El Senado de la Nación puso en marcha el debate para modificar la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más importantes del país. El tratamiento se da en el marco de las sesiones extraordinarias impulsadas por el Gobierno nacional y avanza en un plenario conjunto de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles, con una agenda acelerada que ya genera fuertes cuestionamientos.

Desde el oficialismo se insiste en que la ley vigente necesita ser “actualizada” para brindar mayor seguridad jurídica y permitir el desarrollo de proyectos productivos, en especial los vinculados a la minería metalífera, el litio y el cobre. Sin embargo, para amplios sectores de la oposición, la comunidad científica y organizaciones socioambientales, la iniciativa implica un retroceso claro en los niveles de protección de los glaciares y de las reservas estratégicas de agua dulce.

Qué protege la Ley de Glaciares y por qué es clave

Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares establece la protección integral de los glaciares y del ambiente periglacial, prohíbe actividades que puedan afectarlos y fija presupuestos mínimos ambientales de alcance nacional. Su objetivo central es preservar las fuentes de agua que abastecen a poblaciones, economías regionales y ecosistemas en un país cada vez más afectado por la crisis climática y la escasez hídrica.

Modificar esta norma no es un cambio técnico menor. Implica redefinir qué se protege, quién decide y bajo qué criterios, en un contexto de retroceso acelerado de glaciares, aumento de sequías y conflictos por el agua en distintas regiones del país.

Las exposiciones del Ejecutivo: minería y turismo como ejes

Durante la reunión plenaria de ayer expuso el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien defendió el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El funcionario sostuvo que la iniciativa no modifica el espíritu de la ley, sino que busca “aclarar” conceptos que, según afirmó, generan ambigüedades y trabas al desarrollo de proyectos mineros estratégicos.

Lucero remarcó que el impulso para modificar la norma surge de un pedido de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, y apeló al concepto de “federalismo de concertación” para justificar que las jurisdicciones provinciales tengan mayor margen de decisión. También planteó que contraponer minería y ambiente es una “falsa dicotomía” y presentó a la actividad extractiva como una pieza clave para la transición energética global.

En la misma línea se expresó el subsecretario de Turismo de la Nación, quien sostuvo que la Ley de Glaciares, tal como está redactada, genera incertidumbre para proyectos turísticos e infraestructura en zonas de montaña. Según su exposición, la reforma permitiría “ordenar” el marco normativo y habilitar inversiones que podrían convivir con la protección ambiental.

Estas declaraciones despertaron fuertes cuestionamientos entre senadores opositores, que advirtieron que usar el turismo o el desarrollo productivo como argumento para flexibilizar la ley puede abrir la puerta a impactos acumulativos sobre ecosistemas frágiles y comprometer justamente el patrimonio natural que sostiene muchas economías regionales.

Las voces críticas y el rol de la ciencia

La agenda de hoy prevé exposiciones de referentes clave del ambientalismo y la ciencia. Entre los oradores confirmados se encuentra Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones que viene alertando sobre el carácter regresivo de la reforma.

También participarán representantes de la ONG Vida Silvestre y especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico de referencia en materia de glaciares. Desde estos espacios se espera que se refuercen las advertencias sobre los riesgos ambientales, hídricos y legales de modificar una ley de presupuestos mínimos sin estudios integrales y sin consenso social.

Además, expondrán gobernadores provinciales, que pondrán sobre la mesa los intereses productivos de sus distritos y la presión por habilitar proyectos extractivos en zonas cordilleranas.

Federalismo ambiental o competencia a la baja

Uno de los ejes centrales del proyecto es otorgar mayor protagonismo a las provincias en la definición de qué áreas quedan protegidas. Si bien el federalismo es un principio constitucional, especialistas advierten que esta reforma puede derivar en una fragmentación de criterios y en una competencia entre provincias para atraer inversiones reduciendo estándares ambientales.

El ambiente y el agua no reconocen límites administrativos: un glaciar afectado en una provincia impacta en cuencas que abastecen a regiones enteras. Por eso, la existencia de un marco nacional fuerte es clave para garantizar un piso mínimo de protección.

Debate exprés y dictamen en la mira

Otro de los puntos más controvertidos es el ritmo del tratamiento legislativo. Desde distintos bloques denunciaron que el oficialismo busca cerrar el debate en apenas dos jornadas de exposiciones. Durante la reunión quedó explicitado que la intención de la conducción de las comisiones es que el dictamen quede firmado hoy mismo, una vez finalizadas las presentaciones.

Este apuro fue duramente cuestionado por senadores que señalaron que se está avanzando sobre una de las leyes ambientales más importantes del país sin el tiempo necesario para un análisis profundo, con escasa participación ciudadana y científica.

Advertencias legales y posible judicialización

Durante el debate también se advirtió sobre una posible violación del principio de no regresión ambiental consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en el Acuerdo de Escazú. Legisladores opositores y organizaciones ambientales señalaron que cualquier retroceso en los niveles de protección podría derivar en una ola de judicializaciones si la reforma avanza.

Las críticas no se limitan al contenido, sino también a la forma: el tratamiento exprés es leído como una señal política clara de alineamiento con intereses extractivos, en un contexto de crisis climática que exige fortalecer, y no debilitar, las herramientas de protección ambiental.

Lo que está en juego

La discusión por la Ley de Glaciares excede lo técnico y lo jurídico. Define qué modelo de desarrollo se prioriza, cómo se gestionan los bienes comunes y qué lugar ocupa el derecho al agua en la agenda pública.

Para las generaciones jóvenes, que ya conviven con sequías, incendios y eventos extremos, este debate no es abstracto. Es una definición estructural sobre el futuro ambiental del país. Mientras el Senado se encamina a una posible firma de dictamen en tiempo récord, crece la preocupación social por el impacto que una reforma de este tipo puede tener sobre los glaciares, el agua y el derecho a un ambiente sano en Argentina.