La Política Ambiental
En uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Argentina, San Carlos de Bariloche enfrenta una crisis ambiental que pone en riesgo su entorno natural y la salud de su población. Su vertedero municipal —ubicado en plena zona urbana y operando sin control adecuado desde hace más de cuatro décadas— fue incluido por la International Solid Waste Association entre los 50 basurales más contaminantes del mundo. Es el único sitio argentino que figura en ese listado.
El predio recibe alrededor de 200 toneladas diarias de residuos y acumula más de medio millón de toneladas, de las cuales solo el 5% se recicla. Las consecuencias se reflejan en la contaminación del aire, el suelo y las napas freáticas. “El vertedero representa una herida abierta que no deja de sangrar hace más de 40 años. Es una bomba de tiempo que va heredando cada gestión”, advirtió Iván Espeche Gil, vocero de la Fundación Impacta.
Una oportunidad en medio de la crisis
La Fundación Impacta, dedicada a promover ciudades sostenibles, eligió Bariloche como epicentro de su primer gran programa ambiental. En el marco del Encuentro Ciudades Sostenibles, lanzó el evento “Patagonia sin Basura”, que reunió 80 propuestas de gestión de residuos. Seis de ellas serán premiadas con el objetivo de convertir la región “en un faro de innovación y regeneración ambiental, social y económica”.
Consecuencias ambientales
El ingeniero ambiental Ignacio Sagardoy, exfuncionario especializado en gestión de residuos, explicó que el problema se agrava por el deterioro de las instalaciones y la falta de control técnico. En 2014 se clausuró el antiguo basural y se inauguró una celda de residuos controlados, pero un incendio dañó la membrana protectora y la planta de tratamiento de lixiviados nunca funcionó.
“El relleno sanitario se convirtió otra vez en un vertedero sin control”, señaló Sagardoy. Agregó que no se compactan ni cubren los residuos, no se instalan conductos para ventilar los gases y la celda se saturó sin ampliación prevista, lo que obligó a reutilizar sectores ya excavados.
Los especialistas coinciden en que los efectos ambientales son graves y difíciles de revertir. La falta de una barrera impermeable permite la filtración de líquidos tóxicos hacia las napas, con riesgo de contaminación para los lagos Gutiérrez y Nahuel Huapi.
Un relevamiento realizado entre vecinos y médicos determinó que el 91% de los encuestados percibe impactos en su salud, incluyendo síntomas respiratorios, dermatológicos y psicológicos. “El vertedero está en un punto divisorio de aguas. Es una fábrica 24/7 de lixiviados que se infiltran hacia los lagos”, señaló Espeche Gil, quien además advirtió sobre la dispersión de residuos a través de aves carroñeras.
Las quemas descontroladas son otro factor crítico. En el último invierno, seco y ventoso, el basural ardió durante tres días consecutivos. “Es una amenaza permanente para el aire y la seguridad de las personas”, agregó el vocero de Impacta.
Un problema social y económico
El vertedero también constituye el sustento de decenas de familias recicladoras que dependen de la recolección informal. La expansión urbana y la falta de planificación agravan la situación. “La prioridad es evitar incendios y mejorar la operación con compactación y cobertura adecuada. El nuevo sitio de disposición final debería funcionar como relleno sanitario regional, en coordinación con Dina Huapi”, propuso Sagardoy.
Pese a la gravedad del cuadro, las sucesivas gestiones municipales y provinciales no lograron avanzar en una solución. La Ley provincial 5491, sancionada en 2020, ordenó el cierre de todos los basurales a cielo abierto en tres años. El Concejo Deliberante local adhirió a esa norma fijando como fecha límite el 4 de diciembre de 2023, pero el plazo se incumplió.
El intendente Walter Cortés reconoció que “la basura es un problema” y expresó su apoyo al traslado del predio, aunque señaló los altos costos que implicaría la operación. Desde Fundación Impacta advirtieron que la inacción tiene un costo aún mayor: “Gastamos fortunas para agrandar el problema en vez de usar esos recursos para resolverlo. Es un pasivo ambiental cada vez más caro de remediar”.
En promedio, el 30% de la recaudación de los municipios argentinos se destina a la recolección y disposición de residuos. “Un tercio del presupuesto se va en sostener un sistema ineficiente”, agregó Espeche Gil.
Exigen acción inmediata
La defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, activó una resolución de abocamiento para supervisar el caso. “Consideramos de absoluta necesidad que las autoridades competentes asuman con urgencia el abordaje integral de esta situación, generando instancias de diálogo, inspección y planificación que permitan revertir el daño ambiental y prevenir riesgos para la población”, sostuvo.
Aunque el panorama es crítico, los especialistas coinciden en que Bariloche podría transformarse en un modelo de transición ambiental si logra convertir su crisis en una oportunidad. En un país con más de 5.000 basurales a cielo abierto, la ciudad patagónica enfrenta el desafío de pasar de ser una bomba de tiempo ambiental a convertirse en un referente nacional de sostenibilidad.
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