Buenos Aires: Avanza Proyecto de Ley para Prohibir Fumigaciones Cerca de Escuelas Rurales

En un contexto donde el uso de productos fitosanitarios en la agricultura ha generado una creciente preocupación por sus efectos en la salud humana y el ambiente, la diputada provincial Sabrina Sabat ha presentado un proyecto de ley que busca proteger a las comunidades educativas rurales de la provincia de Buenos Aires. La propuesta, que pretende prohibir la fumigación de estos productos en terrenos lindantes a las escuelas rurales, busca garantizar un entorno más seguro para estudiantes, docentes y no docentes.

Sabat, quien preside la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, explicó que la iniciativa responde a la necesidad urgente de establecer medidas claras que protejan la salud de las comunidades educativas. “La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, señaló la legisladora del bloque Unión Renovación y Fe.

Una Realidad Preocupante
El proyecto llega en un momento crítico, donde muchas escuelas rurales de la provincia conviven día a día con la aplicación de fitosanitarios a escasa distancia de sus aulas. En muchas localidades, las prácticas agrícolas, que incluyen el uso de agroquímicos, se realizan sin restricciones claras respecto a la proximidad con centros educativos. Esta situación ha generado un debate creciente sobre los efectos de los fitosanitarios en la salud de las personas y el impacto ambiental que conlleva su uso indiscriminado.

“En la legislación local, en algunos casos, la normativa es ambigua y carece de la claridad necesaria. Es por eso que necesitamos una legislación provincial que unifique criterios y garantice la seguridad de nuestros niños y docentes”, afirmó Sabat. La diputada también destacó que el proyecto de ley busca priorizar la salud y el bienestar de las comunidades rurales por encima de los intereses económicos, a la vez que exige una agricultura más responsable.

Pautas Claras y Responsabilidad en la Aplicación
El proyecto establece una serie de medidas concretas para evitar que las fumigaciones cerca de las escuelas pongan en riesgo la salud de las personas. Una de las disposiciones clave es la obligación de contar con un asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora durante las fumigaciones, lo que garantizaría la correcta implementación de las medidas de seguridad. Además, se exige que los propietarios o arrendatarios de los terrenos agropecuarios notifiquen a las escuelas y las autoridades locales con al menos 48 horas de anticipación antes de realizar cualquier aplicación de agroquímicos.

La propuesta también incluye sanciones para quienes no cumplan con las normativas establecidas, buscando garantizar que la ley se cumpla de manera efectiva. “La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y a un ambiente sano, y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores involucrados”, sostuvo la diputada.

Un Proyecto en el Marco de un Debate Amplio
El proyecto de Sabat se inserta en un debate más amplio sobre el uso de agroquímicos en la provincia. La preocupación por los efectos de los productos fitosanitarios ha aumentado considerablemente, especialmente en las comunidades cercanas a áreas agrícolas. En este sentido, la diputada hizo un llamado a la responsabilidad del sector productivo, asegurando que no se trata de un ataque al sector agrícola, sino de un esfuerzo por promover prácticas más responsables que respeten la vida humana y el ambiente.

Este proyecto de ley se presenta como una respuesta a la creciente demanda de una regulación más estricta sobre el uso de agroquímicos. La problemática fue reavivada en enero de este año cuando el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia prorrogó la Resolución 246, que busca regular el uso de agroquímicos, pero que, hasta el momento, nunca entró en vigencia. La decisión de prorrogar la normativa se debió, según el ministerio, a la necesidad de seguir trabajando en la adecuación de las herramientas propuestas, como la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de restricciones territoriales.

Un Llamado a la Acción
Sabat expresó la urgencia de avanzar con una legislación provincial que establezca un marco claro y firme para la protección de las comunidades rurales y educativas. “No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables que resguarden la salud y el bienestar de las personas. Todos debemos ser conscientes de la importancia de tener un entorno saludable para el desarrollo educativo de nuestros niños y para la preservación del medio ambiente”, concluyó la diputada.

Con este proyecto, la provincia de Buenos Aires podría dar un paso importante hacia la construcción de un modelo de agricultura más sostenible, que respete los derechos de las comunidades educativas y minimice los riesgos para la salud y el ambiente. La propuesta está en línea con la necesidad de armonizar el desarrollo agrícola con la protección de la salud humana y el equilibrio ecológico, elementos fundamentales para un futuro más justo y sostenible.