El gobierno de Javier Milei ha colocado al activismo ambiental en el centro de su radar de vigilancia estatal. Así lo revela una preocupante filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento que detalla los ejes estratégicos de espionaje por parte de la renovada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La primicia, publicada por el periodista Hugo Alconada Mon hace poco más de un mes, expone una tendencia cada vez más autoritaria en el manejo de la disidencia social.
Aunque no es extraño que sectores de poder intenten acallar voces críticas, lo alarmante aquí es la oficialización de esta práctica a través de un documento de inteligencia nacional. En él, el gobierno apunta explícitamente a quienes “obstaculicen” proyectos extractivos ligados a los llamados Recursos Naturales Estratégicos (RNE) —una etiqueta que cubre desde el litio hasta la megaminería o el petróleo offshore.
Activistas, en la mira
El PIN detalla que se recolectará información sobre personas, organizaciones y comunidades que:
- Se opongan a la extracción, transporte o comercialización de recursos naturales.
- Tengan capacidad de incidir políticamente desde espacios ambientalistas.
- Obstaculicen proyectos por razones culturales o espirituales (como ocurre con muchas comunidades indígenas).
- Promuevan posturas internacionales que cuestionen el modelo extractivista argentino.
- Impulsen energías limpias, como el hidrógeno verde o las renovables, si esto "atenta" contra los intereses de comercialización de recursos fósiles.
Uno de los puntos más preocupantes es que se califica como "actor estratégico" a cualquier organización ambientalista con capacidad de incidir. En otras palabras, ser una voz influyente en la defensa del ambiente podría bastar para ser espiado.
¿Quién está detrás?
La SIDE, hoy bajo el mando de Sergio Neiffert, negó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización que se esté espiando a la sociedad civil. Sin embargo, las evidencias en el documento apuntan en otra dirección. También figura en la firma del plan Diego Kravetz, actual Director General de Operaciones de Inteligencia, quien arrastra antecedentes de violencia institucional.
Los vínculos ideológicos del gobierno con sectores que niegan el cambio climático no son nuevos. Milei ha sido relacionado con fundaciones financiadas por los hermanos Koch, megamillonarios estadounidenses conocidos por su negacionismo climático y su apoyo a movimientos de ultraderecha en el mundo. No es casualidad que, en este contexto, defender el ambiente se perciba como una amenaza.
Reacciones desde el ambientalismo
Diversas voces del ámbito ambiental y de derechos humanos alzaron la voz ante esta amenaza.
Enrique Viale, abogado ambientalista, lo calificó como “inaceptable, peligroso y antidemocrático”. Instó a no caer en el miedo: “Eso es lo que quieren. Que nos paralicemos”.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli sostuvo que el simple hecho de redactar este plan ya vulnera derechos constitucionales.
Por su parte, Paula Litvachky, directora del CELS, denunció que el uso de la inteligencia con fines políticos ya no se disimula. El CELS presentó una denuncia penal contra Neiffert y Kravetz por abuso de autoridad, un delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
¿Qué está en juego?
Más allá de las polémicas políticas, este episodio revela una tendencia clara: la criminalización de quienes defienden el ambiente y cuestionan el modelo extractivista argentino. En un momento donde el mundo discute cómo transicionar hacia energías limpias y sostenibles, el gobierno de Milei parece ir en dirección contraria, protegiendo los intereses del capital fósil y reprimiendo a quienes imaginan otro futuro.
