Entre Ríos: un juez ordenó restituir a Rosario más de 800 hectáreas en las islas del Paraná

En un fallo con fuerte impacto ambiental y jurídico, la Justicia entrerriana ordenó al empresario agropecuario Enzo Mariani restituir 807 hectáreas en las islas del Paraná a la Municipalidad de Rosario, poniendo fin a un extenso litigio por la propiedad de esas tierras, ubicadas dentro de la jurisdicción de Victoria.

La resolución fue dictada por el juez federal civil y comercial de Victoria, Luis Francisco Márquez Chada, quien rechazó el reclamo de Mariani de quedarse con las tierras mediante prescripción adquisitiva, figura legal que permite obtener la propiedad por ocupación prolongada. El magistrado consideró que el empresario no acreditó ni un título legítimo ni el tiempo de posesión requerido por ley, que exige al menos 20 años continuos.

El juez también ordenó la devolución inmediata del predio sin derecho a compensación por las mejoras que Mariani aseguró haber realizado, entre ellas alambrados, galpones y viviendas. Además, deberá pagar los costos judiciales del proceso.

El fallo habilita al municipio rosarino a reclamar una indemnización por la privación de uso del terreno y los gastos que demande la remoción de las construcciones ilegales. En 2023, la Municipalidad había estimado esos daños en unos 80 millones de pesos, cifra que ahora deberá ser actualizada de acuerdo con la inflación acumulada y los nuevos valores del suelo.

Las islas en disputa fueron donadas a la ciudad por el filántropo rosarino Carlos Deliot, fallecido en 1944. En 1999, Rosario había escriturado oficialmente las tierras, integrándolas a su Plan Ambiental Rosario bajo el nombre de Reserva Los Tres Cerros, una zona clave para la preservación del humedal y la biodiversidad del Paraná medio.

Con esta sentencia, la ciudad recupera la titularidad sobre un área estratégica dentro del ecosistema isleño, afectado en los últimos años por incendios, avance de la ganadería, y emprendimientos privados sin control ambiental.

El fallo también sienta un precedente importante sobre la protección de los bienes públicos y los humedales del delta del Paraná, un territorio cada vez más presionado por intereses productivos y proyectos inmobiliarios.