Ecocidio en el Código Penal argentino: ¿qué dice el borrador del nuevo proyecto y qué implica para el Ambiente?

Delitos contra el Ambiente y la propuesta del ecocidio

El gobierno nacional impulsa una reforma integral del Código Penal e incorpora un capítulo dedicado a los delitos contra el Ambiente. La iniciativa busca reconocer que ciertos daños, por su gravedad, extensión o duración, deben tener respuesta penal y no solo administrativa. El objetivo es proteger ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales frente a impactos que puedan generar daños irreversibles.

La figura del ecocidio: qué contempla el borrador

Dentro del proyecto aparece la figura del ecocidio, una propuesta que podría transformar la política ambiental argentina. El borrador prevé penas de prisión y multas económicas para quienes provoquen daños graves, duraderos o generalizados a ecosistemas, especies o recursos hídricos. La intención no es únicamente castigar daños ya consumados, sino prevenir decisiones capaces de desencadenar impactos irreparables.

Qué significa “ecocidio”

El ecocidio se entiende como una acción u omisión que produce un perjuicio severo, masivo y persistente al Ambiente, con conocimiento del riesgo que esto implica. Es un concepto que ha tomado fuerza en foros internacionales y que busca equiparar la destrucción ambiental masiva con otros crímenes de alto impacto social.

Cómo avanza el ecocidio en el mundo

A nivel internacional, varios países ya incorporaron o avanzan en figuras penales que sancionan severamente la destrucción ambiental. El panorama muestra un crecimiento sostenido de legislaciones que buscan proteger ecosistemas frente a daños irreversibles:

Bélgica: En 2023 se convirtió en el primer país de la Unión Europea en tipificar el ecocidio dentro de su Código Penal. La norma prevé penas de hasta 20 años de prisión para individuos y sanciones económicas elevadas para empresas responsables de daños ambientales masivos. Es considerado el estándar más avanzado en Europa en cuanto a penalización de destrucción ecológica grave.

Francia: Aunque no utiliza la palabra “ecocidio” en sentido estricto, su legislación ambiental incorporó una figura penal que sanciona los daños graves y deliberados al Ambiente. Las penas pueden llegar hasta 10 años de prisión y multas que superan los cuatro millones de euros cuando se trata de contaminación o destrucción significativa causada por empresas.

Chile: Con la Ley 21.595 de Delitos Económicos (2023), incorporó delitos ambientales graves que, si bien no llevan el nombre formal de ecocidio, sancionan con penas de prisión y fuertes multas conductas que generen daños severos, extensos y duraderos a ecosistemas o especies protegidas. La legislación incluye responsabilidad penal empresarial.

Colombia: Desde 2021 reconoce un delito vinculado al ecocidio dentro de su Código Penal, con penas que pueden ir de 5 a 11 años de prisión, además de multas significativas. La figura sanciona daños graves a recursos naturales y ecosistemas estratégicos.

Otros avances internacionales: En países como Vietnam, Rusia y Ucrania existen figuras equivalentes al ecocidio desde hace décadas, generalmente vinculadas a la destrucción masiva de bosques, contaminación extrema o daños provocados por actividades militares o industriales. Las sanciones varían, pero en algunos casos incluyen penas de prisión de hasta 15 o 20 años.

Por qué es relevante para Argentina

El avance global sobre la penalización del ecocidio impulsa el debate local en un país con una intensa presión sobre sus recursos naturales y con conflictos ambientales que incluyen deforestación, incendios, proyectos extractivos, contaminación hídrica y pérdida acelerada de biodiversidad. La incorporación del ecocidio podría ofrecer herramientas penales para abordar daños ambientales de gran escala que hoy suelen quedar sin sanción efectiva. Su aplicación dependerá de definiciones técnicas claras, pericias ambientales sólidas y de la capacidad institucional del sistema judicial para interpretar y aplicar este tipo de delitos.