

En un país donde la pobreza afecta a una gran porción de la población, el Gobierno nacional acaba de tomar una decisión que amenaza con aumentar aún más la desigualdad. La reciente resolución de la Secretaría de Energía que desregula el precio de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un claro ejemplo de cómo las políticas de ajuste, bajo el pretexto de "eficiencia" y "competitividad", terminan repercutiendo de manera directa en los sectores más vulnerables.
Hasta ahora, las garrafas eran una de las pocas fuentes de energía accesibles para aquellos hogares que no tienen acceso al gas por red. En barrios populares de todo el país, sobre todo en provincias del norte como Salta, miles de familias dependen de las garrafas para cocinar y calefaccionar sus viviendas. Pero esta medida, que permitirá que los precios se determinen según la ley de la oferta y la demanda, ya está haciendo que los precios se disparen, y los más afectados son, una vez más, los más pobres.
Precios por las Nubes: La Garrafa a 20.000 o Más
El impacto de la desregulación es inmediato. En apenas unos meses, los precios de las garrafas podrían aumentar un 60%. Si en diciembre de 2023 una garrafa de 10 kilogramos en Salta costaba 6.000 pesos, en enero de 2025 ya había subido a 13.000 pesos. Pero lo peor está por venir: se estima que, con la desregulación en marcha, en marzo podríamos estar pagando hasta 20.000 pesos por garrafa, con algunos comercios llegando a imponer márgenes de ganancia de hasta un 80%, lo que podría elevar los precios a más de 36.000 pesos.
Este incremento es un golpe letal para quienes no tienen otra opción más que comprar en los puntos de venta cercanos a sus hogares, donde los comerciantes abusan de la situación. La desregulación de los precios no garantiza "competencia", sino que deja a las familias más vulnerables a la especulación y a la falta de control.
El Pretexto de la Competitividad
El gobierno argumenta que la medida busca hacer más "competitivo, eficiente y sostenible" el mercado de las garrafas. Sin embargo, lo que se está viendo en la práctica es una mayor concentración del poder de fijación de precios en manos de unos pocos actores comerciales. La eliminación de los precios máximos y la libertad de los fraccionadores para fijar los precios según la oferta y la demanda no garantiza un mercado más justo; al contrario, expone a los sectores vulnerables a los vaivenes del mercado, donde el factor principal es la capacidad de pago, no la necesidad básica.
Además, el gobierno ha afirmado que se mantendrán precios de referencia, pero estos no serán vinculantes. Esto significa que, en la práctica, los precios pueden dispararse sin ningún tipo de control, dejando a miles de familias sin una opción viable para acceder al gas que necesitan.
¿Qué Pasa con los Programas Sociales?
El gobierno también menciona la continuación del Programa Hogares con Garrafas, que ofrece subsidios a los hogares más necesitados para garantizarles el acceso a las garrafas a precios diferenciales. Sin embargo, en un escenario de precios desregulados, incluso los subsidios pueden quedar desfasados. Si los precios se disparan, el subsidio no será suficiente para cubrir la brecha, y los más vulnerables seguirán siendo los más afectados.
En provincias como Salta, donde más del 60% de los hogares no tienen acceso a gas natural, esta medida puede tener consecuencias devastadoras. Las familias que dependen de las garrafas no sólo enfrentarán el aumento de los precios, sino que también se verán obligadas a recurrir a los precios abusivos que ya se registran en algunos comercios de cercanía, que no dudan en aprovechar la situación de escasez.
La Desregulación Como un Nuevo Desafío para los Argentinos
Más allá de las promesas de "eficiencia", lo que queda claro es que esta medida no tiene en cuenta las realidades sociales de millones de argentinos. El gobierno nacional ha decidido desregular un mercado esencial, permitiendo que los intereses de los grandes actores comerciales se impongan sobre los derechos de las familias más necesitadas. Y mientras los precios siguen subiendo, son las personas que menos tienen las que seguirán pagando el costo.
En un país donde el acceso a los recursos básicos como la energía ya es una lucha constante, este tipo de medidas sólo agravan la situación de aquellos que ya se encuentran al borde de la precariedad. Los sectores más vulnerables no necesitan discursos de competitividad ni promesas de "mercados eficientes", necesitan políticas públicas que garanticen el acceso a la energía a precios justos, sin dejar que los intereses de los pocos perjudiquen a los muchos.
Es hora de que el gobierno entienda que la verdadera eficiencia no pasa por desregular mercados clave como el de las garrafas, sino por garantizar que todos los argentinos, sin importar su situación económica, puedan acceder a lo que necesitan para vivir dignamente. La desregulación de las garrafas es un paso en la dirección equivocada.


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