Honduras: mientras el calentamiento del océano golpea a los pescadores, avanza la exploración petrolera en el Caribe

La crisis climática está golpeando a las comunidades que dependen del mar en Honduras. En el Golfo de Fonseca, sobre la costa del Pacífico, pescadores denuncian una fuerte caída en la disponibilidad de peces y camarones, en un escenario marcado por el calentamiento del océano, la falta de lluvias y las alteraciones en las condiciones del agua.

Pero mientras quienes viven de la pesca enfrentan las consecuencias de un océano cada vez más alterado, el país avanza con otra amenaza: la posibilidad de abrir una nueva frontera petrolera en el Caribe. Frente a La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, el Gobierno renovó los permisos para continuar la exploración de hidrocarburos en un área marina que comprende ecosistemas de enorme valor ambiental y territorios de comunidades indígenas.

La iniciativa plantea interrogantes sobre sus posibles impactos, el alcance de las consultas realizadas y el futuro de una región cuya biodiversidad y economía dependen directamente del mar. Aunque todavía no existen reservas comercialmente confirmadas ni autorización para perforar pozos, las tareas de exploración ya generan preocupación.

Honduras abre una nueva frontera petrolera en el Caribe

El Gobierno hondureño renovó hasta abril de 2031 la licencia ambiental que permite continuar con las actividades de exploración de hidrocarburos frente a La Mosquitia. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 247-2026, emitida el 30 de abril de ese año.

La licencia está vinculada a High Power Petroleum Honduras, con una participación del 85%, y CaribX UK, con el 15% restante. La historia del proyecto se remonta a 2013, cuando se firmó el contrato original para explorar una superficie de 35.256 kilómetros cuadrados.

En 2017 se devolvió aproximadamente la mitad del área concesionada. Actualmente, el territorio bajo interés petrolero comprende unos 17.628 kilómetros cuadrados del Caribe hondureño.

La renovación extiende el horizonte de exploración durante otros cinco años y mantiene abierta la posibilidad de encontrar hidrocarburos en una región donde conviven arrecifes, manglares, pastos marinos y comunidades que dependen de la pesca.

Un buque explorador ya opera frente a La Mosquitia

Las tareas de exploración no son solamente una posibilidad futura. En octubre de 2026, las autoridades marítimas hondureñas confirmaron operaciones vinculadas con el buque R/V BGP Prospector y otras embarcaciones de apoyo.

El dispositivo incluye cables sísmicos de aproximadamente nueve kilómetros que permiten registrar información del subsuelo marino. Mediante esta tecnología, las empresas buscan identificar estructuras geológicas que podrían contener petróleo o gas.

La exploración sísmica utiliza ondas acústicas para obtener imágenes de las capas que se encuentran debajo del lecho marino. Es una etapa previa a una eventual perforación y no significa que se haya comprobado la existencia de yacimientos comercialmente explotables.

Sin embargo, estas operaciones requieren atención ambiental. El ruido submarino puede interferir con la comunicación, orientación y comportamiento de distintas especies marinas. La magnitud de los efectos depende de factores como la intensidad, la duración de la exposición y las características de cada especie.

Más de 17.600 kilómetros cuadrados bajo interés petrolero

La superficie involucrada permite dimensionar el alcance de la iniciativa. Los 17.628 kilómetros cuadrados que permanecen bajo interés petrolero representan una extensa porción del Caribe hondureño.

El antecedente más conocido de búsqueda de petróleo en la zona es el pozo Main Cape, perforado en 1973 por Union Oil. En aquella oportunidad se obtuvieron muestras de petróleo, pero el pozo fue sellado porque no se consideró rentable continuar con la explotación utilizando la tecnología disponible en ese momento.

Ese antecedente no demuestra que actualmente existan reservas comercialmente viables. Para llegar a esa conclusión serían necesarios nuevos estudios y, eventualmente, perforaciones exploratorias que todavía no cuentan con autorización.

La diferencia es importante: las empresas buscan determinar si existe un recurso que pueda explotarse económicamente, pero el país ya enfrenta las consecuencias ambientales y sociales de mantener abierta esa posibilidad.

Empresas y millones en juego

El proyecto tiene una historia empresarial que incluye a BG Group, compañía que obtuvo el contrato original en 2013 y que posteriormente fue adquirida por Shell en 2016.

Con el paso de los años también participaron otras firmas, entre ellas Azipetrol Honduras, que en 2020 cambió su denominación a High Power Petroleum Honduras, y CaribX. La participación empresarial y los cambios en la estructura del proyecto deben distinguirse de la titularidad administrativa de la licencia ambiental.

La inversión anunciada para las actividades de exploración alcanza los 22 millones de dólares. Ese monto refleja el interés económico que existe detrás de la búsqueda de hidrocarburos en el Caribe hondureño.

Pero la pregunta central es quién asumirá los costos si el proyecto avanza y genera impactos sobre los ecosistemas y las actividades de las comunidades costeras.

