La Política Ambiental
Las organizaciones Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Aves Argentinas señalaron que el veto parcial del Poder Ejecutivo de Chaco a la Ley N° 4157-R es insuficiente y mantiene intactos los problemas estructurales de la política forestal provincial. Recalcaron que la deforestación ilegal debe tratarse como un delito penal y no como una simple infracción administrativa.
El artículo 45 bis, finalmente vetado, permitía descuentos en las multas y el uso de la madera incautada en casos de desmonte ilegal, mediante un ambiguo “contrato de restauración del daño”. Según las ONG, esa figura, carente de definición normativa, generaba incentivos perversos y contradecía la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos.
Sin embargo, advierten que el veto no aborda los mecanismos de blanqueo de madera que continúan vigentes. Solo en 2024, más de la mitad de la madera circulante en Chaco se legalizó mediante “autorizaciones especiales” otorgadas bajo una interpretación laxa del artículo 53 de la Ley 2079-R. Además, infractores siguen accediendo a reducciones de hasta el 50% en multas y facilidades de pago, previstos en los artículos 32 y 9 de la misma norma.
A esto se suma un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) regresivo, acreditado de manera parcial según la Disposición 734/2025 de la autoridad nacional. Importantes áreas permanecen sin categorización ni protección efectiva, lo que genera vacíos legales y habilita la continuidad del desmonte. Aunque la autoridad nacional observó el polígono regresivo de mayor superficie, se convalidaron regresiones en cientos de miles de hectáreas del resto del OTBN. Incluso, la Resolución 668/2025 del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible ordenó avanzar con solicitudes de permisos forestales en ese marco, salvo en los casos alcanzados por la cautelar iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Ante este panorama, las organizaciones reclaman:
Completar la zonificación del OTBN chaqueño con criterios participativos y ajustados a la Ley 26.331.
Fortalecer un régimen sancionatorio que sea realmente disuasivo, transparente y eficaz.
Rechazar reformas legales sin un proceso de consulta amplio y riguroso.
Finalmente, insistieron en que la deforestación ilegal debe incorporarse al régimen penal. Solo con un enfoque legal robusto y políticas públicas firmes podrá frenarse la acelerada pérdida de bosques nativos en Chaco y en el país.
