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La Política Ambiental
En Puerto Madryn, la Fiscalía solicitó penas de prisión de efectivo cumplimiento para dos directivos de la pesquera Conarpesa, acusados de volcar líquidos crudos sin tratamiento al Golfo Nuevo, provenientes del procesamiento de langostino.
Se trata de Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió tres años y seis meses de cárcel para Parry y tres años y tres meses para Vargas.
La acusación se sustenta en una serie de pruebas que incluyen testimonios, inspecciones oculares, actas, fotografías, pericias y análisis de laboratorio. Todo indica que existía un “by pass” o conexión clandestina para desviar los efluentes sin tratamiento al mar, con niveles de contaminación miles de veces superiores a los permitidos. Además, se incorporaron mensajes de WhatsApp entre los imputados que evidenciarían conocimiento y decisión conjunta sobre la maniobra.
El caso marca un precedente en Chubut, ya que expone la responsabilidad penal de directivos de empresas pesqueras frente a la contaminación ambiental y pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre el vertido de residuos industriales en zonas sensibles.
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