Organizaciones ambientales advierten sobre los intentos del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares

A quince años de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar (Ley 26.639), referentes de organizaciones ambientales y asambleas ciudadanas alertaron sobre los intentos del Gobierno nacional y del sector minero de modificar la norma para reducir las áreas de protección.

Durante un panel convocado por diversas ONG y colectivos territoriales, Agostina Rossi Serra (Greenpeace), Pía Marchegiani (FARN), Enrique Viale (AAdeAA) y Saúl Zeballos (Asamblea Jáchal No Se Toca) coincidieron en la necesidad de defender la ley como una herramienta clave para resguardar el agua dulce y los ecosistemas de montaña.

“Modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos”, advirtió Rossi Serra. “Cumplirla y defenderla es la única forma de resguardar el agua y la vida en un contexto de crisis climática”, agregó.
 
Una ley histórica bajo amenaza
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010, tras años de debate social y político y luego de haber sido vetada en 2008 por presión de provincias cordilleranas y de la minera Barrick Gold. La norma define como áreas protegidas tanto los glaciares como el ambiente periglaciar, reconociendo su rol esencial como reservas estratégicas de agua dulce.

“Cuando se propuso, no sabíamos que quince años después el contexto de crisis climática sería tan extremo”, señaló Rossi Serra. “Por eso, no podemos permitir que se flexibilice: sería una regresión ambiental que dejaría sin protección el ambiente periglacial, tan vital como los propios glaciares”.
El debate resurgió luego de que funcionarios del Gobierno nacional —entre ellos el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom— manifestaran su intención de “revisar” o “reformar” la norma para permitir proyectos extractivos en zonas actualmente protegidas.

 
Democracia, ambiente y derechos
El abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, recordó que la sanción de la Ley de Glaciares se dio “en un momento de ampliación democrática”, en la misma época que el Matrimonio Igualitario.

“Retroceder en una ley como ésta sería un golpe muy fuerte a la democracia y una regresión ambiental inconstitucional”, sostuvo.
Por su parte, Pía Marchegiani, directora del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que los intentos de modificar la ley se inscriben en un “avance contra las instituciones democráticas y la agenda ambiental”, que incluye también la Ley de Bosques y la de Biodiversidad.

“La protección del agua es estratégica para todo el país y para toda su economía, no para un solo sector”, enfatizó.
 
El retorno de un viejo lobby
Los ambientalistas recordaron que los fundamentos del veto presidencial de 2008 respondieron a la presión de las provincias cordilleranas “a pedido de una multinacional muy poderosa, Barrick Gold”.

“El texto que aparece ahora en la llamada Ley Ómnibus es idéntico al borrador filtrado en 2017 cuando el Ministerio de Ambiente estaba a cargo de Sergio Bergman. Lo escribieron los abogados de Barrick Gold”, denunció Viale.
De acuerdo con Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, las modificaciones pretendidas permitirían 44 proyectos mineros que hoy están limitados por la ley, al restringir el área protegida y redefinir los glaciares en función de la “recarga hídrica”, excluyendo a los de menos de una hectárea, que son los más numerosos fuera de la Patagonia.

“El ambiente glaciar y el periglaciar son una unidad ecosistémica. No se pueden separar ni tratar como zonas distintas. Si se pierde una, se destruye la otra”, explicó Marchegiani.
 
Derrames, contaminación y nuevas amenazas
El panel también recordó el derrame de cianuro y mercurio ocurrido hace una década en el río Jáchal, San Juan, a raíz de la operación de Barrick Gold.

“Todavía el río está contaminado y el pueblo se abastece de otra fuente, pero ahora un nuevo proyecto —‘Esperanza’, de cobre y tierras raras— amenaza perforar el último acuífero limpio que nos queda”, alertó Zeballos.
El dirigente sanjuanino también se refirió al anuncio del ministro de Economía Luis Caputo, quien la semana pasada promocionó el proyecto Los Azules bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), pese a que su desarrollo afectaría geoformas glaciares y periglaciares menores a una hectárea.

“Muchos de esos glaciares ni siquiera están inventariados por el Ianigla y quedan totalmente desprotegidos ante el avance de la minería”, sostuvo Zeballos.
 
“La seguridad jurídica también es para las comunidades”
“La seguridad jurídica no es sólo para las corporaciones”, afirmó Viale. “Las comunidades también queremos seguridad jurídica: que se cumpla y se aplique la Ley de Glaciares”.

Los especialistas coincidieron en que la norma no prohíbe la minería, sino que establece límites claros: no se puede desarrollar sobre las nacientes de los ríos ni en zonas donde se produce el agua que abastece a gran parte del país.

“Los glaciares son fábricas de vida —concluyó Viale—. Alimentan nuestras cuencas, nuestros ríos y nuestras economías regionales. Están cada vez más amenazados por la crisis climática y por eso debemos cuidarlos más que nunca”.