Una nueva iniciativa mundial busca intensificar la lucha contra los delitos ambientales

Una nueva iniciativa mundial para combatir los delitos contra el medioambiente se ha puesto en marcha. La recién lanzada Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza buscará ponerle fin a las redes delictivas ambientales, cuyas actividades ilícitas generan hasta 280.000 millones de dólares al año, según informó el proyecto.

La alianza ―dirigida por los gobiernos de Noruega, Estados Unidos y Gabón― reunirá a Estados, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la explotación ilegal de los recursos naturales y la fauna y flora silvestres.

Según expertos, los delitos contra el medioambiente son cuarta actividad delictiva actividad delictiva más lucrativa del mundo, por detrás del tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación, con la deforestación ilegal, la conversión de tierras, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres, entre las formas más frecuentes.

La alianza fue anunciada el miércoles en una reunión del Fondo Mundial para el Medioambiente ―el mayor fondo multilateral del mundo para la acción ambiental― y pretende aumentar la voluntad política, incrementar los compromisos financieros e impulsar la capacidad internacional para combatir los delitos contra el ambiente.

“Los delitos contra la naturaleza amenazan nuestra seguridad colectiva. Socavan el Estado de derecho, alimentan la corrupción, destruyen ecosistemas y llevan a las especies al borde de la extinción, mientras proporcionan miles de millones de dólares a los grupos delictivos transnacionales”, declaró Jennifer Littlejohn, subsecretaria de la Oficina de Océanos y Medioambiente de Estados Unidos, en la presentación de la alianza en Vancouver, Canadá.

Aunque en los últimos años han surgido muchas organizaciones públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad civil para luchar contra los delitos contra el medioambiente, estos esfuerzos han estado normalmente fragmentados, algo que la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza pretende solucionar proporcionando un foro de colaboración y coordinación.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) e Interpol también se han sumado a la iniciativa, junto con organizaciones de la sociedad civil como TRAFFIC, el Instituto de Recursos Mundiales y la organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI). En total hay 22 miembros y se espera que se unan más socios, ya que la alianza empezará a funcionar oficialmente en los próximos meses.

Yulia Stange, directora de la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza, declaró que los miembros trabajarán en áreas clave en las que su enfoque colaborativo y multisectorial puede tener un gran impacto. Entre ellos figuran proyectos para identificar y desbaratar los flujos financieros vinculados a los delitos contra el medioambiente, iniciativas para acelerar el uso de la tecnología y trabajos para reforzar la capacidad de los defensores ambientales.

“Los delincuentes ven en los delitos contra el medioambiente una oportunidad de obtener grandes beneficios y un bajo riesgo. La opinión pública lo considera un delito sin víctimas, cuando en realidad tiene un gran impacto en las personas”, declaró Stange en la presentación de la iniciativa. “La alianza quiere mover la aguja en materia de delitos contra el medioambiente. Queremos convertirlos en una actividad de alto riesgo y baja recompensa para los delincuentes de todo el mundo”.

Delitos contra el medioambiente
Expertos han afirmado que la prevalencia de los delitos contra el ambiente constituye un obstáculo importante para avanzar en la lucha contra el cambio climático, hacer frente a la pérdida de biodiversidad, reducir futuras pandemias y lograr un desarrollo sostenible. La escala de los delitos es inmensa y sus autores suelen estar vinculados a delitos financieros, así como a violaciones de los derechos humanos y laborales. La Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza informa que los crímenes contra el medioambiente generan cada año entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ingresos delictivos, y pueden tener repercusiones indirectas de hasta 2 billones de dólares anuales.

Las operaciones mineras ilícitas destruyen bosques y contaminan ríos en toda la cuenca del Amazonas y otros ecosistemas forestales vitales. Las actividades pesqueras ilegales interrumpen cadenas alimentarias cruciales que sirven tanto a las poblaciones humanas como a la vida marina. El tráfico de vida silvestre también amenaza la supervivencia de numerosas especies emblemáticas, como tigres, jaguares, elefantes y rinocerontes.

La abundancia de flora, fauna y recursos minerales en América Latina hace que la región sea especialmente vulnerable a los delitos contra el medioambiente. Informes han revelado que muchos grupos delictivos organizados que históricamente se dedicaban al tráfico ilegal de drogas ahora se han centrado en los delitos contra el ambiente, aprovechando los bajos riesgos, los altos beneficios y la corrupción general.

Al albergar casi una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo, América Latina es un punto caliente en el comercio ilegal de madera, cuyo valor global se estima en hasta 150.000 millones de dólares anuales.

Por ejemplo, el año pasado, una operación en 12 países dirigida por Interpol condujo a la recuperación de más de 80 camiones cargados de madera ilegal procedente de bosques de América Latina y el Caribe, valorados en más de 700.000 dólares estadounidenses. Durante la operación de Interpol se denunciaron casi 300 incidentes y se detuvo a 69 personas.

América Latina es también la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente, con frecuencia en el punto de mira de los delincuentes medioambientales. Desde 2012, más de 1.700 activistas han sido asesinados en todo el mundo, y casi el 70% de los casos se han producido en América Latina. Brasil ha registrado el mayor número de asesinatos, que han afectado especialmente a indígenas o afrodescendientes, seguido de Colombia.

La selva amazónica se ha convertido en punto caliente de delitos medioambientales y la violencia contra los defensores del ambiente, en parte por su abundancia de recursos naturales.

A principios de este mes ocho países amazónicos se reunieron en la ciudad brasileña de Belém, y firmaron una declaración en la que se comprometían a reforzar la cooperación contra los delitos medioambientales. La declaración incluía la creación de una fuerza conjunta de policía ambiental con sede en Manaos, en el estado brasileño de Amazonas.

Aunque ningún gobierno latinoamericano se ha unido aún a la nueva alianza contra los delitos ambientales, fuentes de la Asamblea del GEF dijeron a Diálogo Chino que algunos habían expresado interés en formar parte.

Si bien la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza es un paso en la dirección correcta, ahora tendrá que abordar los numerosos obstáculos transversales que se han identificado previamente. Entre ellos se encuentran las élites políticas y económicas que protegen a los beneficiarios de los delitos, el alcance transnacional de las actividades y la naturaleza globalizada y compleja de las cadenas de suministro de recursos naturales, entre otros.

“Los grupos de delincuencia organizada están profanando frágiles ecosistemas mediante el tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, el tráfico de residuos y otras actividades ilícitas”, declaró Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la UNODC, en la presentación de la alianza. “Es hora de actuar a escala mundial para ponerles fin a la explotación criminal y la degradación de la naturaleza con fines lucrativos”.

Por el momento no se han anunciado compromisos financieros firmes para luchar contra los delitos contra el medioambiente a través de la nueva alianza, aunque se espera que en los próximos meses se aclaren los detalles sobre sus funciones y capacidades.

Este artículo fue realizado con el apoyo de la red Earth Journalism Network de Internews.

Fuente: Dialogo Chino