República Dominicana implemente un "Impuesto al Sol": polémica por el nuevo cargo a la energía solar domiciliaria

La transición hacia energías limpias volvió a quedar en el centro del debate regional. En República Dominicana, un nuevo reglamento sobre generación distribuida aprobado por la Superintendencia de Electricidad encendió alarmas entre organizaciones ambientales y colectivos ciudadanos, que denuncian la imposición de un cargo del 25 % sobre la electricidad solar que los hogares inyectan a la red. Para sus críticos, se trata de un “impuesto al sol” que choca de frente con los objetivos climáticos y con la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La norma comenzará a regir tras un período de adecuación administrativa y mantiene las condiciones actuales para quienes ya tenían acuerdos firmados. Sin embargo, introduce un punto altamente controversial para los nuevos usuarios de paneles solares: cobrar por la energía limpia que producen y entregan al sistema eléctrico. Organizaciones como RD100 % Renovable advierten que esta decisión envía un mensaje contradictorio: en lugar de premiar a quienes invierten en tecnología renovable y ayudan a descarbonizar la matriz energética, el Estado termina aplicando un cargo que reduce la rentabilidad de esa apuesta.

Desde estos espacios subrayan que la generación distribuida cumple una función clave en la lucha contra el cambio climático, al disminuir la demanda de centrales térmicas y reducir emisiones. Penalizar esa contribución, sostienen, va a contramano de los compromisos internacionales asumidos por el país y del discurso oficial sobre transición energética justa.

El regulador defiende la medida como un pago por el uso de la red y no como un impuesto. Argumenta que los usuarios solares continúan dependiendo del sistema eléctrico cuando no hay generación y que es necesario cubrir los costos de mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, los críticos remarcan que ese razonamiento no resuelve la contradicción de fondo: si el objetivo es acelerar el despliegue de energías limpias, las políticas públicas deberían incentivar la producción descentralizada, no gravarla.

La polémica reabre un debate que atraviesa a toda América Latina: cómo financiar los sistemas eléctricos sin frenar la adopción de renovables. Para activistas ambientales y especialistas en energía, el camino debería apuntar a esquemas que recompensen la generación limpia, promuevan la inversión ciudadana y reconozcan el aporte ambiental y social de quienes producen electricidad desde sus propios techos.

En un escenario de crisis climática global, advierten, las señales regulatorias importan. Mucho. Y cobrar por la energía solar domiciliaria corre el riesgo de transformarse en una barrera más para una transición energética que debería ser urgente, inclusiva y acelerada.