Fallo histórico: La Corte Suprema ordena frenar la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua

En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico que ordena detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua, ubicado en la provincia de Jujuy. La sentencia no solo marca un punto de inflexión en la defensa ambiental en Argentina, sino que además responsabiliza al Estado Nacional y a las autoridades provinciales por haber permitido años de contaminación en uno de los ecosistemas más frágiles del país: las Yungas.

El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, destaca un “claro incumplimiento de los deberes” tanto de las empresas encargadas de la explotación de hidrocarburos como de los organismos estatales que debían fiscalizarlas. Entre los daños más graves, se remarcó la contaminación del arroyo Yuto en 1997, tras el colapso del pozo petrolero Caimancito e3.

 
Explotación ilegal en zona protegida
Actualmente, de los 34 pozos instalados en la zona, 12 continúan en actividad. Según lo estipulado por la Resolución S.E. 5/96, gran parte de esa explotación debería haberse detenido desde 2006. Sin embargo, esto no ocurrió. La Corte fue contundente: “La continuación de la explotación resulta manifiestamente ilegal”.

Además, el tribunal hizo foco en la fragilidad del ecosistema del Parque Nacional Calilegua, hogar de especies en peligro como la taruca (un ciervo nativo de los Andes) y otras casi amenazadas como el yaguareté. La biodiversidad de este parque lo convierte en uno de los principales pulmones verdes del norte argentino, razón por la cual su protección es clave frente a la crisis climática.

 ¿Cómo empezó todo?
La causa judicial se originó en 2014 a partir de un amparo colectivo presentado por vecinos de la zona, quienes alertaban sobre los riesgos ambientales vinculados a la extracción de petróleo dentro y en los alrededores del parque. El reclamo incluyó al Estado Nacional, la Administración de Parques Nacionales, el gobierno jujeño, el municipio de Yuto y las empresas concesionarias.

En 2021, la misma Corte había ordenado la suspensión inmediata de las actividades hidrocarburíferas por considerar que ponían en peligro la megadiversidad del área, donde habitan también especies como pumas, tapires y zorros grises.

 La ley es clara: no se puede extraer en parques nacionales
Durante su argumentación, el juez Lorenzetti recordó que la Ley de Parques Nacionales N.º 22.351 prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad extractiva en áreas protegidas. También dejó en claro que la defensa del ambiente no es opcional: “La protección ambiental debe prevalecer en beneficio de las generaciones futuras”, afirmó.

Este principio, consagrado en la Constitución Nacional y en múltiples acuerdos internacionales como la Agenda 2030, refuerza la necesidad de un modelo de desarrollo que respete los límites ecológicos del planeta.

 Un precedente para todo el país
El fallo de la Corte no solo apunta a frenar el daño ambiental en Calilegua, sino que también sienta un precedente fundamental para otras causas similares en todo el país, especialmente en un contexto donde la expansión del extractivismo pone en tensión la conservación de recursos naturales y la justicia ambiental.

Este caso interpela directamente a quienes toman decisiones políticas, pero también a toda una generación que exige un presente y un futuro más justo y sustentable. El mensaje de la Justicia es claro: no hay desarrollo posible si se destruye lo que nos da vida.

Calilegua no es solo un parque: es un símbolo de la lucha por un ambiente sano, por la biodiversidad y por los derechos de las comunidades que habitan los territorios. Hoy, tiene una nueva oportunidad de ser protegido.