Tierra del Fuego: ¿Desarrollo productivo o retroceso ambiental? La Legislatura habilitó las Criaderos de salmón tras flexibilizar la histórica prohibición

En una de las últimas sesiones del año, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una modificación clave a la Ley Provincial N.º 1355, la norma que desde 2021 prohibía de manera total la instalación de salmoneras y la cría de salmónidos en aguas marinas, lagos y lagunas de la provincia. Con una votación ajustada, la ley dejó de ser una prohibición absoluta y pasó a habilitar la actividad bajo un esquema de regulación, reabriendo un debate que atraviesa de lleno la agenda ambiental, productiva y política del país.

La reforma mantiene vedadas zonas sensibles, como el Canal Beagle, el lago Fagnano y la Laguna Esmeralda, pero permite el desarrollo de proyectos de acuicultura en otras áreas del territorio fueguino. El cambio fue impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, que sostiene que la salmonicultura puede convertirse en una herramienta para diversificar la matriz productiva, atraer inversiones y generar empleo en una provincia históricamente dependiente de un puñado de actividades económicas.

Desde el oficialismo provincial argumentan que la nueva normativa incorpora controles ambientales más estrictos, como evaluaciones de impacto ambiental, estudios técnicos previos y lineamientos específicos para cada proyecto. Bajo esta lógica, la actividad podría desarrollarse de forma “sustentable”, con supervisión estatal y estándares ambientales que eviten los daños registrados en otros países de la región.

Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, sectores de la pesca artesanal y referentes del turismo. Para estos actores, la flexibilización de la ley representa un retroceso ambiental y pone en riesgo ecosistemas únicos del extremo sur argentino. Señalan que la salmonicultura intensiva suele implicar contaminación por desechos orgánicos, uso de antibióticos, propagación de enfermedades y la introducción de especies exóticas que alteran el equilibrio natural de ambientes frágiles.

Las críticas también apuntan al proceso legislativo. Distintos sectores cuestionaron la falta de un debate amplio y participativo, y advirtieron que una política que había convertido a Tierra del Fuego en un ejemplo de protección ambiental a nivel nacional fue modificada sin un consenso social claro. Algunos legisladores anticiparon que la norma podría ser judicializada por presuntas irregularidades en su tratamiento.

El caso fueguino vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cómo compatibilizar desarrollo económico, generación de empleo y protección ambiental en un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad. La tensión entre una visión productivista y otra centrada en la conservación atraviesa no solo a Tierra del Fuego, sino a buena parte de las provincias argentinas.

Para las generaciones jóvenes, cada vez más involucradas en la agenda ambiental y en los debates sobre el uso de los bienes comunes, la habilitación de las salmoneras abre interrogantes sobre el modelo de desarrollo que se busca impulsar en el país. La discusión ya no es solo técnica o económica, sino también política y cultural: qué actividades se promueven, en qué territorios y a qué costo ambiental.

Más allá de la letra de la ley, el verdadero impacto de la reforma dependerá de su implementación concreta, de los controles estatales y del rol que logren tener las comunidades locales en la toma de decisiones. El futuro de la salmonicultura en Tierra del Fuego todavía es incierto, pero el debate que despertó ya ocupa un lugar central en la agenda ambiental argentina.