La Política Ambiental
"Esto está totalmente fuera de la ley", reclamaron los vecinos. Piden garantías para su integridad física y reclaman que avance el recurso de amparo para evitar que la maquinaria destruya zonas protegidas.
"Fue de la nada, a las 3.40 de la madrugada, algunos estaban descansando y otros hacían la guardia del acampe. Los sacaron de las carpas descalzos, sin abrigos y sin dar aviso de alguna orden judicial ni nada", cuentan a este medio los vecinos que reclamaban con un acampe en el obrador instalado en Molinari contra la construcción de la Autovía de Punilla. Aún siguen a la espera que se resuelva el recurso de amparo presentado para evitar que la maquinaria avance sobre áreas protegidas y la destrucción de zona ancestral.
Los vecinos, que no se resistieron al desalojo, en medio de la noche tuvieron que refugiarse en una vivienda cercana. Todas sus pertenencias quedaron en el lugar. Tras conocerse que la orden de desalojo la emitió la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, reclaman por seguridad y garantías de su integridad física. Durante el desalojo, las mujeres en el acampe fueron agredidas por efectivos policiales varones para sacarlas del lugar.
"Siguen pasando un montón de patrulleros y cercaron el lugar, nosotros estamos abajo y no podemos pasar por el puente donde está Gendarmería. No podemos acercarnos", explicó este martes a la mañana Gisella, vecina e integrante de la Asamblea de Punilla y quien permanecía junto a un grupo de vecinos a la vera de la ruta. En ese marco, llamaron a las y los vecinos de las sierras a sumarse al reclamo.
"Las personas del acampe están muy asustadas, porque fue un desalojo violento, sin identificación de la Policía ni Infantería", indicó Gisella, quien también reclamó junto a los vecinos que la Justicia se expida sobre el recurso de amparo para detener el avance de la maquinaria sobre las zonas protegidas del lugar.
"Fue una modalidad fuera de la ley. Sin aviso previo arremetieron contra el puesto donde dormíamos nueve vecinos y vecinas, echándonos por la fuerza, con total violencia y sin permitir retirar ninguna pertenencia. Incluso algunos vehículos quedaron ahí", manifestaron los vecinos desalojados a través de un comunicado difundido en las primeras horas de este martes.
Pasadas las 10, vecinos de las sierras marchaban a pie cerca del peaje de Molinari, el camino de acceso a Characato. "Se está convocando más gente, hay policías, está Infantería, y hay un corte de media calzada", cuenta a este medio un vecino de El Balcón que se unió al reclamo para resguardar la seguridad de las personas desalojadas. "La Policía tiene una actitud intimidante, nos toman fotos, nos filman mientras reclamamos", denunció el hombre.
El viernes pasado, con el inicio del acampe, los vecinos ya habían presentado un habeas curpus preventivo para que se dieran garantías sobre la seguridad del acampe pero el mismo fue desestimado por el juez de control de Cosquín Ramiro Núñez, aduciendo que "no había peligro de nada". Sin embargo, los vecinos reportaron que ese mismo día la empresa constructora, "había hecho una denuncia por la obstrucción al obrador" y durante la madrugada, se aprovechó para activar el desalojo.
Sin diálogo y a la espera que la Justicia resuelva
"No hubo posibilidad de diálogo, esto está totalmente fuera de la ley, violatorio de las leyes nacionales, internacionales", repudiaron desde la Asamblea de Punilla y agregaron que las personas del acampe "no presentan heridas graves pero recibieron maltrato y agresividad por parte de los efectivos".
"Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle", denunciaron y agregaron que la Policía ha cercado la zona, rodeando a los vecinos refugiados en la vivienda. "Se necesita a un abogado y la presencia colectiva de todos y todas", indicaron. "Es importante no llegar solas y solos, por la amenaza policial, y lograr una concentración colectiva".
En ese marco, los vecinos de Punilla indicaron que la Justicia sigue sin resolver el Recurso de Amparo debidamente presentado y que no se aceptaron los Hábeas Corpus preventivos, "figura legal que fue creada precisamente para casos como este, para proteger a las personas que ejercen su derecho a la protesta, la ilegalidad de esta obra se manifiesta en cada uno de sus actos".
"Seguimos manifestando claramente que somos Defensores Ambientales, tal cual lo pauta el Acuerdo de Escazú", expresa el comunicado y agrega: "Es muy importante una respuesta comunitaria y popular frente a esta complicidad empresa-gobierno-poder judicial, que pisotea las leyes para arrasar con el territorio, para construir una autopista pensada para el saqueo de recursos y para más negocios inmobiliarios".
