Buenos Aires: la Justicia puso bajo la lupa las fumigaciones y suspendió ordenanzas en Tandil y Rauch

Una decisión de alto impacto abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso de agroquímicos en el centro de la provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera cautelar partes clave de las ordenanzas que habilitan fumigaciones en los partidos de Tandil y Rauch, en respuesta a un reclamo ambiental que pone en tensión producción, salud y regulación estatal.

Medida cautelar: freno a las fumigaciones

En los primeros días de enero de 2026, el máximo tribunal provincial dictó una medida cautelar que suspende provisoriamente artículos centrales de las ordenanzas municipales que regulan la aplicación de agroquímicos a determinadas distancias de viviendas, escuelas y cursos de agua en Tandil y Rauch.

La Corte sostuvo que, en el estado actual del expediente, “se carece de información relevante para analizar acabadamente el andamiaje del planteo” y que, por ello, corresponde detener las fumigaciones bajo las condiciones actualmente permitidas hasta contar con mayores antecedentes técnicos, ambientales y administrativos.

El reclamo vecinal y la cuenca del Chapaleofú

La acción fue promovida por vecinos nucleados en la ONG Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú, quienes impulsaron una demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas 17.404/21 de Tandil y 850/12 de Rauch. Los vecinos argumentan que las distancias habilitadas para pulverizaciones son insuficientes para proteger zonas sensibles, incluidas fuentes de agua, escuelas y áreas urbanas.

El fallo se apoyó, además, en un dictamen del procurador general bonaerense Julio Conte Grand, que consideró atendible el reclamo vecinal y recomendó la suspensión de las normas locales.

Qué ordenan los municipios y qué se revisa

Las ordenanzas cuestionadas regulaban distancias mínimas para las fumigaciones. En Tandil, por ejemplo, se establecieron zonas de exclusión y amortiguamiento con distancias que varían según el tipo de aplicación y el uso del suelo, incluyendo mayores restricciones para establecimientos rurales. En Rauch, la normativa también contempla parámetros específicos para aplicaciones cerca de cursos de agua y áreas sensibles.

La Corte intimó a los intendentes Miguel Ángel Lunghi (Tandil) y Maximiliano Suescún (Rauch) a presentar, en un plazo de diez días, todos los antecedentes técnicos, estudios de impacto ambiental y fundamentos administrativos que dieron sustento a las ordenanzas impugnadas, antes de definir sobre el fondo de la cuestión.

Productores alertas y tensiones comunitarias

La decisión judicial generó reacciones diversas. Desde el sector agropecuario local advierten que un aumento significativo de distancias de exclusión podría dejar fuera de las áreas productivas a una porción importante de tierras. Según referentes rurales, esta hipotética modificación podría afectar alrededor del 20 % de las hectáreas cultivables en Tandil y comprometer actividades agrícolas y tamberas.

Por otro lado, organizaciones ambientales sostienen que la medida es un primer paso para fortalecer marcos normativos que prioricen salud pública y protección ambiental ante la evidencia científica sobre los riesgos que representan ciertas aplicaciones de agroquímicos cerca de fuentes de agua y zonas urbanas.

Debate abierto en ausencia de normativa provincial única

La suspensión de las ordenanzas pone de relieve un vacío regulatorio más amplio en la provincia de Buenos Aires. Actualmente no existe una ley provincial que unifique criterios mínimos obligatorios para todas las jurisdicciones en materia de uso de agroquímicos, delegando la regulación a los municipios. Esto genera marcos dispares y conflictos entre distintos intereses productivos, sanitarios y ambientales.

Mientras la Corte analiza los antecedentes y se espera el aporte de estudios técnico-ambientales, la cautelar permanece vigente y mantiene en pausa las fumigaciones con los parámetros que regían en Tandil y Rauch. La resolución definitiva del caso podría marcar un hito en la regulación de fitosanitarios en la provincia y sentar precedentes para futuros conflictos similares.