La Política Ambiental
La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano encabezó el pasado 1° de octubre un corte de ruta pacífico en el Salar del Hombre Muerto, junto a comunidades originarias de Salta, Jujuy, Chile y Bolivia, en defensa del territorio y los bienes comunes. La medida se realizó en el sitio sagrado conocido como Tumba del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), para denunciar el impacto de la megaminería de litio sobre el ecosistema altoandino.
En un comunicado, las comunidades alertaron que el Salar —uno de los humedales de altura más importantes del país— se encuentra hoy amenazado por doce proyectos mineros, de los cuales tres están en plena explotación. Para los pueblos atacameños, la presencia de las plantas industriales y la expansión de los caminos mineros contrastan con la vida que habita el salar y ponen en riesgo sus prácticas tradicionales.
Las comunidades recordaron que en diciembre de 2024 presentaron un reclamo formal por el uso arbitrario del camino comunal que atraviesa el sitio sagrado y por la mortandad de animales causada por el tránsito permanente de camiones entre los proyectos Fénix (Livent/Allkem) y Sal de Vida (Galaxy Resources). Hasta el momento, no hubo respuesta por parte de las autoridades.
Durante la jornada, el corte de ruta obligó a los vehículos mineros a desviarse por rutas alternativas, lo que —según señalaron— demuestra que existen otras vías posibles que evitan el paso por el sitio ceremonial.
El cacique Román Guitián, referente de la comunidad Atacameña del Altiplano, sostuvo que continuarán con las medidas hasta que el Gobierno de Catamarca adopte decisiones que prioricen la vida, el agua y los derechos de las comunidades.
“Vamos a seguir reclamando hasta que se respete la ley, la vida en el salar y los tratados internacionales. No queremos más contaminación ni atropellos sobre nuestros territorios”, expresó Guitián.
El Salar del Hombre Muerto, ubicado a más de 4.000 metros de altura, forma parte de la cuenca binacional del litio compartida con Chile. En la actualidad, es uno de los epicentros del extractivismo minero en el norte argentino, donde las comunidades reclaman que se garantice la consulta previa, libre e informada, el acceso al agua y la protección de los sitios sagrados, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
