Fuego, ajuste y abandono: las responsabilidades de Milei y Nacho Torres en los incendios patagónicos

La Patagonia vuelve a arder. No es una metáfora ni un recurso retórico: es una realidad que se repite con crudeza cada verano y que, lejos de encontrar respuestas estructurales, se profundiza. Los incendios forestales que afectan a Chubut y a la Comarca Andina exponen una combinación crítica de condiciones climáticas extremas, acciones humanas —algunas de ellas intencionales— y una cadena de decisiones políticas que dejaron a comunidades enteras y a ecosistemas estratégicos sin las herramientas necesarias para prevenir y enfrentar el fuego.

Dos niveles del Estado bajo la lupa

En este escenario, dos niveles del Estado quedan bajo la lupa: el gobierno provincial de Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, y el gobierno nacional presidido por Javier Milei. Las responsabilidades no son idénticas, pero sí complementarias. El resultado es el mismo: bosques nativos devastados, viviendas destruidas, evacuaciones forzadas y una sensación extendida de abandono institucional.

Gobierno de Chubut: fondos disponibles, prevención ausente

En Chubut, la discusión ya no pasa únicamente por la emergencia, sino por lo que no se hizo antes de que las llamas avanzaran. En los últimos días se confirmó que más de 600 mil dólares destinados específicamente a programas de prevención de incendios forestales permanecieron bloqueados por decisión del Ejecutivo provincial, pese a haber sido asignados con ese fin desde el año pasado.

Esos fondos estaban orientados a medidas clave y de eficacia comprobada: manejo del combustible forestal, apertura y mantenimiento de cortafuegos, fortalecimiento de brigadas locales, infraestructura hídrica para el ataque inicial del fuego y planificación territorial en zonas de alto riesgo. Ninguna de estas acciones se ejecutó a tiempo.

La gravedad de esta omisión se potencia por el contexto. La Patagonia atraviesa una crisis climática sostenida, con sequías prolongadas, olas de calor más intensas y temporadas secas cada vez más extensas. En este escenario, la prevención deja de ser una política optativa para convertirse en una obligación básica del Estado. No ejecutar fondos disponibles en un territorio históricamente vulnerable al fuego implica una responsabilidad política directa.

Estado nacional: ajuste fiscal y retirada operativa

Mientras la provincia falló en la prevención, el Estado nacional quedó expuesto por su ausencia durante la emergencia. Bomberos voluntarios de El Hoyo denunciaron públicamente que el gobierno nacional no envió la asistencia necesaria para combatir incendios que avanzaban sobre zonas pobladas y productivas. La ayuda, cuando existió, llegó tarde y de manera insuficiente.

Desde la asunción de Javier Milei, la política ambiental y la gestión del riesgo quedaron subordinadas a una lógica de ajuste fiscal extremo. En los hechos, esto se tradujo en recortes presupuestarios, subejecución de partidas y debilitamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, un organismo clave para coordinar recursos aéreos, brigadistas especializados y logística en emergencias de gran escala.

Si bien la competencia primaria en materia de incendios es provincial, el Estado nacional tiene responsabilidades indelegables cuando los eventos superan la capacidad local, como ocurre actualmente en la Patagonia. Aviones hidrantes, helicópteros y brigadas especializadas no pueden depender de colectas vecinales ni del esfuerzo al límite de bomberos voluntarios. La emergencia ambiental requiere un Estado presente, coordinado y con recursos. Hoy, esa presencia es débil o directamente inexistente.

Pinos invasores: el combustible silencioso del fuego

A este escenario se suma un factor ambiental estructural que agrava la situación y suele quedar fuera del debate público: la expansión de especies exóticas invasoras, particularmente los pinos. Plantaciones de Pinus ponderosa y Pinus radiata, introducidas décadas atrás con fines productivos, se expandieron sin control en amplias zonas de la cordillera patagónica. Estas especies no forman parte del ecosistema nativo y generan condiciones ideales para la rápida propagación del fuego.

Los pinos acumulan grandes volúmenes de biomasa altamente inflamable, producen resinas combustibles y generan continuidad vertical y horizontal del combustible, lo que incrementa la intensidad de los incendios. Sus conos pueden dispersar brasas y semillas a distancia, facilitando nuevos focos y acelerando el avance de las llamas. Tras el incendio, estos pinos suelen regenerarse con mayor facilidad que las especies nativas, consolidando un círculo vicioso donde el fuego favorece su expansión y la invasión incrementa el riesgo de nuevos incendios.

Bosques nativos en peligro: lo que se está perdiendo

Este proceso pone en riesgo directo a los bosques autóctonos añejos de la Patagonia, verdaderos reservorios de biodiversidad y reguladores climáticos. Entre las especies más afectadas se encuentran la lenga y el ñire, fundamentales para los bosques andino-patagónicos; el coihue, clave para la estructura y estabilidad de estos ecosistemas; y la araucaria o pehuén, especie emblemática y en peligro de extinción.

También se ven amenazados el ciprés de las Guaitecas, el raulí y el roble pellín, árboles de crecimiento lento cuya pérdida es prácticamente irreversible a escala humana. La destrucción de estos bosques no implica solo la pérdida de árboles: se pierden servicios ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica, la captura de carbono, la protección del suelo y el hábitat de fauna nativa.

Incendios intencionales: cuando el fuego es delito

Como si este escenario no fuera suficiente, la Justicia confirmó que al menos uno de los incendios recientes en la región fue provocado de manera intencional. La detección de múltiples focos de inicio y el uso de acelerantes revelan la existencia de delitos ambientales graves, que ponen en riesgo vidas humanas y destruyen patrimonio natural protegido.

La intencionalidad del fuego expone otra dimensión del problema: territorios con escasa presencia estatal quedan liberados a conflictos de tierras, especulación inmobiliaria y otros intereses que se benefician del daño ambiental. La ausencia de control y planificación crea las condiciones para que estos hechos se repitan.

Decisiones políticas, consecuencias reales

La Patagonia en llamas no es un accidente inevitable ni una fatalidad natural. Es el resultado de decisiones políticas concretas: fondos de prevención que no se ejecutan, organismos nacionales debilitados, emergencias subestimadas y un modelo de ajuste que no distingue entre gasto superfluo y protección ambiental.

El gobernador Torres deberá explicar por qué la prevención no fue una prioridad cuando los recursos estaban disponibles. El presidente Milei deberá asumir que el retiro del Estado también tiene costos ambientales, sociales y humanos. Mientras tanto, el fuego sigue avanzando y cada día de demora se traduce en más hectáreas quemadas, más pérdidas y un futuro cada vez más frágil para la Patagonia y para el conjunto del país.