La Política Ambiental
El empresario argentino Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA y dueño de la agropecuaria Cresud, fue denunciado por la organización internacional Global Witness por su papel central en la deforestación de más de 170.000 hectáreas de bosques nativos en Sudamérica. La acusación también alcanza al banco español Santander, señalado por haber financiado esta expansión a pesar de sus compromisos ambientales.
La denuncia no solo expone un modelo extractivo que avanza sobre ecosistemas clave como el Gran Chaco, sino también una trama de poder político y económico que trasciende gobiernos. Elsztain mantiene vínculos con el actual presidente Javier Milei, pero también fue un actor privilegiado durante las gestiones de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y el kirchnerismo.
Según el informe de Global Witness, Cresud deforestó más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001. En la provincia de Salta, en el norte argentino, la empresa operó sobre más de 60.000 hectáreas en la Estancia Los Pozos, adquirida en 1997.
En paralelo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, impulsa una reforma del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que permitiría el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques en la provincia. La propuesta, que ya cuenta con media sanción legislativa, ha sido cuestionada por organizaciones socioambientales que denuncian la intención de reclasificar zonas de categoría roja —de alto valor de conservación y donde el desmonte está prohibido— como zonas amarillas o verdes, donde sí es posible avanzar con desmontes para fines productivos. Según Greenpeace, la iniciativa busca legalizar desmontes ilegales previos y habilitar nuevas áreas para la expansión del agronegocio y la minería, sin haber consultado adecuadamente a las comunidades indígenas afectadas. En este contexto, empresarios como Eduardo Elsztain, que ya tienen fuerte presencia en el territorio salteño, podrían beneficiarse directamente de un nuevo marco legal más flexible y funcional a sus intereses económicos.
La estrategia es clara: comprar tierras baratas con vegetación nativa, desmontarlas para sembrar soja, trigo, girasol o criar ganado, y luego venderlas cuando se revalorizan. De hecho, según datos de Greenpeace, entre 1998 y 2018 Cresud arrasó al menos 120.000 hectáreas solo en Salta.
Este avance sobre el monte no es solo una cuestión ambiental. Afecta directamente a comunidades rurales e indígenas que dependen del bosque para alimentarse, acceder al agua, a la leña o a recursos medicinales. “Con toda la deforestación, los estuarios y quebradas se han secado. No hay qué comer ni qué beber”, declaró a Global Witness Sergio Rojas, activista indígena de la comunidad Qom.
La expansión de Cresud no habría sido posible sin el respaldo financiero del banco Santander, que según Global Witness facilitó más de 1.300 millones de dólares a la empresa mediante la colocación de bonos y préstamos directos, incluso después de haber adoptado en 2018 una política de “deforestación cero” y comprometerse públicamente con la neutralidad de carbono para 2050. De los 47 bonos emitidos por Cresud desde 2002, 35 fueron suscriptos por Santander como colocador principal. Según la investigación, la deforestación causada por Cresud equivale en emisiones de carbono a unos 30 millones de vuelos trasatlánticos.
“El modelo de negocio de Cresud no funciona sin deforestación”, advirtió Giulia Bondi, activista de Global Witness. “Y Santander continuó financiándolo incluso después de anunciar políticas supuestamente alineadas con el Acuerdo de París”.
Este accionar es un ejemplo claro de greenwashing, o “lavado verde”: una estrategia de marketing utilizada para proyectar una imagen de responsabilidad ambiental que no se corresponde con las prácticas reales. Mientras el banco se presenta como un actor comprometido con la sostenibilidad y el combate al cambio climático en Europa, bajo la presidencia de Ana Botín mantiene y hasta aumenta su financiamiento a actividades que destruyen ecosistemas clave en América del Sur.
La figura de Ana Botín, presidenta del grupo Santander y una de las voces más visibles en foros internacionales sobre finanzas sostenibles, está en el centro de esta controversia. Su liderazgo ha impulsado discursos y políticas públicas que promueven la lucha contra el cambio climático, pero las decisiones del banco bajo su mandato revelan una postura contradictoria que fomenta proyectos como los de Cresud, permitiendo que se siga operando bajo un esquema de depredación ambiental mientras se juega con la imagen de “verde” para Europa.
Ana Botín, presidenta del Banco Santander
Esta doble moral ambiental revela una lógica colonialista que recuerda a los peores tiempos de la colonia española: proteger los recursos y el ambiente en el propio territorio europeo, mientras se permite la depredación y saqueo de los bienes naturales en los países del Sur Global. Así, bajo discursos “verdes” y políticas públicas en el Norte, el capital financiero continúa extrayendo riquezas y devastando territorios en Latinoamérica sin responsabilidad ni sanciones efectivas.
Organizaciones como Global Witness y BankTrack alertan que esta hipocresía no solo agrava la crisis climática, sino que perpetúa una forma moderna de colonialismo económico y ambiental, donde las multinacionales europeas y sus bancos actúan como actores centrales en la destrucción ambiental fuera de sus fronteras, mientras se posicionan como líderes en la lucha contra el cambio climático en sus propios países.
Más allá del plano ambiental, el caso pone en evidencia cómo un empresario logra sostener y expandir su poder económico independientemente del signo político del gobierno de turno. Eduardo Elsztain ha sabido tejer relaciones con todos los espacios políticos relevantes de las últimas décadas.
