En el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, en Corrientes, Javier Milei volvió a colocar a los glaciares en el centro de una polémica que Argentina creía saldada desde hace más de una década. El presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares con el fin de que cada provincia defina qué es zona periglaciar y, por ende, dónde se podrá habilitar la actividad minera. Una propuesta celebrada por gobernadores aliados y por el lobby extractivo, pero duramente cuestionada por científicos y organizaciones ambientales.

La jugada no sorprende: desde que llegó al poder, Milei abrió de par en par las puertas a la megaminería. Esta vez lo hizo en un discurso marcado por la promesa de “multiplicar por 12,5” las exportaciones gracias al cobre, el oro, el litio y las tierras raras. Según dijo, la cordillera está “subutilizada”, y el país podría generar “un millón de puestos de trabajo” si se habilitan zonas que hoy están protegidas.

No faltó la descalificación: para Milei, quienes piden proteger el ambiente periglaciar son “ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre”, una caricatura que desconoce por completo lo que está en juego: el agua de la que dependen millones de personas.

Un beneficio para los gobernadores, un retroceso ambiental para el país

El presidente justificó la reforma argumentando que “devuelve el federalismo” a las provincias. En realidad, retoma una demanda histórica de gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes buscan flexibilizar la ley para habilitar proyectos mineros trabados por estar en zonas donde existe hielo, permafrost o suelos congelados, elementos fundamentales para el abastecimiento hídrico en la cordillera.

La propuesta no sólo dificulta una protección homogénea y basada en criterios científicos, sino que coloca en manos de los gobiernos provinciales —muchos con conflictos de interés evidentes— la definición de zonas clave para el ciclo del agua.

Una ley vigente, validada por la ciencia y por la Corte

La Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras una fuerte presión social, protege los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua en un país atravesado por sequías, retrocesos glaciales y estrés hídrico creciente. En 2019, la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad y dejó claro que, ante conflictos entre intereses económicos y derechos colectivos como el acceso al agua, debe prevalecer lo segundo.

La comunidad científica ha sido contundente: el ambiente periglaciar no es un perímetro arbitrario, como sugiere Milei, sino un componente esencial del sistema hídrico andino. Allí se almacena agua en forma de hielo, permafrost y suelos congelados que liberan caudales reguladamente a lo largo del año. Si se degrada, el impacto se siente en ríos, cuencas, ecosistemas y poblaciones a cientos de kilómetros.

Los expertos advierten que cualquier retroceso en la protección pone en riesgo reservas hídricas ya afectadas por el cambio climático —fenómeno que Milei insiste en negar— y aumenta la probabilidad de aluviones y deslizamientos de montaña. También recuerdan que la ley vigente se apoya en criterios científicos probados, mientras que los cambios propuestos son “imprecisos, inconsistentes” y responden más a presiones mineras que al interés público.

Más extractivismo, menos agua

La narrativa oficial insiste en que todo es una oportunidad de negocios. El Gobierno celebró inversiones anunciadas para minería, petróleo y gas, y destacó el “road show minero” encabezado por el canciller Pablo Quirno y Karina Milei. Pero lo que no se dice es que estas inversiones requieren avanzar sobre ambientes frágiles cuya degradación ya está documentada.

Los glaciares y el periglaciar no son obstáculos para el desarrollo, sino el mayor seguro hídrico del país. Sin ellos, las economías regionales que Milei dice querer impulsar —agricultura, turismo, energía— quedan expuestas.

Un país que se juega su futuro

Mientras el Gobierno y varios gobernadores impulsan modificaciones hechas a la medida de las mineras, la sociedad civil y el ámbito científico reiteran lo obvio: sin agua no hay minería, pero tampoco hay vida, ni producción, ni futuro posible.

Modificar la Ley de Glaciares para habilitar la megaminería en zonas protegidas no es modernización ni federalismo. Es hipotecar las reservas hídricas estratégicas de Argentina en un contexto de crisis climática y desequilibrio ambiental. En un país donde el acceso al agua ya está en tensión, retroceder en su protección es una decisión que las generaciones jóvenes —las que más sufrirán sus efectos— no pueden darse el lujo de ignorar.