Greenpeace volvió a denunciar a la provincia de Salta ante la Corte Suprema por la nueva ley de bosques

La organización ambientalista cuestiona que la reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) habilita desmontes en zonas protegidas. Aseguran que la medida viola la Ley Nacional de Bosques y compromete los compromisos internacionales de Deforestación Cero.

La organización Greenpeace Argentina presentó una nueva denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Salta, por considerar que la reciente reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) —aprobado por el gobierno de Gustavo Sáenz— constituye un “golpe devastador para los bosques” del norte argentino.

Se trata de la segunda impugnación presentada por la ONG ambientalista. En febrero de este año, cuando el Ejecutivo provincial promulgó la ley, Greenpeace ya había solicitado la intervención del máximo tribunal. Ahora, tras su reglamentación, la organización reforzó los cuestionamientos e incorporó nuevos elementos al expediente judicial.

 
Una norma en conflicto con la Ley Nacional de Bosques
Según el reclamo, el nuevo OTBN salteño viola la Ley Nacional 26.331, que fija los criterios mínimos de protección ambiental para los bosques nativos. En concreto, Greenpeace advierte que la actualización habilitaría desmontes en alrededor de 720.000 hectáreas que antes contaban con protección, cifra equivalente a toda la superficie deforestada en Salta durante los últimos 15 años.

Además, el ordenamiento convalidaría desmontes ilegales previos sin exigir tareas de restauración ambiental, lo que —según la ONG— implica una “amnistía encubierta” a infractores.

La organización también denunció la ausencia de consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias, tal como lo exigen la legislación nacional y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

 
Avanza la deforestación: audiencias públicas y nuevas habilitaciones
Lejos de frenar los desmontes, la reglamentación fue acompañada por la convocatoria a audiencias públicas para autorizar proyectos productivos en 30 fincas que suman más de 25.900 hectáreas.

“El gobierno de Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial. Lo hace en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad”, había advertido Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La activista recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática de Glasgow (2022) el compromiso internacional de alcanzar la Deforestación Cero en 2030, por lo que “las provincias deberían avanzar en esa dirección y no en sentido contrario”.

Entre los empresarios y compañías beneficiados con los permisos de desmonte, Greenpeace menciona a Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Campos del Trópico S.A., y a productores como Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Rodrigo René Cuellar y José Ignacio Lecuona de Prat, entre otros.

 
La polémica “categoría amarillo oscuro”
Uno de los puntos más criticados de la normativa es la creación de una nueva figura llamada “categoría amarillo oscuro”, una clasificación inexistente en la Ley Nacional de Bosques.
Este mecanismo permite “movilizar zonas productivas” dentro de áreas que antes estaban protegidas, condicionando la apertura de tierras según el porcentaje de desmonte permitido por cuenca hídrica.

Para Greenpeace, se trata de un “verde encubierto” que permite deforestar donde hoy está prohibido.
La ONG denunció que esta categoría transitoria introduce una zonificación flexible, sin precisar geográficamente qué áreas podrán ser afectadas, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales y pérdida de control ambiental.

A su vez, el nuevo OTBN habilita el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) o sistema silvopastoril en 5,5 millones de hectáreas de zonas amarillas.
Según Greenpeace, este modelo —ya aplicado en provincias como Chaco y Santiago del Estero— terminó funcionando como “desmonte selectivo”, al eliminar progresivamente la cobertura vegetal nativa bajo el pretexto de integrar ganadería y conservación.

 
Impacto sobre la biodiversidad y el yaguareté
La organización también advirtió que el nuevo ordenamiento profundizará la fragmentación del hábitat de especies en peligro, en especial del yaguareté (Panthera onca).
Los territorios que podrían verse afectados coinciden con las zonas identificadas por científicos como críticas para la conservación del felino más amenazado del país, cuya población en la región chaqueña no supera los 20 ejemplares.

“El avance de la frontera agropecuaria en el norte argentino —impulsado por esta normativa— no solo implica pérdida de bosques, sino también desplazamiento de comunidades y desaparición de especies emblemáticas como el yaguareté”, señalaron desde Greenpeace.

 
Un reclamo federal
La causa judicial promovida por la organización abarca también a las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde en los últimos años se registraron los índices más altos de deforestación del país.
En todos los casos, el planteo busca que la Corte Suprema de Justicia intervenga para garantizar la protección efectiva de los bosques nativos y la biodiversidad, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y de los compromisos ambientales asumidos por la Argentina ante la comunidad internacional.