Liu Zhijiang, dueño del buque Tai An, fue sancionado en 2024 por capturar ilegalmente 175 toneladas de merluza negra. Ahora, con el respaldo del abogado Fernando Burlando, denuncia a autoridades pesqueras por presunto pedido de coimas.
ACTUALIDAD10/06/2025
La Política Ambiental
El empresario chino Liu Zhijiang, titular de la empresa Prodesur y del buque Tai An, vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras haber sido sancionado por capturar ilegalmente 175 toneladas de merluza negra —la especie más valiosa del Mar Argentino—, ahora presentó una denuncia penal contra miembros del Consejo Federal de Pesca, acusándolos de haberle exigido coimas a cambio de acceso a cuotas pesqueras.
La denuncia, patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Juan Tiberio, fue presentada ante la Justicia Federal de Mar del Plata. Está dirigida a los funcionarios que firmaron la resolución que asignó las cuotas de merluza negra para el período 2025-2029, por presunto cohecho.
Qué hay detrás de esta denuncia
El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando el buque Tai An fue obligado a regresar al puerto de Ushuaia luego de que se confirmara que había pescado ilegalmente en zonas vedadas y a profundidades inferiores a las permitidas. El operativo derivó en el decomiso de 175 toneladas de merluza negra, una multa de más de 113 millones de pesos (luego reducida), y una suspensión de 45 días para operar.
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) elaboró un informe detallado que confirmó que el Tai An había actuado en flagrante violación de la ley: realizó pesca dirigida en lugar de incidental, operó en zonas de veda, y capturó ejemplares juveniles, lo que agrava el daño ambiental.
Qué reclama Liu
A pesar del antecedente, Liu Zhijiang insiste en obtener una nueva cuota de captura. Desde hace años, su empresa no cuenta con cuota habilitada, ya que Prodesur había transferido la suya bajo el sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), regulado por la Ley Federal de Pesca.
Liu intentó, sin éxito, obtener respaldo del gobierno de Tierra del Fuego, provincia donde reside desde hace tres décadas y en la que mantiene fuertes vínculos políticos y empresariales. Al no lograrlo, llevó el caso a la Justicia, alegando un supuesto pedido de sobornos por parte de los funcionarios del Consejo.
La causa
La denuncia se unificó con otra presentada por el exintendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, basada en publicaciones periodísticas. Actualmente, la causa quedó radicada en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona el Consejo Federal de Pesca. El organismo está presidido por el secretario nacional del área, Juan Antonio López Cazorla, y cuenta con representantes del Gobierno nacional y de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La especie en juego
La merluza negra (Dissostichus eleginoides), también conocida como Patagonian toothfish, habita aguas profundas del Atlántico Sur y del Océano Austral. Su carne es altamente apreciada en mercados internacionales, donde puede cotizarse a más de 25.000 dólares por tonelada. Por tratarse de una especie vulnerable, la pesca está limitada a una captura total anual de apenas 3.700 toneladas.
En 2023, la Subsecretaría de Pesca redujo el límite de captura incidental a 5 toneladas por marea, justamente para prevenir abusos. A pesar de ello, el Tai An capturó 175 toneladas, lo que representó una violación de más del 3.400 por ciento respecto del tope permitido.
Un sistema bajo presión
El caso vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar los controles y garantizar la transparencia en la asignación de cuotas. La pesca ilegal, especialmente de especies como la merluza negra, no solo compromete la biodiversidad marina, sino también la sostenibilidad de una actividad clave para la economía y la soberanía nacional.
Mientras la causa judicial avanza, el reclamo del empresario y las denuncias cruzadas reflejan las tensiones en torno a un recurso natural estratégico. Lo que está en juego no es solo el acceso a un negocio millonario, sino la protección de un ecosistema marino que pertenece a toda la sociedad.
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