San Luis en falta con el Acuerdo de Escazú y el acceso a la información pública Ambiental

En una época donde se habla de transparencia, democracia ambiental y participación ciudadana, la realidad en San Luis va en sentido contrario. La Secretaría de Ambiente provincial parece haber olvidado que el acceso a la información pública no es un favor que se concede, sino un derecho que debe garantizarse.

A pesar de que existen normas claras —la Ley Provincial N° V-0924-2015, la Ley Nacional N° 27.275, la Ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú— que amparan el derecho ciudadano a conocer qué hacen las autoridades con el ambiente, en la práctica ese acceso choca contra una pared de silencio burocrático.

Pedir información no debería ser una odisea
La ley es concreta: cualquier persona puede solicitar información pública sin tener que explicar por qué, y la respuesta debería llegar en un plazo de diez días hábiles, prorrogables por otros diez. Sin embargo, EcoPress ha recibido numerosos testimonios que pintan otro panorama: pedidos que no se responden, expedientes que “se pierden” y silencio oficial como respuesta habitual.

Una comunicadora ambiental que pidió información a la Secretaría relató que no solo no le contestaron, sino que ni siquiera le dieron un número de expediente ni notificaron una prórroga. Casos como este se multiplican entre activistas, investigadores y periodistas.

FARN también fue ignorada
Pero no se trata solo de ciudadanos individuales. Incluso organizaciones de peso como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), miembro del Observatorio del Acuerdo de Escazú, denunciaron que la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis no respondió a sus solicitudes sobre las declaraciones de impacto ambiental de los cateos mineros “León Herido” y “Novillo Negro” en las Sierras Centrales. Tampoco contestaron el recurso de revocatoria presentado tras el silencio administrativo.

Censura y medios silenciados
El medio local El Semiárido, que viene informando sobre la crítica erosión en la zona de Donovan, también se topó con una negativa total de la cartera ambiental a dar respuestas. Desde el medio denunciaron una "censura explícita" por parte del Ministerio.

Cuando se apagan las respuestas desde los organismos públicos, no solo se violan leyes. Se apaga también la posibilidad de controlar, de preguntar, de proteger el ambiente. Y eso debería alarmarnos a todos.

La Defensoría tuvo que intervenir
Ante la gravedad de la situación, la propia Defensoría del Pueblo de San Luis emitió la Resolución N° 018-DdP-25 para instar a todos los organismos provinciales y municipales a cumplir con la ley. En el texto se advierte que “el silencio y la falta de respuestas” por parte de estos organismos representa un incumplimiento grave. Aunque no menciona directamente a la Secretaría de Ambiente, la resolución fue dirigida también a esa dependencia.

¿Dónde queda el Acuerdo de Escazú?
Argentina es parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina que garantiza el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Pero la adhesión formal al tratado pierde sentido si las prácticas diarias lo contradicen.

El derecho a saber qué está pasando con nuestro ambiente es clave para poder ejercer otros derechos: a un ambiente sano, a decidir, a participar. No se puede cuidar lo que no se conoce. Y si las autoridades se niegan a informar, están incumpliendo la ley y poniendo en jaque la democracia ambiental.

Hoy, la Secretaría de Ambiente de San Luis parece más interesada en blindarse que en informar. Y eso no es solo un problema legal. Es un problema ético, político y ambiental.

Con Fuente de EcoPress