediante la Ley 24.071, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de medidas administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
En consecuencia, la existencia de una autorización administrativa no basta por sí sola para demostrar la legalidad del desmonte. Corresponde examinar si el procedimiento respetó las exigencias ambientales, los derechos territoriales indígenas y las instancias de consulta aplicables.
Las organizaciones reclamaron conocer el expediente administrativo, revisar las autorizaciones y verificar la existencia de los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Superficie afectada denunciada en El Tunal
Territorio indígena relevado por el INAI
Desmontadas en Santiago entre enero y septiembre de 2026
Participación provincial en los desmontes de cuatro provincias del norte durante ese período
El conflicto en El Tunal no constituye un episodio aislado. Santiago del Estero continúa siendo uno de los principales focos de deforestación del país.
De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 35.368 hectáreas en la provincia, casi la mitad de las 73.224 hectáreas detectadas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa durante el mismo período.
La expansión agropecuaria sobre los bosques del Gran Chaco provoca pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y mayores emisiones de gases de efecto invernadero. A estas consecuencias se suma el impacto social sobre comunidades indígenas y campesinas que dependen del monte para su subsistencia.
El MOCASE-VC y Greenpeace exigen que el Gobierno de Santiago del Estero suspenda los trabajos, revise las autorizaciones y garantice la protección de las familias que defienden el territorio.
El caso evidencia una contradicción que atraviesa la política ambiental argentina: mientras el Estado reconoce administrativamente la ocupación tradicional de comunidades indígenas, otras dependencias estatales pueden adoptar decisiones sobre esos mismos territorios sin que exista una adecuada coordinación institucional.
La discusión supera las 200 hectáreas denunciadas. Se trata de establecer si el avance agropecuario puede imponerse sobre territorios indígenas reconocidos sin garantizar previamente la participación y los derechos de quienes los habitan.
La respuesta de las autoridades provinciales será determinante para conocer si los procedimientos administrativos se ajustaron a la legislación vigente y qué medidas se adoptarán para proteger el bosque nativo y a la comunidad El Tunal.
