La Justicia de Entre Ríos Revoca la Prohibición del Glifosato: Un Golpe a la Salud Pública y la Autonomía Municipal

En una reciente decisión que ha generado controversia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay declaró parcialmente inconstitucional la Ordenanza Nº 12.216/18 de Gualeguaychú, que prohibía el uso, acopio y comercialización de glifosato en la localidad. Este fallo, impulsado por entidades rurales y productores agropecuarios, no solo deja en evidencia la falta de compromiso de la justicia entrerriana con la salud pública, sino que también plantea interrogantes sobre la autonomía municipal y la protección del medio ambiente.

La normativa, sancionada en abril de 2018, se aprobó con el fin de salvaguardar las fuentes de agua y el suelo de la ciudad, ante la creciente preocupación por los efectos nocivos del glifosato, un herbicida ampliamente utilizado en la agricultura. Sin embargo, los jueces Mariano Alberto López, Federico José Lacava y María Fernanda Erramuspe argumentaron que el municipio no presentó pruebas contundentes sobre el impacto del pesticida en la salud y el ambiente, un argumento que desmerece las evidencias científicas disponibles y contradice la experiencia de otras jurisdicciones en Argentina.

Un Precedente Peligroso para la Salud

En provincias como Córdoba y Santa Fe, la lucha contra el uso de agroquímicos ha llevado a la implementación de regulaciones más estrictas. Por ejemplo, la ciudad de Monte Maíz en Córdoba ha optado por medidas que limitan la aplicación de agroquímicos cerca de áreas urbanas, en respuesta a estudios que evidencian un aumento en enfermedades como cáncer y malformaciones congénitas. La reciente decisión de la justicia entrerriana parece ignorar estos ejemplos, abriendo la puerta a un uso indiscriminado del glifosato en Gualeguaychú.

La sentencia de la Cámara se basa en la premisa de que la regulación provincial es suficiente, pero esta postura subestima los riesgos que enfrenta la población local. La falta de estudios concretos sobre la nocividad del glifosato y su impacto en la salud de los ciudadanos no es un argumento que deba ser tomado a la ligera. En Gualeguaychú, la comunidad ha manifestado su preocupación por la salud pública, y la decisión de la justicia pone en riesgo el bienestar de sus habitantes.

Fallo:

La Cuestión de la Autonomía Municipal

El dictamen de la Cámara también desafía la autonomía del municipio para legislar en materia ambiental. En un contexto donde las comunidades buscan tomar decisiones informadas y proactivas sobre su salud y su entorno, este fallo parece deslegitimar los esfuerzos locales en favor de una política más responsable. En palabras del exintendente Martín Piaggio, “los gobiernos locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes, pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental”.

Un Futuro Incierto

La decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Entre Ríos no solo revive el uso del glifosato en Gualeguaychú, sino que también envía un mensaje preocupante a otras provincias que buscan implementar regulaciones más severas en el uso de agroquímicos. La falta de pruebas sobre la seguridad del glifosato y el debilitamiento de la capacidad de los municipios para proteger a sus ciudadanos plantea un futuro incierto para la salud pública en Argentina.

En un momento en que la comunidad global se preocupa por los efectos del cambio climático y la contaminación, el fallo de la justicia entrerriana puede considerarse un retroceso significativo en la lucha por un entorno más seguro y saludable. La justicia tiene la responsabilidad de priorizar la salud y el bienestar de la población por encima de intereses económicos, y el pueblo de Gualeguaychú merece una defensa robusta de su derecho a vivir en un ambiente saludable.