Crueldad animal en Jujuy: condenan a dos hombres por torturar y matar a un perro y deberán hacer un curso obligatorio de sensibilización

ACTUALIDAD04/12/2025La Política AmbientalLa Política Ambiental
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Una sentencia del fuero ambiental de Jujuy volvió a poner en agenda la discusión sobre el maltrato animal y la necesidad de reforzar las herramientas judiciales para prevenir nuevos episodios. Dos hombres fueron condenados a seis meses de prisión condicional por torturar y matar a “Gringo”, un perro encontrado sin vida en el barrio San Martín de San Salvador de Jujuy.

El fallo se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado homologado por la jueza con funciones de control ambiental, Laura Flores. Durante la audiencia, el fiscal especializado Javier Sánchez Serantes presentó el convenio al que arribaron las partes, en el que los imputados reconocieron los hechos. La magistrada aceptó el acuerdo y formalizó la condena.

Medidas y obligaciones impuestas

La resolución consideró a ambos imputados coautores del delito de crueldad animal, enmarcado en la Ley 14.346. Aunque la pena es de seis meses de prisión condicional —por lo que no cumplirán detención efectiva— el tribunal impuso una serie de medidas de resguardo y reparación:

  • Firma periódica en un libro de cauciones.
  • Realización obligatoria de un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas.
  • Prohibición de acercamiento y contacto con animales hasta completar la capacitación.
  • Prohibición de actos de perturbación u hostigamiento hacia la denunciante y los testigos.
  • Donación de 50 kilos de alimento balanceado para perros por cada condenado, a depositarse en la Sociedad Protectora de Animales de la provincia dentro de los quince días siguientes.

Además, la jueza ordenó el cese de la prisión preventiva que ambos cumplían y su libertad inmediata. Según el fiscal Sánchez Serantes, el fallo cumple con “los requisitos de ley y las condiciones necesarias para promover la reinserción y evitar la reiteración de conductas lesivas”.

Cómo se inició el caso

La causa comenzó a principios de noviembre, tras la denuncia de una protectora que buscaba durante días a un perro conocido como “Gringo” en el barrio San Martín. El 7 de noviembre el animal fue hallado muerto en una cancha de la zona con signos evidentes de tortura y agresiones severas.

La fiscalía, en coordinación con la policía provincial, avanzó con rapidez en la identificación y detención de dos personas adultas, en el marco de la investigación prevista por la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales. La prisión preventiva se había dispuesto inicialmente por un plazo de quince días para asegurar el desarrollo de la investigación y evitar interferencias en la recolección de pruebas.

Reacción social y sentido del fallo

El caso generó un fuerte repudio por parte de organizaciones defensoras de los animales y vecinas y vecinos de la provincia. La Asociación de Protección Animal “La Voz de los sin Voz” convocó una movilización en el parque Armada Argentina, donde se reclamó la aplicación efectiva de la normativa y políticas públicas más firmes contra el maltrato animal.

Desde el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy destacaron la centralidad de su actuación en la investigación, persecución y sanción de los delitos de maltrato animal y señalaron que sentencias como esta buscan reforzar la protección del patrimonio natural y promover una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres vivos.

¿Qué plantea el fallo para el futuro?

Más allá de la condena individual, el caso plantea un debate más amplio sobre la capacidad del sistema judicial y las políticas estatales para abordar el maltrato animal como asunto socioambiental. El fallo fue presentado por las autoridades como un antecedente relevante para fortalecer los fueros ambientales y profundizar acciones de prevención, educación y reparación que desincentiven la repetición de conductas violentas contra animales.

La sentencia combina medidas punitivas, educativas y de reparación comunitaria: una apuesta por la reinserción de los condenados, pero también un gesto de reparación hacia la comunidad y las organizaciones que acompañaron la denuncia.

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