La Política Ambiental
En el corazón de las Sierras Grandes, a solo 30 kilómetros de Villa Carlos Paz, una amenaza silenciosa persiste desde hace más de cuatro décadas. La ex mina de uranio Los Gigantes, explotada durante los años 80, volvió a estar en el centro del debate público tras nuevas denuncias por posibles filtraciones radiactivas en uno de sus diques de contención. Esta vez, el reclamo no solo provino de organizaciones ambientales, sino también del Concejo de Representantes de la ciudad.
La preocupación creció tras conocerse que el Dique 3, uno de los reservorios que almacena millones de toneladas de residuos tóxicos, perdió su impermeabilización a principios de 2024. Aunque la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) afirmó que la geomembrana fue reparada y que no existe riesgo de contaminación, las dudas persisten. Organizaciones, vecinos y referentes ambientales denuncian falta de información, remediaciones inconclusas y un Estado ausente.
“Un yacimiento de venenos en nuestra fábrica de agua”
La mina Los Gigantes funcionó entre 1982 y 1989, extrayendo apenas 207 toneladas de uranio. A cambio, dejó un legado tóxico: más de 4 millones de toneladas de residuos radiactivos y metales pesados que permanecen expuestos a la erosión, la lluvia, y al riesgo sísmico en un entorno clave para la provisión de agua del centro de la provincia.
Juan Carlos A. Paesani, referente de la ONG Educación, Ambiente y Trabajo, advirtió sobre los residuos peligrosos que permanecen acumulados en la zona, incluyendo uranio, radio, plomo y polonio. “Este yacimiento de venenos seguirá afectando por muchísimos años a la Reserva Hídrica Los Gigantes”, aseguró. También recordó que en 2007 ya había alertado sobre la falta de remediación en una presentación en el Concejo de Villa Carlos Paz, que derivó en una resolución dirigida a la CNEA. Pero nunca se actuó de forma efectiva.
Según Paesani, el escenario actual se agrava por el cambio climático, con lluvias intensas que aumentan el riesgo de roturas en los diques. El silencio institucional no hace más que aumentar la incertidumbre.
Reclamos en el Concejo: transparencia y plan de emergencia
El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó recientemente un proyecto de resolución que exige información clara y detallada. El texto solicita a la CNEA y a la Autoridad Regulatoria Nuclear datos técnicos sobre el estado actual del Dique 3, las reparaciones hechas y los monitoreos ambientales de la última década. Además, pide a la Provincia informes sobre la calidad del agua y las inspecciones realizadas.
Entre las medidas propuestas, se destaca la elaboración de un Plan de Riesgo para la cuenca del río San Antonio y el lago San Roque, dos fuentes fundamentales para el abastecimiento de agua de Villa Carlos Paz, Córdoba capital y el Gran Córdoba. También se reclama la publicación de toda la información recabada en la web del municipio para garantizar el acceso ciudadano.
La respuesta oficial: negación y monitoreos
En respuesta a la creciente alarma social, la CNEA desmintió que existan filtraciones recientes y aseguró que los sistemas de contención funcionan correctamente. Afirmó que no hubo roturas nuevas en los diques del complejo minero y que se realizan tareas de mantenimiento y monitoreo bajo supervisión de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
La última rotura reconocida por el organismo ocurrió en 2021, y fue, según su versión, reparada en 2023 con nuevos materiales. Sin embargo, no se detalló públicamente el contenido de los informes de monitoreo, ni se ha convocado a la ciudadanía a participar en instancias de control, como lo requería el Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), financiado por el Banco Mundial.
Cristian Basualdo: “Esto es un crimen ambiental”
El periodista socioambiental Cristian Basualdo, de Embalse, fue contundente al referirse a la situación: “El material va a quedar ahí para siempre. Lo único que se puede hacer es mejorar la confinación. Es un verdadero crimen ambiental para las generaciones futuras”. Basualdo recordó que el país recibió financiamiento internacional para remediar el lugar, pero que hasta ahora no se han cumplido los anuncios ni realizado estudios sanitarios independientes sobre los posibles efectos en la salud de la población.
“La gente se sigue enfermando, pero como no hay estudios, se invisibiliza”, denunció.
¿Y ahora qué?
El caso Los Gigantes es uno de los pasivos ambientales más grandes de Córdoba, junto con el llamado “Chichón de Alta Córdoba”. A pesar de los reiterados reclamos, la remediación sigue siendo una promesa. Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas, vecinos y algunos sectores institucionales siguen presionando para que se dé respuesta a una amenaza que no caduca con el tiempo.
En un país donde el acceso al agua y la salud ambiental son derechos consagrados, pero muchas veces vulnerados, el caso de Los Gigantes evidencia un problema estructural: la desconexión entre los compromisos ambientales asumidos por el Estado y las acciones concretas en el territorio.
Frente a la crisis climática y los compromisos de la Agenda 2030, dejar pasar otro año sin remediar Los Gigantes ya no es una opción. Es una deuda con el ambiente, con la salud pública y con el futuro.
La Justicia responsabiliza al Estado Nacional y a la provincia de Jujuy por la contaminación ambiental en una de las áreas más biodiversas del país.
El hallazgo fue en el departamento General Güemes, en el norte chaqueño. El ciervo axis, una especie asiática criada originalmente en cotos de caza, representa una amenaza para la fauna nativa.
Vecinos de la localidad de Los Pocitos, en el municipio de Tafí Viejo, acusan a EDET y Transnoa por contaminación ambiental con sustancias peligrosas. Los abogados de las víctimas denuncian que el Ministerio Público no ha investigado la causa tras más de diez días de presentada.
