Abogados Ambientalistas y Greenpeace presentaron una medida cautelar a la Corte para frenar los desmontes en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa

Greenpeace Argentina y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) volvieron a reclamar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar los desmontes en el norte argentino. Con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de AAdeAA, Greenpeace presentó un nuevo escrito ante el máximo tribunal para exigir que se resuelva de manera prioritaria la medida cautelar que busca suspender la deforestación en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

El reclamo forma parte de la Causa Yaguareté, iniciada en 2019 para proteger el hábitat de los últimos ejemplares de esta especie que sobreviven en el Gran Chaco argentino. La medida cautelar para frenar los desmontes fue presentada en 2021, pero todavía no obtuvo una resolución. Por eso, las organizaciones volvieron a solicitar una respuesta urgente y reclamaron que se concrete la audiencia pública que la Corte anunció en 2022.

La nueva presentación, realizada el 12 de noviembre de 2026, advierte que la deforestación continúa avanzando sobre territorios fundamentales para la biodiversidad y las comunidades indígenas. Según los datos incorporados al expediente, entre enero y septiembre de este año se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en las cuatro provincias.

Una medida cautelar que lleva cinco años sin resolución

La causa comenzó en 2019, cuando Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema contra los gobiernos de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa y el Estado nacional. La organización denunció la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que, según las estimaciones científicas, sobreviven en el Gran Chaco argentino, y el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nacional de Bosques Nativos.

En 2021, Greenpeace solicitó una medida cautelar para que se suspendieran los desmontes en las cuatro provincias mientras se resuelve la cuestión de fondo. El objetivo es evitar que continúe la destrucción de los territorios que necesita la especie para alimentarse, reproducirse y desplazarse.

En 2022, la Corte anunció que convocaría a una audiencia pública sobre el caso. Al año siguiente, declaró su competencia en la causa. Sin embargo, el pedido de suspensión de los desmontes continúa sin una respuesta definitiva.

En el nuevo escrito, las organizaciones reclaman que los jueces traten la medida cautelar de manera prioritaria y concreten la audiencia pública pendiente. También solicitan que se aplique el criterio utilizado por el propio tribunal en la causa conocida como Árbol de Pie, vinculada con la Ley de Tierras, donde se reconoció el derecho a obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y se adoptó una medida interina para evitar daños irreparables.

Greenpeace sostiene que ese mismo criterio debe aplicarse en la Causa Yaguareté, donde la demora judicial puede permitir que avance una destrucción ambiental difícil o imposible de revertir. El planteo se apoya en los principios preventivo y precautorio de la Ley General del Ambiente y en las garantías de acceso a la justicia del Acuerdo de Escazú.

Más de 73 mil hectáreas desmontadas en nueve meses

La documentación presentada ante la Corte incorpora datos sobre la deforestación registrada entre enero y septiembre de 2026. En ese período se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos:

• Santiago del Estero: 35.368 hectáreas.

• Salta: 20.122 hectáreas.

• Chaco: 9.339 hectáreas.

• Formosa: 8.395 hectáreas.

El escrito también señala que gran parte de la deforestación de los últimos años coincide con áreas que los estudios científicos identifican como prioritarias para la conservación del yaguareté.

Entre los casos detallados, se menciona el desmonte de 1.800 hectáreas en una finca lindera al Parque Provincial Loro Hablador, en Chaco. En Salta, se denuncia la destrucción de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, que afecta territorios de diez comunidades indígenas wichí. En Santiago del Estero, la presentación señala otras 200 hectáreas desmontadas en una finca próxima a Quimilí, en territorio de la comunidad indígena vilela El Tunal.

Las organizaciones cuestionan, además, las modificaciones recientes de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta. Según el escrito, esos cambios no incorporaron adecuadamente los estudios científicos sobre las áreas prioritarias para el yaguareté y permitieron que la deforestación avance sobre territorios clave para su conservación.

La Ley de Bosques y los cambios que podrían facilitar nuevos desmontes

Otro de los puntos centrales del reclamo es el desfinanciamiento de la Ley Nacional de Bosques Nativos (26.331) y las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional para flexibilizar sus mecanismos de protección.

Según el documento presentado ante la Corte, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 asignaría 24.668 millones de pesos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. La ley establece que ese fondo debe recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional. De acuerdo con el cálculo incluido en el escrito, ese porcentaje equivaldría a 606.304 millones de pesos para el próximo año. La partida prevista representa apenas el 4% de ese monto.

La falta de recursos afecta las posibilidades de controlar los desmontes ilegales, prevenir y combatir incendios y sostener programas de conservación de los bosques nativos.

La presentación también advierte sobre los cambios propuestos a la Ley de Bosques. Según Greenpeace, la iniciativa dejaría prohibidos los desmontes únicamente en las áreas de Categoría I, identificadas con el color rojo, que representan en promedio cerca del 10% de la superficie de los ordenamientos territoriales de las cuatro provincias.

Además, cuestiona la posibilidad de reemplazar la autorización estatal previa para desmontar en zonas de Categoría III, de color verde, por una simple notificación del propietario. Esto eliminaría, según la organización, instancias de evaluación de impacto ambiental y audiencias públicas previas.

Las modificaciones todavía son propuestas y no deben confundirse con cambios ya aprobados. Sin embargo, Greenpeace advierte que su eventual implementación podría reducir las áreas protegidas y facilitar la transformación de bosques nativos para otras actividades productivas.

Los últimos yaguaretés del Gran Chaco

La protección del yaguareté es el eje de la causa judicial. La especie está declarada Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463 y se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina. En el Gran Chaco, los especialistas estiman que sobreviven menos de 20 ejemplares.

La fragmentación de los bosques reduce sus posibilidades de alimentarse, reproducirse y desplazarse entre distintos sectores de su hábitat. También afecta a otras especies amenazadas, como el tatú carreta y el pecarí quimilero, y a las comunidades indígenas y campesinas que dependen de esos territorios.

El reclamo de Greenpeace y AAdeAA busca que la Corte adopte medidas antes de que la destrucción de esos ambientes provoque daños irreversibles. Las organizaciones exigen que se suspendan los desmontes mientras se resuelve el amparo y que se garantice la protección de los corredores biológicos necesarios para la supervivencia de la especie.

Mientras la causa continúa pendiente, la deforestación avanza en las cuatro provincias. La Corte Suprema deberá responder ahora a un reclamo que lleva años sin resolución y que pone en discusión la protección de los bosques nativos, los derechos de las comunidades y la supervivencia de uno de los animales más amenazados del país.