AySA en venta: el Gobierno apura la privatización del agua en el AMBA mientras Europa hace marcha atrás

En un paso que reabre un debate clave sobre el rol del Estado en servicios esenciales, el Gobierno de Javier Milei formalizó el inicio del proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que gestiona el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde viven más de 14 millones de personas.

La decisión se oficializó mediante la Resolución 1198/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial. Allí se instruye la venta del 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado Nacional, en línea con el Decreto 494/2025 y la Ley de Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”.

Según el esquema definido, al menos el 51% del paquete accionario se transferirá a un operador estratégico privado, mediante licitación pública nacional e internacional. El resto se ofrecerá en el mercado financiero, y no se abrirá un nuevo programa de propiedad participada para trabajadores. El plazo para concretar la venta es de ocho meses.

La privatización se realizará bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, y se prometió garantizar la continuidad del servicio, aunque la experiencia internacional en este tipo de procesos siembra dudas.

Vuelve el dogma de los '90: cuanto menos Estado, mejor

Esta medida se inscribe en una lógica ideológica ya conocida en Argentina: la idea de que lo privado siempre es más eficiente que lo público, y que el Estado debe retirarse de todas las áreas posibles, incluso de aquellas consideradas derechos humanos esenciales. Un pensamiento que remite, sin disimulo, a la Argentina de los años '90.

Durante la presidencia de Carlos Menem, bajo las recomendaciones del Consenso de Washington, el país atravesó una ola de privatizaciones masivas: ferrocarriles, gas, electricidad, correos, aerolíneas, petróleo, telecomunicaciones y, por supuesto, el agua. Bajo el argumento de que el Estado era “ineficiente y corrupto”, se entregaron servicios públicos estratégicos a capitales privados, muchas veces a precios simbólicos, sin control, y con promesas de inversión que raramente se cumplieron.

En el caso del agua, el Estado firmó en 1993 un contrato de concesión con el consorcio Aguas Argentinas S.A., liderado por Suez (Francia), para operar el servicio en el AMBA. Durante más de una década, las denuncias se acumularon: tarifas dolarizadas, falta de inversión en zonas vulnerables, nula expansión de redes cloacales y desinversión en plantas de tratamiento. Todo mientras la empresa giraba dividendos al exterior.

El resultado fue una degradación del servicio público, que se mantuvo con vida gracias a subsidios estatales. En 2006, tras reiterados incumplimientos, el presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato y creó AySA, recuperando para el Estado un servicio esencial y comenzando un ambicioso plan de obras de expansión.

¿Privatizar el agua en pleno siglo XXI?
La privatización de AySA se da en el peor momento para volver a este modelo. La crisis climática global, la escasez de agua en muchas regiones y el deterioro de servicios bajo esquemas de lucro han llevado a decenas de países a revertir privatizaciones y volver a modelos de gestión pública.

En París, por ejemplo, el servicio fue reestatizado en 2010 tras años de opacidad en los contratos, aumentos tarifarios y desinversión por parte de Suez y Veolia. Lo mismo ocurrió en Berlín, Budapest, Nápoles y decenas de ciudades de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España.

Un informe del Transnational Institute (TNI) documentó más de 300 casos de “remunicipalización” del agua en todo el mundo, reflejando una tendencia clara: el agua no puede ni debe gestionarse como un negocio privado.

¿Quién gana y quién pierde?
Mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá valuar AySA en un "plazo razonable", el Gobierno ordenó tercerizar esa tarea en un banco público, acelerando un proceso que podría entregar una empresa estratégica sin una valuación sólida, sin participación ciudadana ni control parlamentario.

La infraestructura, construida con fondos públicos desde 2006, quedaría en manos privadas. El nuevo operador, a cambio, recibiría subsidios, tarifas segmentadas y control territorial sobre redes de agua, plantas potabilizadoras, cloacas y sistemas de bombeo. Una oportunidad de negocios disfrazada de modernización.

Agua como derecho, no como negocio
El agua potable y el saneamiento no son un bien cualquiera. Son derechos humanos fundamentales reconocidos por la ONU. Gestionarlos bajo una lógica de rentabilidad, sin participación social ni control público, implica reducir un derecho esencial a una mercancía.

En un país donde aún miles de familias no acceden a agua segura ni a cloacas, privatizar AySA no solo es inoportuno: es un retroceso histórico. En vez de corregir errores del pasado, el gobierno parece decidido a reproducir el mismo modelo que dejó al país sin ferrocarriles, sin soberanía energética, y con servicios públicos desmantelados.