Cayos Miskitos: biodiversidad y territorios en riesgo

La zona de influencia del proyecto se encuentra cerca de los Cayos Miskitos, un espacio de gran importancia ecológica que reúne arrecifes de coral, manglares, pastos marinos y una amplia diversidad de especies.

Estos ecosistemas sostienen actividades fundamentales para las comunidades locales, entre ellas la pesca artesanal y la recolección de recursos marinos. También cumplen funciones ambientales esenciales, como servir de refugio y zona de reproducción para distintas especies.

La posibilidad de avanzar hacia una explotación petrolera implica riesgos que no pueden analizarse únicamente desde el punto de vista de la actividad industrial. Un eventual derrame, por ejemplo, podría afectar ambientes conectados entre sí y perjudicar tanto a la fauna como a las economías que dependen de esos recursos.

Hasta el momento no se ha informado de un derrame asociado con las tareas actuales de exploración. Sin embargo, los riesgos de una futura explotación deben ser evaluados antes de habilitar nuevas etapas del proyecto, y no cuando el daño ya se haya producido.

Comunidades miskitas cuestionan la exploración

La iniciativa también enfrenta cuestionamientos de organizaciones y representantes indígenas de La Mosquitia.

En declaraciones recogidas por medios hondureños, Yaneth Rivera, dirigente comunitaria de Barra Patuca, denunció que algunas personas habrían firmado documentos sin comprender que estaban relacionados con el proyecto petrolero. Según su testimonio, parte de la población creyó que recibiría paneles solares y equipos de refrigeración.

Por su parte, Robin Modesto Morales, vinculado con la organización indígena MASTA, manifestó el rechazo de sectores de las comunidades a las actividades de prospección.

Desde otros sectores se sostiene que hubo instancias de consulta durante 2013, con 13 asambleas y la participación de alrededor de 4.500 pobladores. Sin embargo, la existencia de reuniones no resuelve por sí sola las dudas sobre la representatividad de quienes participaron, la información que recibieron ni las condiciones en las que se expresaron las posiciones de las comunidades.

El conflicto no puede reducirse a una discusión entre empresas y autoridades. Se trata de territorios donde los pueblos indígenas tienen derechos reconocidos y donde cualquier decisión sobre el futuro de los bienes naturales debe contemplar su participación efectiva.

Fondos para las comunidades y una discusión pendiente

Durante la segunda prórroga del proyecto se acordó un aporte anual de 400.000 dólares para iniciativas sociales, a partir de un convenio que contemplaba un monto inicial de 200.000 dólares.

El acuerdo fue establecido con un sector de la estructura de MASTA, pero también generó cuestionamientos sobre la administración de los fondos y su distribución entre las comunidades.

La discusión sobre estos recursos expone otro problema: los aportes económicos de una empresa no reemplazan el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre las actividades que pueden afectar sus territorios.

Tampoco constituyen una garantía de que la exploración o una eventual explotación petrolera no producirán daños ambientales.

El Convenio 169 de la OIT y el derecho a decidir

Honduras es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas o proyectos susceptibles de afectar sus derechos y territorios.

El artículo 6 dispone que las consultas deben realizarse de buena fe, mediante procedimientos apropiados y a través de las instituciones representativas de los pueblos involucrados.

En noviembre de 2026, representantes del Gobierno hondureño y de comunidades indígenas y garífunas mantuvieron una reunión en la que se discutió la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental, social y cultural y garantizar la consulta previa, libre e informada antes de cualquier eventual perforación.

El compromiso abre una discusión fundamental: la consulta no puede ser un trámite para legitimar decisiones que ya fueron tomadas. Debe garantizar información suficiente, participación real y la posibilidad de que las comunidades expresen sus posiciones sin presiones.

La crisis climática y la expansión de los combustibles fósiles

El avance petrolero en el Caribe hondureño ocurre mientras las comunidades pesqueras enfrentan los efectos de un océano cada vez más cálido.

En el Golfo de Fonseca, sobre el Pacífico, comerciantes y pescadores reportaron caídas de entre el 50% y el 80% en la producción de mariscos, mientras organizaciones locales estimaron que entre 10.000 y 12.000 pescadores podrían verse afectados.

Se trata de una región distinta de La Mosquitia, ubicada en el Caribe, por lo que no corresponde atribuir directamente la situación de una costa a las actividades petroleras de la otra. Sin embargo, ambos conflictos muestran la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de los ecosistemas marinos y la presión que enfrentan sus territorios.

En ese contexto, apostar por ampliar la frontera de los combustibles fósiles resulta especialmente contradictorio. La explotación de petróleo no solo implica riesgos locales para los ecosistemas: también contribuye a sostener un modelo energético responsable de las emisiones que impulsan el calentamiento global.

La Mosquitia no puede convertirse en una zona de sacrificio en nombre de una promesa económica que todavía ni siquiera tiene reservas comercialmente confirmadas. Proteger el mar, la biodiversidad y los derechos de las comunidades debe estar por encima de los intereses de las empresas que buscan nuevos territorios para extraer hidrocarburos.