La Política Ambiental
El martes 16 de septiembre se realizó en San Antonio Este, Río Negro, la audiencia pública para presentar el Estudio de Impacto Ambiental que busca habilitar la instalación de un nuevo buque de licuefacción de gas natural (GNL), denominado MKII, en el Golfo San Matías, vecino de la Península Valdés en Chubut. Este buque se sumaría al licuefactor aprobado a inicios de 2025, el Hilli Episeyo, y a futuros proyectos que podrían sumar hasta cuatro nuevos buques.
La audiencia estuvo marcada por una restricción legal: la ley provincial rionegrina prohíbe la participación de personas domiciliadas fuera de Río Negro. Esta limitación impidió que vecinos de Chubut, cuyos ecosistemas podrían verse afectados por derrames o impactos acumulativos, pudieran expresar su opinión.
Sin embargo, el sábado 13 de septiembre, una audiencia organizada por habitantes locales de San Antonio Oeste permitió la participación de todas las voces, demostrando que el ambiente y los ecosistemas no reconocen fronteras. Activistas y especialistas reclamaron que la Ley 3284 de Río Negro se adecue al Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó en 2020, garantizando participación ciudadana plena y efectiva.
Voces críticas al proyecto
Durante la audiencia del martes, autoridades locales y representantes de la empresa Southern Energy destacaron el proyecto como una oportunidad para generar empleo, minimizando los riesgos socioambientales. El Estudio de Impacto Ambiental presentado señalaba que los impactos ambientales no serían significativos, aunque esta afirmación fue fuertemente cuestionada.
Entre los oradores, Suyhay Quilapan, de Las Grutas, criticó que el estudio no analiza los impactos acumulativos y sinérgicos del buque MKII con otros proyectos, como el Hilli Episeyo, la planta de gas compresora de San Antonio Oeste, los buques metaneros, la terminal portuaria y futuras instalaciones. “El estudio nos muestra el tráiler, pero no la película completa”, señaló.
Por su parte, Liz Assef, en representación de la Fundación Inalafquen, denunció que el proyecto viola el Acuerdo de París y el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, al omitir el análisis de emisiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles como el benceno. Además, recordó que se infringe la Ley Provincial 2472, que prohíbe el vertido directo o indirecto de efluentes industriales al mar, sin importar su grado de tratamiento.
Asimismo, Aylen Tapia y Laura Sabesinsky, vecinas de la región, cuestionaron la promesa de generación de empleo, señalando que los puestos creados son escasos y precarios, y que la actividad extractiva ha convertido históricamente al norte del mar patagónico en un cementerio ecológico.
Democracia ambiental vs. simulación
La audiencia del 16 de septiembre coincidió con el Día Internacional de la Democracia, pero según los críticos, se trató de una participación simulada, limitada por el domicilio de los asistentes. Las restricciones legales y administrativas evidencian la miopía ecosistémica de las autoridades, que ignoran los impactos transfronterizos de estos proyectos de GNL.
A pesar de esto, las comunidades locales y activistas continúan defendiendo el Golfo San Matías, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la protección ambiental como valores que deben superar intereses coyunturales y económicos.