Mantuvo relaciones fluidas y negocios con el kirchnerismo, especialmente durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En esos años, logró mantener y ampliar sus operaciones inmobiliarias y rurales, incluso con aval oficial a su expansión regional. Su holding recibió financiamiento público, beneficios fiscales y avales para operar en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y agronegocio.
A diferencia de otros empresarios enfrentados abiertamente con el kirchnerismo, Elsztain siempre encontró el modo de negociar, adaptarse y crecer. Su perfil más bajo en lo discursivo, combinado con un enorme poder económico, le permitió ser parte del “círculo rojo” del kirchnerismo sin estar en el centro de la escena.
Pero su verdadero capital no está solo en las tierras: está en sus vínculos. Elsztain fue aliado y beneficiado por los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo rezonificaciones clave y convenios urbanísticos a medida que le permitieron avanzar con megaproyectos inmobiliarios en zonas de alto valor estratégico. Uno de los casos más emblemáticos es el de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en Costanera Sur, un predio de más de 70 hectáreas frente al río que IRSA compró en los años 90 y que durante la gestión de Larreta consiguió que se habilitara para construir torres de lujo, en un proceso ampliamente cuestionado por organizaciones urbanas y ambientales.
También obtuvo beneficios en los desarrollos de Puerto Madero, Palermo y Villa Crespo, donde expandió su red de centros comerciales, torres de oficinas y espacios comerciales. En este último barrio construyó el shopping "Distrito Arcos", un proyecto que inicialmente fue aprobado como un paseo al aire libre y terminó convirtiéndose en un centro comercial cerrado, con diversas irregularidades administrativas que fueron judicializadas.
Además, durante los mandatos de Macri y Larreta, IRSA logró integrar al grupo selecto de empresas que operan bajo el paraguas de "convenios urbanísticos": acuerdos firmados con el gobierno porteño que le permiten construir por encima de los límites permitidos a cambio de contraprestaciones muchas veces simbólicas o poco transparentes.
Este modelo de negocios consolidó a Elsztain como uno de los principales beneficiarios de la transformación inmobiliaria del sur de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del acceso público al río, la infraestructura verde y la vivienda social. Mientras tanto, su empresa IRSA mantuvo un perfil bajo en los medios, evitó confrontaciones abiertas y se posicionó como un actor “intocable” del círculo de poder económico porteño.
La relación más visible en el presente es con el actual presidente Javier Milei. El hotel Libertador, propiedad de IRSA, fue elegido como búnker electoral por La Libertad Avanza en las últimas dos elecciones. Además, su modelo económico de desregulación y apertura al capital privado coincide con los intereses de Elsztain, tanto en el agro como ahora, en un nuevo sector estratégico: la minería.
Entre 2024 y 2025, Eduardo Elsztain ingresó formalmente al sector minero argentino. Adquirió participaciones en al menos dos compañías: Challenger Gold, que opera el proyecto aurífero Hualilán en la provincia de San Juan, y Argenta Silver, propietaria del yacimiento de plata El Quevar en Salta.
Estas inversiones consolidan su desembarco en un sector clave para el gobierno de Milei, que promueve la expansión minera como parte de su política de “libertad económica”. La minería, junto con el agro y los hidrocarburos, se presenta como una de las grandes apuestas del oficialismo para atraer dólares y capitales internacionales.
Las compras de activos mineros por parte de Elsztain no solo amplían su influencia territorial sobre zonas ambientalmente sensibles, sino que lo posicionan como un nuevo jugador en un mercado en auge, donde los conflictos socioambientales ya son frecuentes.
En este contexto, la Unión Europea postergó hasta 2026 la entrada en vigencia de su Ley Cero Deforestación, que prohibirá importar productos vinculados con la destrucción de bosques después de 2020. La norma tenía previsto entrar en vigencia en diciembre de 2024 para grandes operadores, pero se retrasó tras la presión de 17 países exportadores, entre ellos Argentina.
De implementarse de forma estricta, productos argentinos como la carne o la soja provenientes de zonas desmontadas quedarían fuera del mercado europeo. Pero mientras tanto, las topadoras siguen avanzando.
Eduardo Elsztain representa un tipo de poder que trasciende gobiernos. Lo benefició el kirchnerismo, negoció con Macri y Larreta, y hoy encuentra en Milei un aliado estratégico. Su modelo de negocios —basado en la especulación con tierras, el desmonte y ahora también la minería— pone en jaque la sostenibilidad ambiental y social de amplias regiones del país.
Y todo ocurre con el respaldo de bancos globales, el silencio de las autoridades ambientales y la continuidad de un sistema que no ha sido interrumpido por ninguna administración, sin importar su discurso.
Frente a esta realidad, la pregunta es si existe algún límite. O si, una vez más, el poder económico seguirá avanzando sobre los recursos naturales sin rendir cuentas, mientras los bosques desaparecen y las comunidades quedan sin agua, sin alimentos y sin futuro.
El máximo tribunal de la provincia ordenó la suspensión de la actividad extractiva en el Salar del Hombre Muerto, y fue reconocido por un organismo clave en derechos humanos del continente.
Más de 30 fiscales de todo el país conformaron una nueva asociación para enfrentar los delitos ambientales de forma articulada y federal.
