Graves denuncias por represión en Mendoza: detenciones ilegales y violencia policial tras una marcha en defensa del agua

Una jornada de protesta en defensa del agua en Mendoza terminó con una violenta represión policial, detenciones arbitrarias y denuncias por abuso de autoridad. La movilización, convocada por asambleas socioambientales y organizaciones vecinales en rechazo al proyecto minero San Jorge, partió desde el kilómetro cero de la capital y tenía previsto finalizar frente a la Legislatura provincial. Sin embargo, el acto derivó en una carga policial con golpes, gases lacrimógenos y arrestos ilegales.

Entre las personas detenidas se encuentran Liza Rule, militante de H.I.J.O.S. Mendoza, y Martín Iglesias, activista ambiental, quienes —según testigos y organismos de derechos humanos— fueron golpeados y arrastrados hasta el interior de la Legislatura, convertida de hecho en un centro de detención irregular. Ambos permanecen privados de la libertad y, hasta el cierre de esta nota, no han sido formalmente imputados ni sometidos a control médico legal.

La situación generó un fuerte repudio por parte de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, que se concentraron frente a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz y el Polo Judicial para exigir su inmediata liberación. La Asamblea por el Agua, la APDH y referentes de la Universidad Nacional de Cuyo calificaron los hechos como un “retroceso grave en materia de derechos democráticos”.

La versión oficial y las contradicciones
El Ministerio de Seguridad de Mendoza emitió un comunicado donde atribuyó los incidentes a “grupos que buscaron forzar una situación de conflicto”. Sin embargo, videos y testimonios difundidos por medios locales —como El Mosquitero y radios comunitarias— muestran que la represión fue iniciada por la policía, que actuó con agentes de civil y sin identificación visible.

El jefe de la fuerza confirmó que se analizarán las imágenes de las bodycams policiales para identificar a manifestantes, una medida que generó preocupación entre juristas y organismos de derechos humanos, quienes advirtieron sobre un posible uso persecutorio de la información y una criminalización de la protesta social.

La defensa del agua, eje del conflicto
La movilización se enmarca en la histórica defensa de la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería mendocina y que desde su sanción en 2007 ha sido un símbolo de la resistencia social frente a la megaminera San Jorge, un proyecto de explotación de cobre en Uspallata impulsado por capitales internacionales.

Las protestas ambientales en Mendoza son, desde hace años, masivas y pacíficas, y expresan el temor de amplios sectores sociales ante el avance de proyectos extractivos en una provincia caracterizada por la escasez de agua. “Convertir la defensa del agua en un delito es un ataque directo a la democracia y a los derechos fundamentales”, expresaron en un comunicado conjunto varias organizaciones locales.

Un patrón de violencia institucional
Diversos antecedentes en la provincia muestran un patrón creciente de represión y persecución a quienes participan de movilizaciones sociales. En enero, el activista Mauricio Cornejo fue detenido tras protestar contra la mina San Jorge y posteriormente imputado bajo una figura penal vinculada a la “coerción ideológica”.

Para especialistas en derechos humanos, estos casos evidencian una tendencia preocupante: la utilización de la fuerza policial y del aparato judicial para disciplinar la protesta ambiental y social. “La violencia institucional se usa como herramienta política para desactivar el conflicto social en torno al modelo extractivo”, advirtió una fuente de la Universidad Nacional de Cuyo.

Reacciones y reclamos
Las imágenes de la represión se viralizaron rápidamente en redes sociales y motivaron pronunciamientos de dirigentes políticos, sindicatos y referentes académicos de todo el país. Distintas organizaciones convocaron nuevas movilizaciones frente a la Legislatura y al Polo Judicial bajo la consigna “Libertad a Liza y Martín. Basta de represión”.

El episodio deja planteadas preguntas profundas sobre el rol del Estado provincial, la tolerancia hacia la protesta pacífica y los límites del accionar policial. En una provincia donde el agua es un bien escaso y vital, la represión de quienes la defienden abre un debate urgente sobre cómo compatibilizar el desarrollo económico con el respeto a los derechos humanos y ambientales.