San Luis: El municipio de Merlo ordena desalojar a recicladores y busca quedarse con la planta de reciclaje

En un contexto donde el reciclaje debería ser una prioridad ambiental y social, la Municipalidad de la Villa de Merlo, en San Luis, tomó una decisión polémica: ordenó el desalojo inmediato de la Cooperativa de Recuperadores Merlinos que desde hace años gestiona la Planta de Reciclaje local y recupera más de 60 toneladas de residuos mensuales.

El anuncio tomó por sorpresa a los trabajadores, ya que venían desarrollando acciones conjuntas con el municipio. De hecho, la semana pasada lanzaron el programa Re Promo, para incentivar el reciclaje en escuelas. Sin embargo, el intendente interino, Leonardo Rodríguez, ordenó que abandonen el predio y devuelvan instalaciones y maquinaria.

¿La razón? Oficialmente: pérdidas económicas. Extraoficialmente: posibles casos de corrupción.
El argumento del Ejecutivo local es la supuesta “insostenibilidad económica” de la gestión cooperativa. Pero los recicladores apuntan a otra causa. Según Gerardo Domínguez, presidente de la Cooperativa, “nos quieren sacar porque se facturó mucha plata y no se rindió. Hay expedientes sin cerrar y funcionarios provinciales y municipales involucrados. Esto viene desde que se creó el centro con Aníbal Cattaneo y Juan Álvarez Pinto. Ahora que el lugar funciona, vienen por todo”.

El municipio también aduce que el predio enfrenta un proceso de desalojo por parte del propietario, pero omite aclarar que el motivo es el impago del alquiler, responsabilidad directa del municipio.

Recicladores precarizados y funcionarios ausentes
Más allá de las acusaciones cruzadas, lo cierto es que los trabajadores de la planta sobreviven con sueldos que oscilan entre 400 y 600 mil pesos mensuales, sin posibilidades de asumir un alquiler de 3 millones, como pretende el municipio. “No podemos trabajar solo para pagar el alquiler. No nos dan las cuentas. Además, facturaron un autoelevador roto y ruedas que nunca llegaron”, denunció una trabajadora a Radio Identia.

El convenio original entre la Cooperativa y el municipio venció hace años y jamás fue renovado. La Multisectorial del Noreste señala que este conflicto surge luego de reiterados pedidos por parte de los recicladores para que la Municipalidad repare maquinaria y asuma su rol institucional.

Una planta que funciona… hasta que molesta
Lejos de una estructura ineficiente, la planta es un ejemplo de gestión comunitaria que apuesta por la economía circular en un contexto de crisis ambiental global. Pero como suele pasar, cuando la autogestión muestra resultados, aparecen los intentos de apropiación. “Primero nos dejaron solos, ahora quieren el control total”, resume Domínguez.

Hoy, los recicladores permanecen en el predio junto a vecinos que se acercaron en solidaridad, defendiendo no solo sus puestos de trabajo, sino un modelo de gestión ambiental con compromiso local y sin fines de lucro.

¿Qué está en juego?
Este conflicto no es sólo por un galpón ni por maquinaria: se trata del uso político del ambiente, del valor del trabajo cooperativo y de la ética pública frente a los bienes comunes. El reciclaje no puede ser un negocio entre pocos, ni una fachada para encubrir manejos turbios. La transición ecológica que necesitamos no se construye desalojando trabajadores ni ocultando expedientes.

Con inrmacion de ecopresssl