Chile: el presidente Kast frena 50 decretos ambientales y pone en peligro varios ecosistemas

La decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar casi 50 decretos ambientales y energéticos de la Contraloría no es un simple trámite administrativo. Es, en los hechos, un golpe de freno a una batería de regulaciones que buscaban ordenar —o endurecer— el vínculo entre desarrollo y ambiente en Chile.

La explicación oficial habla de “revisión técnica”. Pero en política ambiental, las formas también son fondo. Y retirar de una sola vez decenas de normas sensibles no es neutral: es una señal.

La motosierra regulatoria, versión chilena

Aunque el gobierno chileno evita ese lenguaje, la medida tiene un aire familiar para este lado de la cordillera. En Argentina, el presidente Javier Milei construyó buena parte de su identidad política en torno a la idea de “desregular” y recortar el rol del Estado.

En Chile, el mecanismo es distinto —más institucional, menos confrontativo en lo discursivo— pero el efecto potencial se parece:

• Normas ambientales que se frenan
• Procesos que se revisan desde cero
• Incertidumbre regulatoria en sectores clave

En ambos casos, la narrativa es conocida: “ordenar”, “revisar excesos”, “evitar trabas al crecimiento”.

El trasfondo: ambiente vs. inversiones

No es casual que muchos de los decretos retirados en Chile estén vinculados a emisiones industriales, biodiversidad o planificación ambiental. Son justamente los puntos donde el Estado fija límites a sectores estratégicos: energía, minería, infraestructura.

En Argentina, el debate es casi calcado:

• ¿Cuánto se regula Vaca Muerta?
• ¿Hasta dónde se protege el litio en los salares del norte?
• ¿Qué peso tiene el ambiente frente a la urgencia de dólares?

La diferencia es de estilo. Mientras Milei plantea un shock frontal contra lo que considera “exceso de regulación”, Kast opta por una vía más técnica, pero con un resultado que podría ser igual de profundo si las normas no vuelven o regresan recortadas.

El riesgo silencioso: el limbo regulatorio

Hay algo más preocupante que una ley mala: la ausencia de reglas claras.

Cuando un paquete entero de decretos queda en revisión:

• Proyectos quedan en pausa
• Controles ambientales pierden vigencia efectiva
• Las regiones quedan sin herramientas actualizadas

Ese “limbo” es funcional a una lógica: sin reglas claras, el margen de discrecionalidad crece. Y en América Latina, eso rara vez juega a favor del ambiente.

Cambio de época o déjà vu

Lo que ocurre en Chile no es un caso aislado. Es parte de un cambio más amplio en la región, donde varios gobiernos están revisando —o directamente desarmando— marcos regulatorios ambientales construidos en las últimas décadas.

La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿se está corrigiendo burocracia ineficiente o se está retrocediendo en estándares ambientales?

En el caso de Kast, la respuesta todavía está abierta. Pero el antecedente preocupa: muchas de las normas retiradas incluían protección de especies, calidad del aire y políticas climáticas.

En el caso de Milei, la dirección es más explícita: el ambiente aparece subordinado a la lógica de mercado y a la necesidad de crecimiento económico rápido.

Una señal para la región

Chile supo posicionarse durante años como un país con cierta estabilidad regulatoria ambiental, incluso en tensión con su modelo extractivo. Lo que haga ahora puede redefinir ese equilibrio.

Para Argentina, el espejo es inevitable. Si dos gobiernos ideológicamente cercanos avanzan en la misma dirección —menos regulación, más revisión, más discrecionalidad— el impacto regional puede ser fuerte.

No solo en términos ambientales, sino también en la competencia por inversiones: menos exigencias ambientales puede volverse una “ventaja comparativa” peligrosa.

Lo que está en juego

No se trata solo de decretos. Se trata de qué modelo de desarrollo se consolida:

• Uno con reglas claras, aunque exigentes
• O uno más flexible, pero con mayor riesgo ambiental

El problema es que los costos del segundo modelo no aparecen en el corto plazo. Llegan después: contaminación, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales.

Y para cuando llegan, ya no hay decreto que los revierta fácilmente.