Tras las quejas de las provincias, se modificarán los artículos de la ley Ómnibus sobre la actividad pesquera

El Gobierno hizo hoy la primera concesión de la ley Ómnibus, a partir del reclamo de cinco gobernadores patagónicos y un intendente bonaerense de Pro y el PJ, que habían puesto el grito en el cielo por los artículos que buscaban liberar la actividad pesquera en el Mar Argentino.

Ignacio Torres y Guillermo Montenegro, gobernador y el intendente de los distritos portuarios de Chubut y General Pueyrredón, llevaron sus preocupaciones -y las de los empresarios del sector- al despacho del ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, que se comprometió a introducir una serie de aclaraciones sobre los puntos que los inquietaban, vinculados a la descarga en puertos argentinos y la generación de empleo local; el mantenimiento de la Zona Exclusiva; y la competencia por los cupos de pesca con empresas extranjeras. Además, el funcionario se comprometió a crear una mesa nacional para debatir a fondo estos y otros temas.

Francos, referente del ala dialoguista del Gobierno, recibió esta tarde en el Salón de los Escudos contiguo a su despacho al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Francos, que le llevaron los fuertes reparos de las cámaras empresariales y de los jefes provinciales de Neuquén, Rodolfo Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilnek, Santa Cruz, Claudio Vidal, y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

En el Gobierno ya habían tomado nota y conversado en privado con varios de ellos sobre los reclamos, por lo que la reunión sólo se extendió por unos cuarenta minutos. El ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, autor del proyecto, estaba al tanto de los pedidos, y había decidido a acceder a eventuales modificaciones “aclaratorias”, a través del debate en el Congreso, como había adelantado esta mañana el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini.

Torres, en tanto representante coyuntural de los otros gobernadores, se reunió esta mañana con los empresarios pesqueros esta mañana en la Casa de Chubut, para definir los cambios sobre el Régimen Federal de Pesca que querían frenar. Primero, la eliminación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos (reglamentada en el Artículo 25°), con el fundamento de que acotaría la generación de empleo en suelo argentino. Segundo, el reemplazo del actual sistema de asignación de cupos de captura por uno de licitaciones con menos exigencias, que complicaría las posibilidades de competir de las compañías nacionales. Y tercero, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina (actualmente se establece que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia).

Francos se comprometió a revisar los artículos que alarmaron a las cámaras pesqueras, aunque aclararon que el fondo de la ley no se cambiará. Según el funcionario, hubo una interpretación errónea de parte de los gobernadores de las reformas planteadas por el proyecto, que comenzará a ser debatido la próxima semana en el Congreso. “El espíritu es muy claro y se había creado una confusión sobre el sentido de las 200 millas, que son para la pesca nacional”, deslizó Francos durante una mini conferencia de prensa junto a Torres y Montenegro en el Patio de Palmeras.

No dio detalles en profundidad sobre las aclaraciones para volver al anterior régimen que se implementarán. Pero sí dijo que accedió a incluir detalles en los artículos de la ley Ómnibus que habían generado preocupación en el sector pesquero y en las provincias patagónicas.

La redacción del artículo 245 de la ley implicaba, de acuerdo a la lectura de los pesqueros, el fin de la Zona Económica Exclusiva. “Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, planteaba.

El inciso en cuestión modificaba de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la ZEEA (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente. El intendente Montenegro hoy habló con Infobae y alertó sobre las consecuencias que ya se sienten por la iniciativa nacional, particularmente en la industria naval. “Hoy nadie te va a fabricar un barco, se frenó eso. Y en la pesca, si se aprueba, los efectos serán inmediatos”, dijo.

Cinco gobernadores de diverso origen partidario, unidos por su origen -todos del sur argentino- se expresaron esta semana en contra de las modificaciones que plantea la “Ley Ómnibus” en materia pesquera. Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidieron en tres ejes principales que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

“Ayer hablamos con (Federico) Sturzenegger y dijo que es posible que haya que revisar lo de la pesca, y que si hay algo que modificar, el Congreso lo tratará”, sostuvo esta mañana el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, que acaba de asumir el cargo tras la salida de Belén Stettler, en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Se refería al asesor de Milei en temas económicos y ex presidente del Banco Central durante el macrismo, que tuvo un rol central en la redacción del proyecto.

Fue la segunda manifestación en esa línea que se había producido de parte del gobierno de Milei debido a las múltiples críticas que surgieron sobre en torno a esa medida. Es que también el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó que había predisposición a discutir y aceptar reformas que eviten daños a una industria clave para la costa atlántica argentina.